Tras la incautación de 17 kilos de droga en la Unidad 4 del ex Comcar, la Justicia investiga una organización criminal integrada por policías, militares y personas privadas de libertad. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, dijo a Panorama informativo que “es presumible que haya una red de corrupción” en torno al cargamento, no solo por su magnitud, sino también debido al área en la que se encontró, cercana a la torre de custodia del personal del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
Para Juanche, es posible “especular” que se trate de “un cargamento destinado al consumo interno”, dado que las drogas están prohibidas dentro de los establecimientos y eso “abre la puerta a un mercado ilícito que además es muy rentable”. A su vez, señaló que es “evidente que no ingresa por la visita”, sino que “tiene que haber una red de funcionarios que está vinculada con la posibilidad de entrarla” y que los ingresos de elementos ilícitos a cárceles están “funcionando a través de funcionarios desleales”.
Juanche dijo que la corrupción representa un “tema bastante endémico” en el sistema carcelario, dado que no es “la primera vez que sucede” y “tiene años”, con personas formalizadas por actividades ilícitas dentro de las unidades penitenciarias. “Es un fenómeno muy complejo, es una tarea ardua, pero evidentemente estamos dispuestos a erradicarla porque no puede funcionar nada en términos pacíficos”, aseveró la jerarca y dijo que, al margen del mercado ilícito, el fenómeno genera episodios de violencia intrapenitenciaria por las deudas que asumen las personas con consumo problemático de estupefacientes.
“Por supuesto que puede haber episodios relacionados con amenazas a los funcionarios para que ingresen estos bienes y estas sustancias ilícitas, puede haber también algo relacionado con las necesidades económicas del personal y también hay de lo otro, la tentación que implica obtener mucho dinero en poco tiempo”, sostuvo Juanche, consultada por los motivos de la corrupción, en lo que definió como un fenómeno “multicausal”.
No obstante, subrayó que, como funcionarios públicos, la “ética pública es sustantiva en una labor nada más y nada menos como es la prevención terciaria del delito”, por lo que tildó como “muy contradictorio y realmente detestable que estos episodios ocurran con la anuencia de funcionarios públicos”.
Juanche indicó que se trata de un hallazgo en “el cercado perimetral” de la unidad detrás del módulo 6 y, tanto por la cantidad como por el modus operandi, ”probablemente tenga que ver con un cargamento que puede atribuirse a una organización”, aunque “no es el primero que se encuentra ni en Santiago Vázquez ni en otras unidades”. “Fue incautada antes de que esto ingresara. No sabemos si iba a hacerlo en su totalidad o si iba a ser distribuida tipo menudeo”, indicó.
Señaló que, más allá de la corrupción, este hecho también es resultado “de la saturación, del hacinamiento y de la escasa relación que hay entre personas privadas de libertad y funcionarios”, lo que vuelve el control “bastante complejo en términos de asertividad para la prevención de los conflictos”. Una vez que ocurre, influye en el “clima de convivencia” en megacomplejos carcelarios como el de Santiago Vázquez, por lo que la administración avanza en programas que permitan “clasificar a la población por riesgo de violencia y por riesgo de reincidencia”, además de “descomprimir” a medida que se habilitan nuevas plazas.
“Una población mal clasificada, donde el contacto criminógeno está a la orden del día, ciertamente que es campo fértil para que el delito intrapenitenciario prospere”, dijo Juanche.
Sobre la presencia de integrantes de organizaciones criminales de Brasil en cárceles uruguayas, señaló que “se han encontrado relaciones”, sobre todo con el Primer Comando de la Capital (PCC), pero con personas que “no ocupan lugares de relevancia en la estructura organizativa”. Lo anterior implica que “el crimen organizado transnacional” también llega a Uruguay y, por ese motivo, incluyeron en la Rendición de Cuentas el “régimen de alto riesgo” de reclusión para individuos que representan una amenaza relevante a la seguridad pública, en el que están aislados del resto.
La ley de justicia terapéutica es un proyecto “muy necesario”
El 27 de agosto, el Senado dio sanción definitiva a la ley de justicia terapéutica para personas condenadas por delitos menores. Al respecto, Juanche dijo que lo entienden “muy necesario” y, aunque es “un dispositivo piloto que va a alcanzar un número reducido de casos”, creen que será exitoso y eso implicará su multiplicación.
“Esto viene asociado a la instauración de la suspensión condicional del proceso, un instituto que había sido derogado en la ley de urgente consideración (LUC) y que resulta altamente pertinente, sobre todo cuando las personas usuarias problemáticas de droga son primarias, cometen delitos leves y son penalizadas con la cárcel, una medida que es –además de desproporcionada– ineficiente e inefectiva justamente para atender la causa principal de este relacionamiento con el delito”, señaló.
En ese sentido, desde el INR entienden que gracias a este tipo de dispositivos podrán “determinar mucho mejor el fenómeno para derivar a las medidas pertinentes” y, al mismo tiempo, “interlocutar mejor con la Justicia, quizás para la conmutación de algunas penas” con el objetivo de que las personas accedan a un tratamiento adecuado. Con todo, entienden que, a medida que la justicia terapéutica muestre sus efectos, “probablemente genere la confianza necesaria para la restauración” de la suspensión condicional del proceso en general.