Alrededor de las 11.30 comenzó en la Cámara de Senadores la interpelación al titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, por la situación de la seguridad pública. El miembro interpelante, el senador colorado Pedro Bordaberry, arrancó sus palabras deseando “felices Pascuas para todos”, y explicó que, para los creyentes como él, significa “el paso de la muerte a la vida”. “Esperemos que esta Pascua hoy acá sea el paso a una mejor seguridad en el país, señor ministro; eso es lo que pretendemos con esta interpelación: un intercambio con altura, información y que sobre todo les sirva a los uruguayos, al ministro y al Poder Ejecutivo para una mejor gestión”, expresó.
El senador realizó en primer lugar una descripción de la situación actual de la seguridad. En la pantalla mostró una estadística que consignaba la evolución de los homicidios por década, desde 1900 a 2020, y resaltó que “la década de 2010 a 2020 fue la peor en materia de seguridad en la historia de Uruguay”. Dijo que los homicidios siempre oscilaron “entre cuatro, cinco o seis” por cada 100.000 habitantes, pero de 2012 a 2018 “se dispararon”, llegando a 12 en ese último año y superando la barrera de los 400 homicidios en total. Si bien señaló que luego hubo una baja más pronunciada, apuntó que, “evidentemente, debe haber afectado la pandemia”.
“Si nos comparamos regionalmente, estamos muy mal, somos los peores de la clase. Uruguay está peor que Argentina, Chile y Paraguay. Pasamos de estar mejor a estar peor, y si eso lo vemos con Latinoamérica y el Caribe, estamos en una región donde nuestra tasa [de homicidios] es peor que la de [República] Dominicana y El Salvador”, subrayó.
Bordaberry dijo que “algo pasó en 2010, 2015 y 2018, algo que causó ese aumento de la inseguridad en Uruguay”, y subrayó que si se comparan ciudades, “todavía estamos mucho peor”, porque “Montevideo tiene más de 15 homicidios cada 100.000 habitantes, y Buenos Aires tiene 2,5, en especial a partir de la gestión de Mauricio Macri en la presidencia” (2015-2019), cuando la situación “mejoró muchísimo”. “Y estamos peor que Santiago, Asunción y Medellín. ¿Se acuerdan de cuando nos hablaban de Medellín? Y peor que Ciudad de México, solo superados por Río de Janeiro y sus favelas”, señaló.
El senador dijo que, si se miran las rapiñas, “pasa algo parecido” que con los homicidios. Con una gráfica al respecto, señaló que hasta 2005 hubo un incremento, “pero controlado”, y a partir de 2012 “empezó un crecimiento que llevó a que de 200 rapiñas denunciadas en 2005” (cada 100.000 habitantes) se llegaran a 852 en 2019. “Si miramos los hurtos, quizás la evolución no fue tan pronunciada, pero al final también pegamos el salto. Todo nos está indicando que algo pasó a fines de la década de 2010”, acotó.
2005-2020
Entonces, Bordaberry dijo que hay que preguntarse cómo se llegó a esta situación, y destacó que ese es el objeto de la interpelación: “No repetir los errores cometidos entre 2005 y 2020”, durante los tres períodos consecutivos de gobiernos del Frente Amplio (FA), “que llevaron los homicidios de 180 a más de 400 por año, los que multiplicaron las rapiñas por tres e hicieron crecer los hurtos como nunca en Uruguay, los que después de 15 años nos dejaron un país destrozado por la inseguridad, el narcotráfico, el odio y la violencia, que es lo que tenemos hoy”.
El legislador colorado dijo que hoy ve al ministro Negro “repitiendo algunos errores de sus antecesores” en la cartera, “compañeros de partido, José Díaz [2005-2007], Daisy Tourné [2007-2009] y Eduardo Bonomi [2010-2020]”. “Queremos evitar que vuelva a cometer los mismos errores”, acotó.
Bordaberry recordó que fue ministro de Turismo al final del período del presidente Jorge Batlle (entre 2003-2005), y dijo que en aquel entonces leyó una encuesta de 2003 sobre la “percepción de Uruguay como destino”, y lo que más valoraban los visitantes (40%) era “la seguridad pública”. Sostuvo que eso era cuando en los balnearios argentinos “se pasaban con líos de robos”, y en Uruguay, “orgullosamente”, decíamos “acá no pasa”. Acotó que en aquellos años “en el interior se podía dormir con la puerta abierta”.
El miembro interpelante subrayó que en 2005, cuando asumió por primera vez el FA el gobierno nacional, “fue un año bisagra en la política”, porque “todos” esperaban “un problema en el área económica”. Dijo que en ese momento pensaban “pa, ahora se viene la reforma agraria y la nacionalización de la banca”, pero “nada pasó”, porque “entendieron que habían fracasado aquellas políticas dirigistas, colectivistas y socialistas, que se habían aplicado en otros lugares y se mantuvieron las reglas”. Agregó que “se siguió el modelo capitalista, de mercado, con acentos en el gasto y en los recursos, pero no se cambiaron las reglas de juego en la económica”.
Enumerando errores
“Pero los cambios más profundos –no nos dimos cuenta– los estaban ensayando en la seguridad, y llegó una estrategia de izquierda de la seguridad: la ideología, la teoría sin comprobación empírica, los postulados casi que naíf o ingenuos primaron, vestidos de estudios académicos. Propusieron políticas que no se habían aplicado en ningún lado. Cuando asumieron el error, ya era tarde, el daño estaba hecho, y los efectos permanecen aún hoy, 20 años después”, sostuvo.
