Desde su creación, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha gestionado sus programas en base a convenios con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en la atención a los refugios para personas en situación de calle y en los centros de atención a las víctimas de violencia de género. Los convenios se incrementan período a período, según dijo en el Parlamento el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, en ocasión de la presentación del presupuesto quinquenal. Civila dijo a la diaria que actualmente el ministerio está gestionando cerca de 500 convenios con aproximadamente 100 organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas es la Fundación Crear, que comenzó a gestionar centros para personas con discapacidad y para mujeres víctimas de violencia doméstica durante el período de gobierno pasado.

La fundación gestionó en su momento los dispositivos que conforman la Red de Servicios por una Vida Libre de Violencia de Género en el departamento de Rocha y un centro de discapacidad en el barrio de Maroñas. Hoy se encuentra gestionando la casa de breve estadía para mujeres en situación de violencia doméstica con riesgo de vida y menores a cargo, ubicada en Montevideo, que atiende a cerca de 30 mujeres.

Desde que ganó el llamado a compra directa para hacerse cargo del centro, en 2023, la fundación fue cuestionada a nivel sindical y también por la organización que perdió el llamado, la asociación civil Por la Integración (PLAI), que desde 2012 gestionaba ese mismo centro. En ese momento, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), que nuclea a los tercerizados del Mides, denunció que la Fundación Crear no tenía experiencia en el tema y afirmó que existieron “gravísimas irregularidades” en el llamado. Denunció, por ejemplo, que se le habían otorgado ocho puntos a la Fundación Crear “en un ítem que pondera con puntaje a partir de los dos años de experiencia, cuando dicha fundación no tiene aún dos años de creada”. “Considerando que el puntaje final favorece a la Fundación Crear con solo cuatro puntos por encima de PLAI, únicamente con la corrección de ese ítem tan evidente, obtendría la adjudicación PLAI”, denunciaron los trabajadores.

“¿Por qué camino se puede llegar a evaluar que una organización sin experiencia en este tipo de proyectos, creada en 2021, se encuentre más capacitada? ¿Será que la afinidad político-partidaria existente entre los integrantes de Fundación Crear y las autoridades del gobierno juegan algún papel en estas irregularidades?”, se preguntó el sindicato en el comunicado.

El presidente de la Fundación Crear, Andrés Saavedra, dijo a la diaria que participaron en el llamado “como cualquier hijo de vecino” y que ganaron “muy bien”. Afirmó que el punto de la antigüedad que se objeta a Crear no lo recuerda “específicamente”, pero enfatizó que “por supuesto que cumplimos con todos los puntos del pliego”. Agregó que PLAI, por su parte, debió haber sido descalificada porque no presentó la distribución salarial por perfil y porque su proyecto preveía una estadía de las mujeres de 90 días, cuando según los protocolos no puede ser mayor a 30. Por lo tanto, se atentaba “contra lo medular, la seguridad”, y era “un motivo de descalificación”, afirmó Saavedra.

El presidente de Crear rechazó los cuestionamientos que se hicieron a la fundación tras la adjudicación. “Que dejamos 30 trabajadores en la calle, que somos amigos del gobierno. Mirá, yo soy blanco e hincha de Nacional y de Aguada. Nunca en mi vida le pregunté a nadie acá qué vota. Entonces, han hecho un tema… Pará, ¿no puedo ser blanco? ¿Estamos en la dictadura, dónde estamos? Esto es una cosa demencial”, expresó. “Cada vez que ganás, te acomodaste, y a nadie le importa analizar la realidad”, añadió.

Las autoridades del Mides del período anterior declararon en su momento a la diaria que PLAI tenía “antecedentes negativos” y que esto le restó puntos, y que el llamado se efectuó con “la máxima transparencia”.

Ahora, las críticas han escalado a aspectos que implicarían la vulneración de los derechos humanos de las usuarias y trabajadores de la casa de breve estadía. La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) tiene a estudio desde mediados de abril una denuncia presentada por Carolina Martirena, excoordinadora de la casa de breve estadía, por “ejercicio de violencia institucional y trato inhumano, cruel y degradante por parte de la Fundación Crear”.

Martirena trabajó en el centro ocho días, tras lo cual fue despedida, según alega, “de forma injustificada, encontrándome bajo certificación médica”. Pero la denuncia ante la INDDHH no se limita a aspectos laborales, sino que enumera lo que califica como una serie de irregularidades que sucedieron en el centro antes de su llegada. Su relato coincide con el de trabajadores y extrabajadores del centro consultados por la diaria, que prefirieron mantener en reserva su identidad.

