Hace casi diez días que el Senado aprobó el acceso del Casmu al Fondo de Garantía por unos 120 millones de dólares, a dos semanas de que el Parlamento avalara la extensión de la intervención de la mutualista por otros dos años. En ese marco, la oposición presentó reparos ante el artículo que establece la “no objeción previa” del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la designación de cargos directivos, artículo que se aprobó solamente con los votos del Frente Amplio (FA).
El senador del FA Daniel Borbonet destacó, entrevistado por Panorama informativo de la diaria Radio, que la cifra millonaria para la reestructuración de pasivos configura un fideicomiso “a pagar en 17 años”, por lo que también tienen que existir exigencias para las próximas autoridades: “Ese es el paso siguiente que este artículo tenía y tiene que ver, ponerles exigencias a las próximas autoridades que sean elegidas”.
Entre esos requisitos, listó que sean personas sin “inhabilitaciones legales, que no tengan conflictos de intereses, que sean obviamente personas que tengan experiencia, que sean idóneas, que sean honorables”, pero, principalmente, que “sean sujetos a la no objeción”. Explicó que lo anterior quiere decir que “de alguna manera haya alguien que supervise”, del mismo modo que “no puede haber ningún directivo de las instituciones financieras” que no pase por la autorización del Banco Central del Uruguay.
“¿Les parece que si todos nosotros aportamos para que una institución salga de ese problema financiero tan severo, y estamos aportando millones de dólares, no debería haber una supervisión de quiénes serán las próximas autoridades?”, se preguntó. Por otro lado, el legislador explicó que no se limita únicamente al Casmu, sino que de aprobarse regirá sobre “las próximas autoridades que se elijan de todas aquellas instituciones que soliciten ingresar al Fondo de Garantía”.
En respuesta a las declaraciones del senador nacionalista Sergio Botana, quien planteó que se trata de un artículo que “no puede votar ningún republicano”, Borbonet señaló que “si bien es cierto que son instituciones y empresas privadas, es dinero público”. En ese sentido, es preciso aportar dinero para realizar reestructuras “pero también intervenir en la gobernanza”. Además, aclaró que el requisito únicamente se extenderá mientras se “tenga el acceso al fondo”, y dijo que “no es un invento”, sino que funciona “muy bien desde 2008”.
Borbonet reparó en que se está hablando “del futuro” y de “próximas autoridades” que se desconoce cuáles serán, ya que regirá para las elecciones del 31 de julio en adelante. “No hemos comprendido las causas por las cuales no se puede votar este artículo, que entendemos que es tan importante como el de darle plata”, dijo.
De cara al tratamiento en la Cámara de Diputados, consideró que “estas exigencias son necesarias” y espera que “se pueda comprender”. Además, dijo que habló con Botana antes de la votación: una de las posibilidades era retirar el artículo –pero la bancada oficialista “no estuvo de acuerdo”– y, consultado respecto a la posibilidad de reescribirlo, respondió que hicieron consultas a través del Sindicato Médico del Uruguay y existen informes jurídicos que “plantean que es adecuado” lo que se redactó.
El legislador dijo que las dificultades económicas de la mutualista “no empezaron ni ahora ni en la administración anterior”, sino que “en la década del 90” tenía desafíos financieros. “Durante estos años, todas las administraciones que han pasado de alguna manera han intentado y no han podido solucionarlo. Tal es así que en la última administración, en agosto de 2024, en ese momento el Poder Ejecutivo anterior firma un fideicomiso de 56 millones de dólares para un salvataje, pero no se pusieron las exigencias que después eventualmente uno entiende que se debieron haber puesto”, afirmó.