El martes, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, archivó el caso que investigó el desvío millonario del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). Por esta causa fueron condenadas ocho personas y no se encontró evidencia contra el Partido Comunista del Uruguay (PCU). El abogado denunciante, Óscar López Goldaracena, confirmó recientemente a la diaria que la investigación penal no pudo hacer la trazabilidad del dinero desviado, y agregó que “no hay ningún indicio” que vincule a este grupo político con la maniobra.
Este miércoles, Óscar Andrade, secretario general del PCU y senador del FA, se refirió al tema. El dirigente, exsecretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca, sindicato corresponsable del Fosvoc), había sido involucrado junto a su partido cuando tres de los exsindicalistas condenados –Fabián Rivero, Santiago Bernaola y Bruno Bertolio– alegaron no haber actuado solos, sino bajo órdenes de niveles superiores del PCU. Entre ellos, señalaron a la secretaria de Finanzas del Sunca, Laura Alberti, al senador Andrade y el diputado Daniel Diverio. Según las declaraciones de los condenados, el desvío de más de un millón de dólares habría tenido como finalidad financiar la estructura sindical y la campaña electoral del PCU.
“Es algo que nosotros anunciamos hace un año y pico”, destacó Andrade en rueda de prensa. Asimismo, recordó que “se desvía la investigación” cuando “se hace un acuerdo abreviado con los delincuentes” -Rivero, Bernaola y Bertolio- y se “decide” seguir sus pistas.
El legislador recordó que, por el contrario, “las víctimas de la estafa” -el Sunca y la Cámara de la Construcción del Uruguay- entendían que “no había que hacer un acuerdo abreviado” sino “seguir investigando”.
“El problema ahora es toda la manija a partir de poner a las víctimas, los que sufrieron la estafa, en el banquillo de los acusados”, cuestionó el secretario general del PCU, quien aseguró sentir “tristeza” por el rumbo que le dio Fiscalía al caso. “A nosotros lo que nos genera es una sensación de frustración porque no se siguió investigando”, agregó.
En línea con las sensaciones manifestadas por Andrade, el diputado Diverio -también exdirigente del Sunca- puso en valor la “profunda autocrítica” realizada por el conjunto de los trabajadores de la construcción. “Hicieron una red de asambleas a lo largo y ancho del país, donde discutieron el tema, no ocultaron nada”, subrayó. Puntualizó que, entre otras cosas, “generaron herramientas para fortalecer a los fondos sociales”.
El impacto en el PCU
“Nos da tranquilidad, pasamos a tener las finanzas electorales más auditadas de la historia del país”, comentó Andrade en relación a cómo impacta lo sucedido a la interna del PCU.
Subrayó asimismo que había que tener “mucha imaginación” para poner sobre la mesa que se hubiera incorporado ese dinero a “una campaña electoral que no tuvo un segundo de televisión” ni tampoco “agencia de publicidad”.
“Lo he hablado con algunos dirigentes de la oposición, algunos tuvieron una actitud muy digna, otros que sembraron sospecha y tendrían ahora que decir ’nos equivocamos’”, sumó el senador frenteamplista a su reflexión sobre los hechos. “Cuando te tiran un balde grande de basura, aunque después te limpien, algo de olor queda”, sintetizó. En la misma línea, remarcó que “hay una parte del daño que está hecho”, aunque recordó la frase de un “viejo militante” con relación a que no hay “un mejor abogado que los trabajadores y las trabajadoras”.
Diverio, quien también se vio involucrado por las declaraciones de los condenados, reflexionó sobre el tema en diálogo con la diaria y coincidió en que “el daño ya está hecho, por más que se pruebe que no había ningún tipo de vínculo”. El legislador, que también es representante de Canelones en el Comité Ejecutivo del PCU, puntualizó que “probablemente” este órgano se reúna el próximo viernes para emitir un comunicado respecto de este proceso.
Diverio agregó que se procederá a “revisar si hubo algunas afirmaciones de algún medio de comunicación o de algunos actores políticos que merezcan alguna denuncia por daños y perjuicios o por difamación”. Este miércoles el propio Andrade recordó a través de su cuenta de X una publicación de junio del año pasado del senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien compartió una nota de Búsqueda sobre el tema y escribió: “Un escándalo”. Ante esto, en ese momento Andrade le respondió por X: “Robar es un delito y la difamación e injurias también lo es. La justicia va a investigar a fondo y cuando todo quede claro mucha tranquilidad de espíritu de no haber estado ni por un minuto difundiendo la versión de los sinvergüenzas. Tiempo al tiempo”.
Asimismo, el senador comunista indicó este miércoles a través de su cuenta de Facebook que “los cobardes, que desde las redes se sumaron a esta nefasta campaña, carecen de la dignidad para pedir disculpas”.
La repercusión en la oposición
Desde la oposición se refirió al archivo del caso el senador nacionalista Sergio Botana. A través de su cuenta de X exclamó: “el Fiscal Archi no encontró mérito…!!!”. En la misma línea sumó: “Gilberto Rodríguez ARCHIVA todo lo que pueda afectar a algunos sectores políticos”.
Consultado por la diaria, el legislador reafirmó que el fiscal del caso “ha entrado dentro de esa nómina de fiscales que cuando agarran un caso uno ya sabe cuál va a ser el resultado según la línea política del denunciado”. Recordó que cuando denunció junto a la senadora Graciela Bianchi la filtración de las conversaciones de un grupo de Whatsapp de senadores del Partido Nacional -a partir del celular del exsenador Gustavo Penadés-, Rodríguez lo archivó.
Sobre este caso recientemente archivado, enfatizó que era “sumamente delicado” dado que “los damnificados son obreros de la construcción, no capitalistas”.