El Juzgado Letrado de Trabajo de 18º turno falló este jueves en la causa iniciada en 2023 por la exdiputada suplente frenteamplista Martina Casás contra el exdiputado de Marea Frenteamplista Gustavo Olmos, quien falleció en setiembre de 2025. Casás denunció a Olmos por acoso sexual y laboral, en la justicia penal y en la justicia laboral. La fiscalía archivó en junio de 2025 la denuncia presentada por Casás en el ámbito penal, y este jueves, la justicia laboral falló en sentido contrario.
En el ámbito laboral, Casás reclamó una indemnización por “despido indirecto o abusivo” basándose en el artículo 11 de la ley de acoso sexual, que establece que “el trabajador/a víctima de acoso sexual, sin perjuicio de la denuncia administrativa y de la acción penal que pudiese corresponder, tendrá derecho a reclamar al responsable una indemnización” por considerarse “indirectamente despedido/a, en cuyo caso el despido revestirá el carácter de abusivo”. La indemnización especial será de seis mensualidades, de acuerdo con la última remuneración del trabajador/a, indica el artículo.
Casás, que en aquel momento era asesora de Olmos, alegó que el sector político oficiaba como su empleador y que su salario se lo transfería Olmos, que ella trabajaba “de forma directa y bajo las órdenes” del exdiputado. Este, según denunció la exdiputada, “ejerció violencia en el ámbito político en un claro contexto de asimetría de poder, generando primero situaciones de claro acoso sexual laboral y posteriormente de abuso sexual en situaciones de contacto físico no deseado”, según consta en la resolución judicial. Esto imposibilitó a Casás a continuar con su actividad laboral y legislativa, según denunció, teniendo en cuenta además que el sector frenteamplista apoyó al denunciado y que fue sometida, por parte de personas cercanas a Olmos, a situaciones de “hostilidad, humillación e intimidación”, “escribiéndole mensajes para 'ir a dar explicaciones' o indicándole que si no se retracta es parte de una 'operación política'”.
En cambio, Marea Frenteamplista negó la existencia de una relación de trabajo tradicional y alegó que Casás era una militante política, y “el acuerdo político fue rentar su militancia y brindarle el apoyo para impulsar su proyección a futuro, en el entendido que el objetivo no respondía a un interés lucrativo, sino común, sustentado en los ideales que otrora los unieron fuertemente con ella”. El sector alegó que “de encuadrar contractualmente el vínculo como relación laboral, se trataría de un contrato a término, cuya característica fundamental es el no surgimiento del derecho a indemnización por despido ni común, ni indirecto, ni abusivo ni especial”. Remarcó que no hubo subordinación en el vínculo laboral, y que Casás “jamás estuvo sujeta a órdenes o instrucciones de Marea Frenteamplista ni de ninguno de sus integrantes”.
Sobre la denuncia de acoso sexual, el sector mencionó interacciones entre Olmos y Casás que sugieren, a su entender, que hubo consentimiento de la demandante, porque Casás aceptó, por ejemplo, los ofrecimientos de transporte hasta su casa, por parte de Olmos, “o directamente lo solicitó con expresiones como 'sería bonito que ud. me llevara' o 'sería grato contar con su aventón' o 'sos mi chofer elegido' o '¿me pasás a buscar?' o 'te espero' todo acompañado de emojis de caritas de felicidad y corazones”. “Ello cuestiona hasta la raíz la veracidad de las manifestaciones realizadas y desmorona el relato de la actora”, entiende el sector, y concluye que “no se encontraron siquiera indicios ni de acoso laboral ni sexual”.
La jueza actuante, Stefania Barosio, entendió en primer lugar que existía un vínculo laboral “típico” entre Casás y el sector frenteamplista, esto es, “sin plazo o de duración indeterminada”, ya que el sector frenteamplista no pudo probar que existía un contrato a término.
Además, la jueza sostiene que quedó acreditada la existencia de abuso sexual, que implicó “el comportamiento inadecuado con connotaciones sexuales practicado hacia la Sra. Martina Casás por parte de su jerarca inmediato Sr. Gustavo Olmos, no deseado por ella, y que no solo le creó un ambiente de trabajo hostil o humillante, sino que amenazó con producirle un perjuicio en su situación laboral”. La jueza menciona como pruebas el testimonio de la víctima y de quienes escucharon el relato de la víctima en su momento, tanto mujeres frenteamplistas como Patricia González -expresidenta de la Comisión de Género y Feminismo del Frente Amplio- y la actual directora del Instituto Nacional de Alimentación, Micaela Melgar, como por la psicóloga de Casás, quien señaló que “la afectación emocional fue evidente”. “Se notan muchos sentimientos de angustia, ansiedad, quiebre de la rutina, de no poder sostener hábitos como comer, bañarse, dormir bien, estaba desmotivada laboralmente y académicamente”, indicó la profesional, y también declaró que Casás empezó “un tratamiento con medicación porque los signos de depresión eran evidentes”.
La jueza resolvió, por lo expuesto, condenar a Marea Frenteamplista a abonarle a Casás 697.812 pesos por concepto de indemnización.
Desde Marea Frenteamplista se informó que la sentencia será apelada. “Entendemos que hubo un juzgamiento equivocado y una incorrecta apreciación de los hechos, además de una errónea aplicación e interpretación del derecho, y una valoración de la prueba que no corresponde a lo que surge de la causa”, indicó el sector.
Casás declaró a la diaria que se siente, en parte, “aliviada”, no solo por el fallo favorable, sino también porque concluyó “un proceso de más de dos años” que fue “emocionalmente desgastante”. “Lo que yo quería más que nada era que terminara, al final parece que lo único que queda de vos es ser una persona que denunció un acoso”, expresó.