La excoordinadora del centro reclama, en su denuncia, “la apertura de una investigación exhaustiva, independiente y urgente que permita esclarecer las responsabilidades institucionales, administrativas y eventualmente penales que pudieran corresponder”, así como “revisar integralmente” la “idoneidad” de la fundación “para la gestión de un dispositivo de estas características”.

Denuncias relativas a niños que viven en el centro

Este año, sucedieron en la casa de breve estadía dos hechos que fueron incluidos por Martirena en su denuncia ante la INDDHH y que fueron referidos por los trabajadores consultados por la diaria. Además, fuentes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) confirmaron a este medio que están al tanto de las dos situaciones.

El 19 de marzo, un niño de 5 años fue asistido tras recibir, el día anterior, lo que denunció como una descarga eléctrica por parte de una educadora del centro, que a los pocos días del episodio fue desvinculada. El niño fue atendido en el hospital Pereira Rossell, donde estuvo durante seis horas.

En el informe elaborado por la psicóloga infantil del centro y fechado el 24 de marzo, al que accedió la diaria, se consigna el relato del niño: “Yo subí a avisarle a la educadora que estaba pronta la merienda y ella me dijo que me acercara para escucharme el corazón. Después me puso en la espalda un coso negro que me dio corriente”. La psicóloga señala que el niño presenta “indicadores de angustia, mostrando afectación emocional acorde al contenido relatado, así como una clara necesidad de comunicar lo sucedido”. “El relato remite a una posible situación de vulneración de derechos, la cual requiere ser abordada desde un enfoque de protección integral”, indica la profesional.

El 20 de marzo, el equipo técnico de la casa le informa mediante un correo electrónico a la supervisora de Inmujeres Fabiana Santos lo ocurrido con el niño. En ese correo consignan los relatos de las educadoras, quienes sostienen que el niño tocó un cable que le dio electricidad, el relato del niño, y también el informe médico, al que accedió la diaria, que no constató lesiones en la piel.

En un correo enviado a la supervisora de Inmujeres, el referente institucional de la fundación, Emanuel Morais, señaló que lo denunciado “carece de sustento y de elementos probatorios que respalden lo señalado”, al tiempo que remarca que la situación planteada “fue abordada institucionalmente desde el primer momento”.

Andrea Cabral, una de las fundadoras de Crear, dijo a la diaria que “la descarga eléctrica no se dio porque no está constatada en el parte médico”, y sostuvo que el cable en cuestión “es un cable a tierra, o sea, no tiene corriente”. Saavedra, por su parte, afirmó que se hizo una investigación interna, que hubo intervención médica y que “en ningún momento” se pudo determinar que se le hubiera aplicado una descarga eléctrica al niño, de lo contrario, “te podés imaginar que le hago la denuncia penal y la persigo hasta abajo de la tierra (a la educadora)”.

El segundo caso involucró a un bebé de 7 meses que presentó intoxicación con benzodiacepinas (medicamentos tranquilizantes). El caso fue denunciado en febrero por el equipo técnico al Juzgado de Familia. La fundación reconoce que este episodio sucedió y señala que derivó en la institucionalización del niño en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Para Martirena, en la denuncia que presentó ante la INDDHH, “la ocurrencia de un episodio de esta naturaleza dentro de un dispositivo cuya función central es garantizar la seguridad e integridad de los niños pone en cuestión los estándares de supervisión, control y responsabilidad institucional, reflejando una incapacidad estructural para resguardar adecuadamente a las víctimas más indefensas”.

Saavedra apuntó que al bebé se le detectó la misma medicación que tomaba su madre. “Según lo que nosotros pudimos determinar, la mujer le daba de su medicación al niño, porque, además, en el Pereira, donde la atendieron, había antecedentes con ese mismo niño. Nosotros hicimos la investigación y pedimos la intervención. Aparte, nos faltaba medicamento, o sea, el que (la madre) tomaba”, señaló. Afirmó que se pidió “inmediatamente” la intervención del INAU. “Te podés imaginar que yo no voy a estar amparando ese tipo de cosas”, remarcó.

