El diputado del Partido Nacional, Juan José Olaizola, consideró que la sanción impuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores contra el excanciller Francisco Bustillo es parte de una “persecución política” impulsada por el actual canciller de la República, Mario Lubetkin, en su contra.
Según informó en primera instancia Subrayado y confirmó la diaria, la cartera resolvió sumariar a Bustillo esta semana, proceso que implica la separación de funciones y una retención de 50% del salario percibido, luego de que el excanciller se negara a declarar ante el organismo en reiteradas oportunidades. Esto como parte de una investigación judicial de los hechos detrás de la destrucción de documentos públicos que daban cuenta de la existencia de chats entre la exvicecanciller Carolina Ache y quien era el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en torno a la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo –hoy detenido– Sebastián Marset, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
El caso llevó a la renuncia del excanciller, luego de que Ache lo acusara de solicitarle que ocultara información concerniente al caso. De todas maneras, Bustillo mantuvo su cargo como diplomático de carrera y hoy en día se desempeña como asesor de Olaizola en la Cámara de Diputados, en la modalidad de pase en comisión. Según la resolución que determina el sumario contra Bustillo, este se vería impedido de continuar trabajando bajo dicha modalidad, aunque en una entrevista con Informativo de cierre, en la diaria Radio, Olaizola sostuvo que el episodio no afectará las tareas de asesoramiento del excanciller.
El diputado nacionalista dijo que Bustillo se abstuvo de declarar ante las autoridades a partir de un asesoramiento de su abogado, Carlos Delpiazzo. De acuerdo con Olaizola y en línea con el argumento del abogado, Bustillo “respondió en tanto cargo político y no embajador de carrera, con la renuncia al cargo de canciller”, por lo que “asumió la responsabilidad política”.
“El doctor Delpiazzo está absolutamente convencido –y convengamos que es una autoridad en la materia del derecho administrativo y del derecho público– de que no se le puede hacer un sumario a un jerarca político y que, en ese caso, por eso no tiene que ir a declarar”, resumió la situación .
Olaizola añadió que Bustillo explicitó dicha postura en diferentes comparecencias ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), y reiteró que, por lo tanto, no se niega “por no ir a declarar”, sino porque “considera que no es de recibo que se le haga un sumario”.
Además de acusar cierta intencionalidad detrás de la decisión de imponer un sumario, el diputado nacionalista aseveró que Bustillo ni siquiera participó en la reunión que se investiga como parte de la causa: “Se estaba yendo a Nueva Zelanda, no participó de esa reunión, lo ha aclarado”, enunció. Así, evaluó que el conflicto “no tiene ningún sentido”.