En Bolivia continúan las protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que han derivado en violentos enfrentamientos con la Policía y se desarrollan en un contexto económico complejo del país. En ese marco, el gobierno uruguayo expresó su “preocupación” sobre la situación actual de Bolivia, así como “su firme compromiso con el respeto de la institucionalidad democrática, el orden constitucional establecido legítimamente en el país, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos”.
Los reclamos de diversos sectores bolivianos han confluido en un mismo pedido de renuncia del presidente Paz, quien asumió el gobierno hace apenas seis meses. A través de un comunicado, la cancillería sostuvo que Uruguay “alienta al gobierno y a todos los actores políticos y sociales a resolver sus diferencias de manera pacífica, generando sólidos mecanismos de diálogo y cooperación, con el objetivo de promover soluciones consensuadas que contribuyan a superar las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país y preservar la paz social”.
Reafirmó, además, que Uruguay “continuará brindando su apoyo” a Bolivia, tanto a nivel bilateral como “a través de un rol constructivo en el marco de los distintos foros regionales” que comparten, como el Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que Uruguay preside actualmente.
Por su parte, en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador uruguayo Edison Lanza expresó la solidaridad del gobierno “con las autoridades bolivianas legítimamente electas y con el pueblo boliviano, en consonancia con los propósitos y principios de la carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana”. Recordó que el 19 de octubre de 2025 “el pueblo boliviano se expresó democráticamente, eligiendo de manera legítima el actual gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia”. Asimismo, señaló que la misión de observación electoral de la OEA en ese país “constató que dichos comicios se desarrollaron con normalidad, transparencia y pleno respeto a la voluntad soberana del pueblo boliviano”.
Por lo anterior, Lanza hizo un llamado “a todos los actores a respetar la voluntad popular como pilar esencial para la convivencia pacífica y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Bolivia”. Sostuvo que si bien “la protesta pacífica es un derecho de las personas y el Estado está llamado a respetarlo y garantizarlo”, el ejercicio del derecho a la protesta “debe ser compatible con la situación del resto de la población y con la preservación del orden democrático”.
PIT-CNT: “El único camino viable para recuperar la paz es la instalación urgente de una mesa de negociación”
Este martes, por su parte, el PIT-CNT también expresó “su profunda preocupación” por la crisis que atraviesa Bolivia “y la escalada de violencia que viene aplicando el gobierno encabezado por Rodrigo Paz”.
La central sindical transmitió su apoyo a la Central Obrera Boliviana y a los movimientos sociales, campesinos e indígenas originarios, “que se encuentran movilizados en legítima defensa de sus derechos” y ante “la imposición de un paquete de medidas de privatización y empobrecimiento social”.
“La eliminación de programas y subsidios sociales, el desmantelamiento de los derechos laborales, así como la mercantilización de la tierra y la entrega de recursos estratégicos a transnacionales, atentan directamente contra la soberanía y la calidad de vida de las mayorías sociales”, señaló el PIT-CNT, que condenó “enérgicamente la persecución de dirigentes sociales que encabezan la heroica lucha popular y la militarización del conflicto interno”.
“El despliegue de las Fuerzas Armadas y el uso de la represión para contener el legítimo descontento popular violentan las garantías constitucionales, los pactos internacionales sobre derechos civiles y alejan deliberadamente toda posibilidad de entendimiento”, agregó. La central consideró que “el único camino viable para recuperar la paz es la instalación urgente de una mesa de negociación, transparente y sin exclusiones, tomando como base el pliego de 100 demandas presentado por los trabajadores y cesando toda criminalización de la protesta”.