En la localidad de San Javier, en el departamento de Río Negro, la emisión de libretas de conducir creció cerca de un 200%, de acuerdo con una investigación administrativa encargada por las autoridades de la Intendencia de Río Negro en 2024. Según informó en primera instancia el medio local El Rionegrense, la mayoría de las personas que accedían a los permisos de conducir no eran del departamento.
La investigación del gobierno departamental atribuyó la responsabilidad a un funcionario en particular de la oficina de tránsito de San Javier. De hecho, solicitó su destitución. No obstante, la Junta Departamental rechazó el pedido.
En el expediente administrativo se señala que una cantidad significativa de solicitantes de la libreta de conducir provenía del departamento de Paysandú; también se registraron casos de ciudadanos de nacionalidad extranjera que hicieron el trámite.
Asimismo, la investigación detectó renovaciones de permisos de personas mayores de 75 años sin la realización del examen práctico exigido por la normativa vigente. Se apunta que varias personas llegaban únicamente para tomarse la fotografía de la licencia, sin haber cumplido las etapas previas del trámite.
La Intendencia de Río Negro considera que existió una conducta deliberada y reiterada de apartamiento de los procedimientos legales y que se vulneró el principio de legalidad que debe regir la actuación de la administración pública. Por este motivo, el gobierno departamental solicitó la destitución del funcionario involucrado.
Sin embargo, la solicitud no prosperó en la Junta Departamental. La votación, que se hizo el 26 de junio, terminó empatada 15 a 15, debido a la ausencia del edil frenteamplista Juan Sardella, y no se alcanzó la mayoría necesaria para aprobar la destitución.
En declaraciones a El Rionegrense, el edil nacionalista Matías Amorín explicó que el rechazo al pedido del ejecutivo departamental respondió a un análisis del expediente y de la normativa vigente, y no a un desconocimiento de la existencia de observaciones administrativas. En ese sentido, sostuvo que a la Junta Departamental le corresponde evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción propuesta.
Por su parte, la edila frenteamplista Karina Sánchez dijo al citado medio que el análisis del caso no puede limitarse únicamente a la actuación del funcionario investigado. A su entender, también hay que evaluar las responsabilidades políticas de quienes dirigían el área de tránsito durante la administración anterior, encabezada por el nacionalista Omar Lafluf.
“Lo importante es hacer hincapié en los jerarcas que, como son cargos políticos, no se hacen cargo de estos desastres, porque este es el último en la cadena. Si esta persona cometió estas irregularidades, ¿qué hacían los directores? ¿Miraban para otro lado?”, cuestionó Sánchez.
A su vez, según informó Montevideo Portal, el caso forma parte de una investigación que están llevando adelante el Congreso de Intendentes y la Fiscalía sobre licencias de conducir emitidas presuntamente de manera irregular. En agosto del año pasado, el exalcalde de Isidoro Noblía, localidad del departamento de Cerro Largo, fue detenido por su participación en una causa que también investigaba la presunta expedición irregular de libretas de conducir.