El gobierno trabaja en iniciativas para ejercer mayor control sobre el porte de armas y de munición en dos frentes. Uno de ellos es un proyecto redactado por el diputado frenteamplista Alejandro Zavala en coordinación con el Ministerio del Interior (MI) para aumentar las penas vinculadas a los delitos vinculados a la tenencia de armas y mejorar el acceso del Ministerio del Interior a información de otras dependencias del Estado. La otra iniciativa, y que es complementaria a este proyecto, es un decreto anunciado por el ministro del Interior, Carlos Negro, para “regular la tenencia y la comercialización de municiones”, con el objetivo de limitar la cantidad de municiones legales que circulan y terminan en el mercado ilegal.
En la exposición de motivos del proyecto, el diputado indica que el diagnóstico elaborado en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública identificó “deficiencias normativas que debilitan el control efectivo de armas de fuego en el país, entre ellas superposiciones de competencias institucionales, vacíos regulatorios y sanciones penales insuficientes”. Señaló que estas “carencias” generan “zonas de indeterminación normativa que dificultan las tareas de fiscalización, reducen la capacidad disuasiva del sistema y favorecen el desvío de armas hacia circuitos ilícitos”.
Zavala afirmó en una rueda de prensa este miércoles que “toda la población sabe que estamos teniendo problemas serios, en particular en el enfrentamiento entre bandas de crimen organizado, del narcotráfico con municiones de alto calibre, armas modificadas”. Por lo tanto, aseguró que el proyecto “viene a brindarle una herramienta al MI para el combate a esta problemática”.
En este marco, la Asociación Defensora de Derechos de Usuarios Legítimos de Armas de Fuego del Uruguay y la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay rechazaron las modificaciones planteadas y convocaron a una concentración pacífica el 10 de julio en el Palacio Legislativo para expresar sus “preocupaciones respecto a las políticas actuales” de seguridad, solicitar “ser escuchados por los representantes nacionales” y también solicitar la renuncia de Negro. “Los ciudadanos que cumplen la ley merecen ser escuchados”, expresaron.
El diputado frenteamplista fue consultado sobre estos cuestionamientos y aseguró que “son todas situaciones distintas” y que es necesario “regularlas de manera distinta”. Apuntó que al oficialismo le interesa saber “cómo obtienen las municiones los delincuentes, de dónde salen, [si las] fabrican o no las fabrican”.
Martinelli: “Uruguay tiene una legislación muy rigurosa y robusta”
Consultado por la diaria, el diputado del Partido Colorado y presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la cámara baja, Gabriel Gurméndez, aclaró que no conoce el proyecto de ley, pero adelantó que el tema va a estar en el orden del día de la comparecencia de Negro de este jueves a la comisión que preside.
Sin entrar en detalles sobre la iniciativa, Gurméndez planteó que “hay una percepción de que están existiendo eventos en los que aparece una naturaleza de un uso de armamento diferente al que estábamos escuchando”, por lo que “es evidente que este tema necesita atención y queremos conocer de qué se trata la propuesta del ministerio”.
Por otro lado, el senador nacionalista suplente y exministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo a la diaria que, a partir del decreto anunciado por Negro, hizo un pedido de informes al MI para conocer el origen de las municiones utilizadas en hechos violentos, así como la información balística disponible en poder del Estado. Según dijo Zavala, existe “un análisis técnico con respecto a la evolución del uso de las armas, en particular en los delitos violentos”.
El exjerarca explicó que realizó el pedido para “conocer” si en la cartera “pueden distinguir las municiones que son legales y las ilegales”. “Yo sé que no pueden, entonces están tomando una decisión [el decreto] en función de elementos que no pueden confirmarse o que hoy no hay estudios académicos o científicos para poder hacerlo”, sostuvo.
De acuerdo con Martinelli, no hay “ningún estudio académico ni trabajo científico que te permita determinar si las municiones que se están usando en las balaceras provienen del mercado legal”, aunque llamó a que “si tienen esa información, que la compartan”.
“Al ministro, que tanto le gusta decir que quiere basar sus políticas en evidencia, en realidad es una contradicción. No es la primera vez que se contradice, pero en definitiva está generando un decreto para robustecer o fiscalizar a los que hacen las cosas bien, y se está olvidando de que en realidad el trabajo de él va más que nada por el lado de ir a buscar a los que sí tienen tráfico de armas ilegales o trafican armas de forma ilegal”, planteó.
Con respecto al proyecto de Zavala, el exministro dijo que, a su juicio, el tema pasa por los controles, puesto que Uruguay “tiene una legislación vinculada al tema de armas, tenencia, importación de municiones, que es muy robusta y muy rigurosa”. “Creo que el tema pasa por utilizar lo que ya hay, robusteciendo los controles y no seguir generando normativa”, consideró.
A su vez, con respecto al aumento de penas planteado en la iniciativa, si bien él dijo que está de acuerdo, valoró que esta medida “es contradictoria de lo que el Frente Amplio y el ministro Negro siempre han hablado”. “Por un lado te dicen que aumentar las penas está mal, que eso no soluciona los problemas de seguridad pública, y por otro lado te aparecen con aumentos de penas para las tenencias de armas”, criticó.
En la misma línea, la diputada nacionalista, expresidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay, Patricia Rodríguez, que integra la comisión de seguridad de su partido, dijo a la diaria que, si bien no accedió a la iniciativa, “da la impresión de que queremos regular algo que ya está regulado y queremos regular a los que en realidad son los legales”. “Son muy pocas las armas o municiones que llegan a los delincuentes por extravío o por robo de la vía legal; generalmente vienen por la vía no legal, por el contrabando, la frontera y demás”, agregó.
“No sabemos cuántas de las armas legales terminan en el ámbito ilegal”
La Plataforma de Infancias y Adolescencias (PIAs) tiene una campaña de monitoreo de los niños, niñas y adolescentes que son heridos de bala, y, en diversos ámbitos, han expresado su preocupación por la circulación de armas en Uruguay.
Uno de sus integrantes, el psicólogo Fernando Olivera, dijo a la diaria que pudo acceder al proyecto de Zavala, pero aclaró que fue “un primer acercamiento general” y que desde PIAs están “muy comprometidos a trabajar y profundizar en el proyecto”. “Nos parece un elemento central que venimos planteando hace mucho tiempo: la necesidad de rever el tema de porte, tenencia de armas y, sobre todo también, el tema de municiones, que muchas veces queda por fuera de la ley”, señaló.
Olivera dijo que algunos de los focos que la plataforma hace sobre el tema tienen que ver con las municiones, con la cantidad de armas habilitada por persona, así como el porte de armas en distintos contextos, como por ejemplo los policías, que las tienen fuera de su horario de trabajo.
A su vez, otro de los puntos que es importante para la plataforma es “desestimular la autodefensa y el uso de armas a nivel de la población, mejorando los requisitos, mejorando los controles y también generando nuevas formas de acceso a armas, que tengan que ver no solo con cuestiones monetarias, si puedo o no comprar un arma, sino también los requisitos que me llevan a tener un arma, así como un examen psicológico”.
Además, Olivera consideró que “cualquier reglamentación de mejor calidad” o que tenga “un sistema de información más claro” puede ayudar a “mejorar estas cuestiones”, y planteó que “con el sistema que tenemos hoy en Uruguay no sabemos cuántas de las armas legales terminan en el ámbito ilegal”.