Bordaberry aseguró que el fundamento de esa estrategia era una visión “de izquierda de la seguridad”, en la que “el crimen es consecuencia de factores biológicos, psicológicos, económicos y sociales, es culpa de la sociedad, y no del individuo que delinque”. “Hay una tensión entre lo que la sociedad propone alcanzar y lo que la persona puede alcanzar. Resulta que eso justifica que se delinca, y eso es consecuencia de la sociedad capitalista, del cual el sistema de seguridad es un símbolo de opresión. Consecuencia: se contempla al que delinque, que es una víctima, y no al que sufre el delito, el ciudadano”, aseguró.
Así las cosas, Bordaberry subrayó que la interpelación “busca orientar al oficialismo para no repetir los errores cometidos”; no para discutir teorías, sino para decir “se fracasó, sean pragmáticos, no vayan más por ese camino”. Agregó que “el primer error que cometieron fue la política carcelaria”, y dijo que todos recuerdan que lo primero que hizo el gobierno del FA en 2005 fue “liberar 1.000 presos”, de los cuales el “55% reincidió al año”. Agregó que el objetivo de aquella política, según decían las autoridades del momento, “era generar un sistema penitenciario digno”, pero “si hay algo que ya nadie discute es que el sistema penitenciario de Uruguay no es digno; no lo lograron”.
Bordaberry dijo que otro error “a no repetir” fue el concepto de “sensación de inseguridad”, ya que “se inventó que no había inseguridad sino una sensación térmica”, y “se acusó a los medios de comunicación, periodistas y oposición de crear esa sensación”. “Estaba todo bien, y solo se había creado una falsa sensación: empezaron a hacer encuestas de opinión y decían que daban bien. No existía un empeoramiento de la seguridad pública, sino operaciones mediáticas”, recordó.
El miembro interpelante sostuvo que otro error “fue no percibir el problema del narcotráfico, que estaba creciendo en Uruguay en ese momento”, pero “para el FA, en el gobierno, todo estaba bien y era todo un tema político; Uruguay, a lo sumo, era un lugar de refugio de los narcos, el narcotráfico era una cosa lejana, de Colombia, México y Estados Unidos”.
Otro error, continuó Bordaberry, “y quizás de los más graves, fue culpar a la pobreza de la inseguridad, lo cual es una agresión hacia la gente pobre”. “Porque yo creo que la enorme mayoría de la gente pobre es honesta, y delinquen los que tienen y los que no tienen. Pero, además, había algo que rompía los ojos: había bajado la pobreza, había crecido el país y había aumentado el delito. Y en Argentina había aumentado la pobreza y había bajado el delito. La explicación sociológica de la pobreza, en la práctica, no funcionaba”, insistió.
Luego, en la presentación que se seguía desplegando en las pantallas del Senado mientras hablaba, Bordaberry criticó el nuevo Código del Proceso Penal (Ley 19.293), que se aprobó en el Parlamento a fines de 2014 y se empezó a implementar en noviembre de 2017. Sostuvo que tuvo una “puesta en funcionamiento apurada” y “se aceleró la implementación sin las condiciones dadas”. “Se creó un Código para una república fantástica, alejada de la realidad judicial uruguaya. Al constatarse falta de recursos, llegaron los acuerdos, los juicios abreviados y las instrucciones a los fiscales. No fue más garantista, el 97% se transformó en una transacción, en la que se pide una cantidad de años, se ofrece menos y no se va a juicio”, se podía leer en la presentación.
Lacalle Pou, Larrañaga y “el cambio”
“Pero, finalmente, llegó el cambio”, dijo Bordaberry, en referencia al gobierno del nacionalista Luis Lacalle Pou, que asumió el 1° de marzo de 2020. En ese momento, el senador mostró una gráfica de la evolución de las rapiñas, que bajaron de 815 (2020) a 435 (2025) cada 100.000 habitantes. “Mire cómo bajaron. Qué lindas son las gráficas cuando dan bien, ¿verdad?”, acotó Bordaberry, y subrayó que también bajaron los hurtos en ese período de gobierno de la coalición, de 3.365 (2020) a 2.796 (2025), también cada 100.000 habitantes.
Luego, en las diapositivas mostró una imagen de Jorge Larrañaga, quien fuera el ministro del Interior del gobierno de Lacalle Pou desde el 1° de marzo hasta su fallecimiento, el 22 de mayo de 2021. Bordaberry puntualizó que con el gobierno de coalición se cambió el modelo de seguridad que venía de los 15 años del FA.
“Se abandonó el modelo de izquierda tradicional, de culpar a otros y no al delincuente, de sostener que el delito es fruto de la pobreza y las cárceles y parte de un sistema de opresión. Se abandonó la teoría de académicos de izquierda, la falsa creencia, ahora con la comprobación de su fracaso luego de 15 años, de que la represión del delito, las condenas judiciales y la reclusión producían más delito”, sostuvo.
Bordaberry subrayó que “volvió a aplicarse el modelo anterior a 2005”, ese que, “pese a restricciones presupuestales, había colocado al país como el más seguro de la región, por encima de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y muchos más, el que permitía dormir con la puerta abierta”. “Se ejerció la autoridad y se puso en el centro de la actuación de la Policía la protección del ciudadano honesto”, finalizó.