La fiscal de Flagrancia Daniela Peraza resolvió archivar la denuncia que presentó en 2022 el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en aquel entonces encabezado por el actual senador nacionalista Martín Lema, en contra de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) por presuntas irregularidades en el manejo de recursos que eran recibidos como donaciones en el marco de la pandemia, según informó El Observador. A partir de una investigación interna, Lema había presentado la denuncia por considerar que había “hechos con apariencia delictiva”.
En su momento, Lema dijo que la CPS, encargada de gestionar varias ollas populares, era “una organización con fines políticos”, que no era “transparente” y que “infló los números” de la cantidad de porciones de comida que se entregaban.
Según informó El Observador, la comunicación de Fiscalía llegó al Mides el 16 de diciembre de 2025. La fiscal apuntó que “el derecho penal sanciona conductas individuales subjetivas referidas a personas”, por lo que “no procede frente a una organización social”, como la coordinadora, que “ni siquiera tiene autoridades constituidas”. A su vez, la fiscal determinó que la investigación administrativa llevada a cabo en la cartera, así como el hecho de que esta se hiciera “pública”, “frustró diligencias que podrían haber sido útiles en la investigación”.
Ante esto, la CPS expresó el miércoles a través de un comunicado que hubo una “operación miserable” y que “se inventó causa penal” contra la organización. En ese sentido, señalaron que “el único fin” de la decisión de la anterior administración “pareció ser sacarse de encima la denuncia, que todavía persiste, sobre la precariedad y el hambre que vemos en nuestros barrios”.
Afirmaron que la “inconsistencia de los testimonios” y la “falta de pruebas” son “parte” de los “argumentos” para archivar la denuncia, y señalaron que el equipo ministerial de la época “ya había mostrado su falta de escrúpulos cuando respaldó y apoyó el contrato con su organización de amigos, Uruguay Adelante, para intermediar aportes de insumos a las ollas y merenderos”. “Estos chantas se presentaban como una inocente ONG, pero se autopagaban de forma ilegal sueldos suculentos para sus directivos al tiempo que siguen sin aparecer facturas por 63 millones de pesos pagados por el Mides”, expresaron.
Para la CPS, actualmente “es lo más parecido a una burla escuchar al exministro hablar en tono indignado sobre la ‘inseguridad alimentaria’”. “Se nos trató de operadores a favor de una supuesta puja partidaria, como si para nosotros fueran más importantes los tristes objetivos políticos del señor Lema y su equipo de funcionarios arribistas de segundo orden que el tener que hacernos cargo de las consecuencias de un modelo de sociedad que empuja a miles de niños y niñas a la pobreza y al hambre”.
“El telón de la mentira se corre”
Un exjerarca del Mides del gobierno anterior dijo a la diaria que era previsible que la denuncia se archivara, puesto que la fiscal a cargo del caso “no había citado a nadie”. Agregó que, cuando se trata de “acopio de alimentos”, una vez pasados dos o tres años “es imposible comprobar algo”. De todas formas, la fuente afirmó que “administrativamente” se comprobó “la inexistencia de ollas declaradas y que se inflaban las porciones”.
El exjerarca también apuntó contra las actuales autoridades del Mides, ya que, como funcionarios públicos y ante “la constatación de una irregularidad”, debían remitir la información de la investigación administrativa ante la Fiscalía para que se investiguen los hechos.
En cuanto a esto último, el referente de la CPS Esteban Corrales aseguró a la diaria que esto “no era necesario”, puesto que se recibían “dos partidas fijas de alimentos” para la coordinadora, “independientemente de la cantidad de ollas y merenderos”. Dijo que el “fenómeno” de las ollas “es fluctuante” y que “no todos los meses es la misma cantidad de iniciativas”. “El argumento de que nosotros inflamos números para recibir más alimentos no es válido porque la cantidad de alimentos era fija”, subrayó.
Corrales dijo que la denuncia “era una jugada política cuyo único objetivo era desprestigiar la organización de las ollas populares, a la coordinadora”. “El objetivo no era la denuncia en sí, sino generar un escándalo mediático o relato mediático, que debilitara nuestra organización”, apuntó.
En la declaración, la CPS afirmó que, si bien con el archivo de la denuncia “el telón de la mentira se corre”, “nadie nos va a quitar la angustia y la incertidumbre que sentimos cuando de forma inhumana se persiguió y buscó criminalizar la labor solidaria de las ollas y merenderos”.
“Después de seis años de presencia ininterrumpida, el desgaste de realizar esta tarea totalmente voluntaria ha mermado la cantidad de iniciativas, pero sabemos y somos testigos de que no ha disminuido la necesidad. La demanda de una alimentación saludable, completa y de calidad sigue vigente. En una sociedad profundamente desigual se continúa castigando sobre todo a nuestras niñas, niños y a nuestra juventud”, expresaron.