El secretario de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Añón, es el candidato de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) para representar al orden empresarial en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) en las elecciones de noviembre. En diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio, Añón dijo que, de ser electo, una de sus líneas de trabajo será desestimular el uso “abusivo” de las certificaciones médicas.
En esa línea, propone que las empresas –a través del BPS– tengan la posibilidad de acceder a la “historia clínica de las [personas con] certificaciones muy recurrentes”, así como a las de aquellas de quienes “lleven mucho tiempo” certificadas. Dijo que esto implicaría llegar al prestador de salud, aunque es consciente de que implicaría cambios legales, dado que las historias clínicas son confidenciales.
“Yo siempre dije: cada vez que he tomado alguna responsabilidad trato de dejar alguna marca o de lograr algo. Espero que pueda lograr algo en este sentido”, indicó, y agregó que Elvira Domínguez, otrora representante de las empresas en el Directorio del BPS, estuvo “mucho tiempo luchando con esto y sin duda no se ha podido mejorar”. Indicó que el sector de los frigoríficos le trasladó que, años atrás, “para tener 100 empleados tenían que contratar 110”, pero hoy deben “contratar 130”, por lo que “hay un 30% que por lo general está con certificaciones médicas”.
Otras propuestas: promover la formalización y austeridad con los recursos
Según Añón, la idea de su lista es tener una participación fuera del BPS y hacer reuniones periódicas entre directores durante las que, al margen de la coordinación, recibirán empresarios. “La idea es ir llevando más temas al BPS que no solamente salgan de adentro del BPS. [...] Que estemos con un poco más de presencia y, en una palabra, que estemos más integrados casi todos los empresarios. El fin nuestro es, más que nada, encarar a ver si se puede mejorar temas de la pequeña empresa y de la mediana empresa”, adelantó.
Consultado por un diagnóstico actual del BPS, señaló que desde el punto de vista financiero da pérdida “de toda la vida” y planteó que se debe a que no solo se encarga de pagar jubilaciones, sino que abarca temas que van desde “el seguro cuando se enferma la gente” hasta personas que “piden jubilaciones por enfermedad”, entre las cuales “habrá algunas que estén bien dadas y otras que no”.
Otra línea de trabajo que tiene prevista es “defender el derecho de los contribuyentes”. Explicó que prevén crear “una figura que es el defensor del contribuyente”, que existe en Chile, por ejemplo. Para eso necesitan conformar un proyecto de ley y presentarlo ante el directorio, algo que, aunque anunció que lo harán, pronosticó como “muy difícil de conseguir”. Por otro lado, buscarán “promover la formalización de mucha gente que no se formaliza por los costos” que implica, y sondear “si se puede flexibilizar la entrada en el sistema”.
Otro punto que reivindicó es “mostrar que es posible reducir el costo del Estado”. Explicó que los directores cuentan con una partida para asesores de 600.000 pesos mensuales que prevén “usar solamente para estudios específicos” y no mantendrán contratos permanentes, lo que “va a achicar muchísimo el costo”. “Si uno usara todo el dinero, todos los meses de los cinco años, es una cuenta muy fácil: son 900.000 dólares por período, por director, y somos siete”, dijo.