Walter Pernas es periodista de profesión e integrante del equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) que amplió en ocho nuevos casos la lista de uruguayos detenidos desaparecidos y elevó la cifra total de 197 a 205 personas. Tres de los nuevos casos están activos y cinco se consideran aclarados. Los activos corresponden a Luis Eduardo Bergés García, Aldeber Elgart y Antonio Cosimo Vulcano Díaz, los dos primeros desaparecidos en Argentina y el último en Colombia.
“No hay que apegarse tanto a un número, porque ese número es muy dinámico y te digo que próximamente va a cambiar”, sostuvo en diálogo con la diaria Radio. Aunque desconoce el número real, Pernas dijo que el hecho de que la lista crecerá los “inquieta”, pero saben “que va a ser así”; además, indicó que el trabajo quizá “exceda” a los integrantes actuales: “Ojalá quede todo como para que el que venga luego y siga buscando pueda, en algún momento, encontrarlos a todos y todas”.
Pernas explicó que hay diversas líneas de investigación y, mientras que “algunas pueden llegar a ser por nombres” de personas particulares por hechos particulares, varias “pueden ser por grupo”: “En el caso de Argentina tenés el caso de los GAU [Grupos de Acción Unificadora], que estuvieron en el pozo de Banfield, en el pozo de Quilmes, y desaparecieron todos juntos, de acuerdo con los testimonios”. Por otro lado, también se trabaja por lugares y próximamente [los antropólogos] ingresarán al Cementerio del Norte porque se determinó que “hay un sector para excavar”, algo que también se hará en otros predios, al margen de los que actualmente están siendo excavados: los batallones 13 y 14.
“Estaría bien” que Orsi diera la orden a las FFAA para aportar información
Desde el colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos entienden que la orden del presidente Yamandú Orsi a las Fuerzas Armadas para que aporten información es una decisión que “no puede tener más dilaciones”. Consultado sobre por qué no se hace, evitó posicionamientos, expresó su apoyo al colectivo e indicó que “las circunstancias por las que el presidente no da el paso no han sido explicitadas” y “sabrá por qué no lo está haciendo”.
“Hubo una orden –yo no sé si Familiares la considera o no como tal, pero en la época de Tabaré Vázquez la hubo–, de ahí se desencadenaron aquellos informes grandes que tenemos y algún avance hubo. Ahí apareció Ubagésner Chaves Sosa y pasamos por la penosa situación de que alguien señaló un punto donde supuestamente estaba María Claudia [García] y no estaba”, reconstruyó.
Con ese episodio como antecedente, “estaría bien” que el presidente diera la orden, pero debería tomar “ciertos recaudos” y los “cuidados pertinentes” para “no perder más tiempo”: “¿Qué pasa si mañana aparecen señalándote seis puntos –uno en Artigas, otro en Rocha, otro en Paysandú– y encomendás equipos de investigación a donde no va a haber nada porque son mentiras flagrantes?”, se preguntó.
Además, sobre el vínculo actual entre la INDDHH y las Fuerzas Armadas, puntualizó que hay integrantes “de otra camada” colaborando activamente, pero “no son todos”, y “siempre se habla de la búsqueda de reconciliación, pero no se hace nada”, y apuntó que “simplemente decirlo” no es suficiente. “Esperemos que se abran puertas, sea con la orden del presidente, sea con los convenios o sea por el respeto que le tenga que merecer a la INDDHH”, finalizó.
Aunque los militares no declaren, “se ha podido avanzar y se va a poder seguir avanzando”
“Los casos que tenemos que perseguir hoy los vamos a perseguir con mayor aporte de documentación, con la coordinación que hacemos las organizaciones que trabajamos en estos temas –con Colombia hay coordinación, ni hablar que en Argentina estamos presentes, y con los demás países también–, y se está intentando una cooperación por intermedio de la cancillería para conseguir documentación”, condensó. A veces las familias “aportan algunos datos que el Estado no tiene, aunque parezca mentira a esta altura”.
