El martes, delegaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), encabezadas por el subsecretario Martín Vallcorba y el ministro Gonzalo Civila, respectivamente, comparecieron ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados para informar sobre la implementación de la ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia (20.376). La norma fue aprobada en setiembre de 2024 a impulso de la entonces diputada del Frente Amplio y actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y reglamentada por el actual gobierno a fines del año pasado.
En ese marco, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, la gerenta del programa Uruguay Crece Contigo del Mides, Virginia Cardozo, se refirió a la Comisión Especial de Atención Transitoria que creó la ley, cuyo cometido es atender “situaciones que no estén siendo cubiertas”. Esta comisión está integrada por el Mides, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Salud Pública, y trabaja de forma articulada con la Unidad de Coordinación Presupuestal del MEF.
Una de las novedades de este ámbito es que “incorpora la posibilidad de que una comisión especial intervenga en situaciones de atención transitoria cuando, ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, existan acciones necesarias hacia un niño, niña o adolescente que, aun estando previstas institucionalmente, no estén siendo efectivamente cubiertas”, señaló Cardozo, y resaltó que, en este punto, “aparece un concepto clave” que es “la gestión de casos”.
La jerarca adelantó que, en esa órbita, se está diseñando un mecanismo para gestionar casos ante situaciones de vulneración de derechos, de niños, niñas y adolescentes. “El gran desafío del Estado no es solamente reconocer derechos, sino lograr que estos efectivamente lleguen, en tiempo y forma, a cada niño, niña y adolescente en concreto, porque las vulneraciones no ocurren –y eso lo sabemos todos y todas– en compartimentos separados”, apuntó.
Cardozo señaló que, ante trayectorias “atravesadas simultáneamente por la pobreza, la desvinculación educativa, la violencia basada en género, el consumo problemático en el hogar, problemas de salud mental, problemas vinculados a la vivienda o déficits de cuidado”, el Estado “responde de manera fragmentada”. “Una institución interviene sobre salud; otra sobre educación; otra sobre alimentación, y otra sobre protección, pero no siempre existe alguien responsable de mirar la situación de forma integral y asegurar que las distintas respuestas efectivamente ocurran y se articulen entre sí”, añadió.
La jerarca señaló que “muchas veces las familias recorren distintas instituciones sin lograr respuestas integrales y obteniendo respuestas parciales”. “Hay casos en que todos los organismos intervinieron, pero de todas formas continúa existiendo vulneración de derechos. Esto ocurre porque tener múltiples intervenciones no necesariamente implica una estrategia común”, subrayó.
Asimismo, Cardozo destacó la gestión de los casos dentro de una metodología de trabajo interinstitucional que permita “identificar situaciones de especial vulnerabilidad, evaluar riesgos y necesidades, diseñar un plan de intervención integral, coordinar servicios, hacer seguimiento y monitorear resultados hasta que la situación de vulneración disminuya o cese”.
Según explicó en la comisión, dicha gestión implica que haya “una referencia clara para cada situación crítica”, esto es, realizar un diagnóstico compartido entre las instituciones intervinientes, definir responsabilidades concretas, establecer plazos, monitorear el cumplimiento y generar alertas cuando la respuesta no llega. “Esto implica evitar que las familias deban volver a explicar, una y otra vez, su situación frente a cada institución a la que asisten”, remarcó.
En ese sentido, Cardozo recalcó que “no se trata solamente de derivar personas entre oficinas”, ni de “crear más burocracia”, sino de “construir una respuesta organizada, continua y centrada en la trayectoria vital de cada niño, niña o adolescente”. “Las directrices internacionales para la gestión de casos y protección de la infancia señalan que la gestión de casos es un proceso colaborativo mediante el cual se evalúan necesidades, se planifican respuestas, se coordinan servicios y se realiza el seguimiento para garantizar protección y bienestar”, agregó.
Para Cardozo, la Comisión Especial de Atención Transitoria prevista en la Ley 20.376 y el desarrollo del mecanismo “representan una oportunidad para avanzar hacia un sistema de protección más articulado, más oportuno y más centrado en las necesidades reales de niños, niñas y adolescentes, y pueden contribuir a evitar que queden atrapados en vacíos institucionales”.
“La idea es que, con este mecanismo, el Estado llegue antes, con respuestas más eficaces, y que, de alguna forma, fortalezcamos la capacidad de garantizar derechos. Buscamos que la articulación a través de este mecanismo genere respuestas concretas, reales y en el tiempo oportuno”, concluyó.