Martirena cuestiona en su denuncia ante la INDDHH que ninguno de los dos casos recibió “el tratamiento administrativo y jurídico pertinente, en tanto delitos que atentan contra la integridad física y psicológica de las mujeres y niños/as custodiados por el Estado y la organización conveniante”. En particular, denuncia que Inmujeres solicitó mayor información sobre el hecho, pero no pidió realizar la denuncia correspondiente, que sería “lo esperable en este tipo de hechos”.

Denuncias sobre falta de recursos básicos

En una reunión que mantuvieron el 6 de abril dos excoordinadores y cinco trabajadores del centro con las autoridades de Inmujeres, denunciaron la falta de recursos básicos para el trabajo. Entre otras carencias, mencionaron la falta de alimentos básicos, incluyendo pan; carencia de productos de higiene e indumentaria; falta de insumos básicos de papelería para el trabajo; falta de fondos en la tarjeta prepaga; problemas crónicos en la infraestructura eléctrica; falta de juguetes y llegada a destiempo de los materiales educativos para los niños y niñas, que deben cursar virtualmente la escuela porque no pueden salir del centro por razones de seguridad. Los trabajadores consultados por la diaria afirman que los niños no tienen prácticamente acceso a ningún tipo de recreación que no sea mirar televisión, porque no hay materiales recreativos.

Los trabajadores incluso tuvieron que poner varias veces dinero de su bolsillo para pagar insumos básicos, por ejemplo, papel higiénico, según dijeron a este medio.

En la denuncia presentada ante la INDDHH, Martirena menciona la “omisión de respuesta por parte del referente institucional ante situaciones críticas”, como “falta de agua y gestión de fondos en tarjeta prepaga para llamar a sanitario”.

Consultada al respecto por este medio, Cabral, de Crear, cuestionó que muchas veces los trabajadores “esperan hasta último minuto para decir que no tienen papel higiénico”, y las compras requieren un procedimiento que no es inmediato. “Yo no estoy en la casa, no voy, a no ser por algo muy puntual. Es una casa de seguridad. Entonces, no voy a ver todos los días si hay papel higiénico”, explicó.

Cabral afirmó que la fundación rinde cuentas cada dos meses de sus gastos y remarcó que nunca han tenido objeciones al respecto. Acotó que, para hacer compras, siempre tienen que pedirle a la supervisión tres presupuestos y esperar su aceptación; de lo contrario, “la boleta se tira para atrás”.

En la misma línea, fuentes de Inmujeres dijeron a la diaria que “el Estado nunca libera pagos de convenios si no hay una rendición de cuentas validada”, y en el caso de la Fundación Crear, en particular, indicaron que no se ha registrado nada “sustancial” que se aparte de lo habitual en materia de rendición de cuentas.

El trato de los referentes de la fundación con los trabajadores

Los trabajadores y extrabajadores consultados por este medio coinciden en calificar de “violento” y con características de “acoso” el trato de los referentes de la fundación con ellos. Las fuentes consultadas relatan que los amenazan con despedirlos si le comentan a Inmujeres sobre las situaciones que suceden en el centro. En su denuncia ante la INDDHH, Martirena sostiene que presenció en la semana que estuvo trabajando “una práctica sistemática de violencia institucional de extrema gravedad” y situaciones de “acoso laboral dirigidas al equipo técnico, con el fin de silenciarlos/as a través de amenazas de despido, violencia física, pérdida de estabilidad laboral e incluso la posible interposición de denuncias por parte de la fundación”.

Martirena incluso presentó una denuncia policial por violencia contra Saavedra, y el Juzgado de Familia especializado en Violencia Doméstica dispuso el 3 de abril que el “denunciado evite todo tipo de contacto” con la excoordinadora del centro.

“Todo el tono es muy violento, de acoso”, sostuvo una trabajadora actual del centro, que prefirió mantener en reserva su identidad. Un extrabajador consultado por este medio relató que en las reuniones “había golpes en la mesa, hablando alto, amenazas todo el tiempo: ‘Si pasa algo vos vas a ser el culpable’”. Comentó que también le decían: “Los trapitos sucios los lavamos en casa; que sea la última vez que hablaste con Inmujeres de este tipo de cosas”.

En menos de un año, el centro tuvo cuatro coordinadores, que se fueron tras pocas semanas o meses de gestión, y varios trabajadores debieron certificarse por motivos de salud mental. En la reunión que mantuvieron los trabajadores con las autoridades de Inmujeres el 6 de abril, denunciaron que esta alta rotación se debía a situaciones de violencia por parte del presidente de la fundación y a la falta de condiciones laborales mínimas en el centro.