En el trabajo con fuentes humanas, sin embargo, señaló que los involucrados se “están muriendo” y eso representa una “carrera contra el tiempo”. Reiteró una explicación que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, “repite cada vez que puede”: no perseguirá a “aquellos que colaboraron, hicieron el pozo, llevaron una bolsa, o que vieron”, por lo que “pueden hablar”.
“No hizo carne. No llegaron esos que llevaron bolsas o hicieron los pozos. No están llegando”, sostuvo Pernas. Agregó que, en función de que no recibieron “datos de los grandes represores de este país”, desconoce “si existe o no un pacto de silencio”, pero “tácitamente existe porque no han hablado”. Sin embargo, no es la única vía, y a pesar de que sería “lo ideal” que los militares presos aportaran sus testimonios en el marco de una obligación “ética y moral”, aunque “no lo digan, se ha podido avanzar y se va a poder seguir avanzando”.
Por último, consideró que la “muestra más fehaciente” de que la sociedad uruguaya quiere llegar a la verdad es la “enorme, y creciente año a año, Marcha del Silencio”. En contraposición, valoró que los discursos negacionistas o que apuntan a que personas consideradas desaparecidas viven en el exterior pretenden “desacreditar el trabajo”, pero “no logran desestabilizar a nadie”, sino que representan “juegos de redes sociales y nada más que eso”.
“Lo que ha pasado, pero no creo que sea por influjo de esos comentarios en las redes sociales, es que cada tanto tenemos que encontrarnos con personas que llegan con información que de pronto no es real y medís allí cierta intencionalidad”, acotó. Opinó que estas personas intentan “distraer” el trabajo y contó que “pocos días o semanas” antes de que aparecieran restos en el Batallón 14 se recibieron este tipo de testimonios.
El trabajo hacia la nueva lista
Pernas explicó que la Ley 19.822 encomendó a la INDDHH a investigar las desapariciones forzadas en dos períodos que van desde el 13 de junio de 1968 hasta el 28 de febrero de 1985. En ese marco, fue en 2020 cuando Mariana Mota –hoy presidenta de la institución, en ese entonces directora– y Wilder Tayler decidieron conformar un equipo que se encargara de las investigaciones previas a las excavaciones: “Hay un área de búsqueda dentro de la INDDHH, conformada por dos equipos, uno de antropólogos y uno de investigadores, que trabajan en forma coordinada”, dijo.
Una parte del equipo se encuentra en Argentina, donde está previsto que se expanda incorporando a una experta en archivos. Pernas dijo que “la mayor porción de desaparecidos uruguayos han sido desaparecidos en Argentina” o, por lo menos, el “último rastro” remite al país vecino, situación que se aplica a 129 casos activos y unas 30 denuncias que siguen en análisis de la nueva lista, en su mayoría en “Capital Federal y la provincia de Buenos Aires”.
El informe menciona 326 denuncias. El entrevistado indicó que cuando sobrevino la democracia “comenzaron a llegar denuncias al Poder Legislativo y al poder político en general”, a las que posteriormente se sumaron las recibidas por “todas las instancias que el Estado fue creando”, además de aquellas que se canalizaron a través del colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. “Ahora todas se van encauzando hacia la INDDHH”, pero la gente “denuncia donde puede” y el equipo de investigación se encargó de recopilarlas, dijo.
Sin embargo, la lista tiene fecha de cierre en abril. Para ejemplificar lo dinámico del listado, señaló que ayer tomó un nuevo testimonio, además de que sus compañeros “habrán tomado otras”. “Esas 326 denuncias fueron evaluadas y algunas vueltas a evaluar; casos que la Comisión para la Paz había descartado fueron reconsiderados, y algunos confirmados en el descarte, pero otros no, y fueron tomados como investigaciones que ahora son denuncias en análisis”, sostuvo.