La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) se pronunció este miércoles sobre la posibilidad de que Uruguay reciba personas deportadas desde Estados Unidos en función de la propuesta que la administración de Donald Trump realizó al gobierno uruguayo.
El organismo enfatizó en que la política migratoria uruguaya “involucra un haz de derechos humanos respecto de los cuales la INDDHH trabaja para su protección y defensa”. “Uruguay ha sostenido una larga tradición dando acogida y protección a inmigrantes que así lo soliciten respetando su dignidad y derechos”, destacó. En ese marco, la INDDHH enumeró una serie de condiciones bajo las cuales “la recepción de personas deportadas solo puede considerarse”.
Este martes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó que algunas de las propuestas de Estados Unidos sobre el tema han sido transmitidas a Uruguay “de manera formal, es decir, con algún documento que han enviado”, así como a través de diálogos. Búsqueda informó que la administración de Trump entregó en julio una propuesta de “entendimiento” al gobierno. la diaria confirmó que en los documentos intercambiados con Estados Unidos se habla de “uruguayos deportados” y de “reunificación familiar”, pero no hay información específica sobre el número de personas que se propone deportar.
La primera condición que planteó la INDDHH es que Uruguay “realice entrevistas individuales garantistas a cada una de las personas candidatas al refugio”. Estas deberían ser “realizadas por técnicos, en un marco de confidencialidad, donde se reciba el consentimiento informado, con manifestación explícita de solicitar refugio en el país y con una evaluación independiente de las necesidades de protección”, señala la institución. La segunda condición es “que en ningún caso formen parte del programa menores no acompañados”.
En tercer lugar, la INDDHH señaló que se deben aplicar “los criterios ya establecidos por la Comisión de Refugiados, para el otorgamiento del refugio, incluyendo la razón por la cual se le otorga”. El cuarto requisito planteado es que “el traslado a Uruguay sea realizado con todas las garantías, de forma tal de evitar toda posible interpretación como siendo un traslado forzado”. Por último, la institución sostuvo que las personas deberán tener “inmediato acceso a documentación que les permita regularizar su situación en Uruguay y garantizar su libertad de movimiento fuera del país”.
“Uruguay tiene la oportunidad y la responsabilidad de abordar esta situación manteniendo como principio rector el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de cada persona”, señaló la INDDHH. La institución remarcó que el Estado uruguayo, “fiel a su tradición, debe comprometerse con vías que aseguren condiciones y den garantías de protección de los derechos”. En ese marco, se puso a disposición “para apoyar en la construcción de tales garantías” y se comprometió a “monitorear el proceso”.