El Sutiga realizó denuncias similares en una sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado el 16 de abril.

Nadia dos Santos, secretaria general del sindicato, aseguró, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, que en el caso de algunas organizaciones ha habido “una fuerte persecución sindical” y los trabajadores han recibido “amenazas solapadas”. La persecución sindical, complementó el secretario de Tercerizaciones, Diego Andrada, “es moneda corriente en el sector, sobre todo –y esto es importante–, cuando un compañero denuncia manejos irregulares de una organización de la sociedad civil”. “Hay compañeros que denuncian violaciones a los derechos humanos básicas en refugios o en dispositivos de violencia basada en género”, añadió.

Andrada agregó que algunos centros “se caen a pedazos” y esto muchas veces “tiene que ver con no utilizar los fondos para que esos lugares sean habitables”. “Cuando los compañeros denuncian estas situaciones, las organizaciones de la sociedad civil se encargan de perseguirlos para que no sigan denunciando”, afirmó Andrada.

“En lugares donde hay mujeres y niños, si los compañeros dicen que hay un enchufe con cables que no se arregla, se les responde que, si se afilian o si denuncian eso, la ONG se queda sin proyecto. Lo único que les importa a ciertas ONG es el dinero, y nada más. Tenemos documentados con fotos lugares que literalmente son la casita del terror. Tenemos una denuncia muy grave en un centro de breve estadía”, continuó el referente sindical.

Si bien en ese caso Andrada no mencionó directamente a la Fundación Crear, sí lo hizo cuando se refirió a una situación de presunta persecución sindical: “La semana pasada reincorporamos a cinco trabajadoras; como se afiliaron, el dueño de la ONG las citó en un bar –una compañera lo grabó– y les dijo que si se afiliaban y armaban relajo las despedía a todas. Se trata de la Fundación Crear”, aseguró. Y sobre el presidente de la fundación, Saavedra, dijo que en una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tuvieron que pedir “un cuarto intermedio por la agresividad del señor”.

Además, según supo la diaria, el Sutiga en su momento transmitió estas denuncias de persecución sindical y malos tratos contra trabajadores en el centro de discapacidad de Maroñas a la Dirección de Discapacidad del Mides, y la semana pasada se reunieron por la situación de la casa de breve estadía con la Dirección General de Secretaría del Mides.

En la reunión que mantuvieron con Inmujeres el 6 de abril, los excoordinadores y trabajadores de la casa de breve estadía denunciaron el ejercicio de violencia laboral y de género por parte de Saavedra, incluyendo presuntas situaciones de acoso laboral y violencia psicológica, que habrían determinado que varios trabajadores se certifiquen por salud mental.

Sobre las denuncias de violencia, Saavedra afirma que no tiene “prácticamente trato” con los técnicos y que las quejas en general empiezan “cuando vos empezás a ponerte más firme o a pedir más informes o más cosas”. Sobre los cambios frecuentes en la coordinación, valoró que “es una de las fortalezas que tiene la institución, que no se compromete con nadie”.

La supervisión por parte del Mides

El 16 de abril, cuando asistió a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, Carlos Moreira, integrante de la Comisión Directiva del sindicato del Mides (Utmides), cuestionó que es “insostenible” que el Mides esté manejando tantos convenios. “El Mides no puede sostener esto con la cantidad de recursos humanos que tiene. Además, es imposible poder controlar 500 convenios con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el rol de supervisión del Estado de si un convenio se está llevando bien tampoco se está pudiendo hacer”, denunció.

En particular, consideró que los servicios de violencia basada en género “no pueden seguir tercerizados”. “¿Qué es lo que terminan haciendo las organizaciones de la sociedad civil? Dando un servicio de mínima para cumplir con lo que establece el convenio y no tienen una organización que los controle, es decir, no tienen al Estado controlándolas al respecto, y eso es un problema grave”, cuestionó.

A la misma sesión de la comisión asistieron las autoridades del Mides, que se refirieron a los controles del Estado sobre estas situaciones. El subsecretario de la cartera, Federico Graña, indicó que “sí se podría mejorar en el control de la calidad de las políticas que desarrollan las organizaciones sociales”. Civila, en tanto, dijo que apuestan a una “evaluación compartida de la política social, lo que no implica que el Estado no ejerza los controles específicos que tiene que hacer”. Aseguró que frente a las denuncias han “actuado, se ha convocado a las organizaciones, se les ha hecho planteos”, y se han “dado de baja convenios por denuncias que surgieron de los trabajadores”. “A esta altura hemos dado de baja cinco o seis convenios con organizaciones de la sociedad civil por denuncias que, en algunos casos, tenían relación con persecución sindical”, aseguró Civila.

Por otro lado, remarcó que todos los convenios están supervisados. “Sin duda que estos controles y supervisiones deben mejorar, y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando”, reconoció. También confirmó que hay problemas con las condiciones edilicias de algunos centros, aunque “no es una situación general”.

Consultada en particular por la diaria sobre la denuncia contra la Fundación Crear, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, declinó hacer declaraciones y se limitó a señalar que se están “ocupando del tema”.

Inmujeres le extendió el convenio a la fundación en 2025, y los trabajadores consultados por la diaria señalan que ya en ese momento el organismo estaba al tanto de las denuncias de irregularidades. “Nosotros lo que siempre nos cuestionamos es por qué Inmujeres nunca tomó iniciativa en nada”, cuestionó un extrabajador consultado por este medio.

Excoordinadores del centro consultados por la diaria aseguran que durante el período de gobierno anterior, y también durante el actual, las supervisoras de Inmujeres presentaron varios informes a las autoridades de la institución detallando las situaciones irregulares que encontraron en el centro, entre otras, lo hizo la actual supervisora, Fabiana Santos. la diaria intentó contactarse con Santos, sin éxito.

Fuentes de Inmujeres dijeron a la diaria que con las organizaciones en general hay “un ida y vuelta permanente” y que la institución tuvo “instancias” con las autoridades de la fundación en las que les hicieron saber “planteos de necesidad de rectificar”. Señalaron que las situaciones tratadas tienen que ver, en general, con la “implementación de los protocolos con que esos dispositivos funcionan”, por ejemplo, con “información que no se procesa adecuadamente o en los tiempos requeridos por la administración”, o con “ese cuidado que hay que tener con las personas que se acercan a los servicios, que están en general en situaciones de extrema vulnerabilidad”.

Según supo la diaria, Inmujeres está investigando las diversas denuncias que llegaron sobre la fundación. Desde el gobierno alegan que “los servicios hay que brindarlos”, que las organizaciones “no hacen cola” para prestarlos, que “si se te presenta alguien que entra dentro de los términos de referencia se lo tenés que otorgar”, y que por las propias características de los servicios “no es posible decir de un día para el otro ‘ah, pero hay un cúmulo de irregularidades…’. ¿Y, qué hacés? Desde todo punto de vista es una situación extremadamente compleja”, alegaron las fuentes consultadas por este medio.

Desde la fundación sostienen que no recibieron ningún informe por escrito en el que consten objeciones a su trabajo. Saavedra aseguró a la diaria que “nunca jamás” recibieron de Inmujeres un informe por escrito con observaciones: “Y que lo muestren si no. Porque, si me hicieron observaciones, yo quiero ver dónde están”. Agregó que, si fuera cierto todo lo que se dice, Inmujeres tendría que “sacar a todas las supervisoras, porque ¿qué estuvieron supervisando durante tres años?”. Cabral dijo a este medio que, si la supervisión de Inmujeres “en algún momento le hizo alguna observación al equipo técnico”, “en eso la fundación no interviene”.

Tanto Saavedra como Cabral sí mencionaron la situación de un trabajador que fue desvinculado del centro a pedido de Inmujeres porque acompañó a una mujer a un centro de salud y no mantuvo la cercanía que se requiere por motivos de seguridad, aunque los trabajadores denuncian que la dejó en el centro y se fue a comer a McDonald’s. Los referentes de la fundación sostienen que hay “versiones encontradas” sobre el punto y que, pese a que no pudo probarse la denuncia contra él, lo sacaron de su cargo. Saavedra también mencionó que desplazó de su cargo a una coordinadora del centro porque “los chicos tomaban la leche sin cocoa hacía diez días” y esa situación no había sido notificada a las autoridades de la fundación.

Cabral aseguró que “Inmujeres debería hacer informes periódicos, porque está en el contrato, pero nunca nos mandó” uno.

El convenio de la Fundación Crear vence en mayo, y el Estado ya tiene previsto lanzar una licitación para la gestión de la casa de breve estadía. Mientras tanto, Xavier dijo a este medio que “la supervisión durante todos estos días” en el centro “no ha registrado ninguna situación anómala” y se limitó a acotar que “los procedimientos siguen su curso”.