Entrevistada por la diaria, la referente territorial del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) en Salto, Valentina Moreira, explicó los alcances del régimen especial de regularización dirigido a cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria que mantienen obligaciones pendientes con el organismo.
La iniciativa establece un período de gracia hasta el 28 de febrero de 2027, durante el cual se podrán regularizar las declaraciones juradas correspondientes a los ejercicios 2021 a 2025 sin la aplicación de multas por presentación fuera de plazo, así como sin multas ni intereses por mora.
Moreira señaló que Inacoop puso en marcha una campaña de difusión para informar sobre estas facilidades y promover que las cooperativas regularicen tanto su inscripción como las obligaciones pendientes. Según explicó, algunas organizaciones desconocen que deben registrarse en el instituto y presentar una declaración jurada anual, además de cumplir con los trámites correspondientes ante otros organismos del Estado.
“Muchas veces las cooperativas se crean, se registran en la DGI y el BPS, pero no saben que también tienen que inscribirse en Inacoop”, indicó. La referente territorial explicó que, en algunos casos, las organizaciones pasan cuatro o cinco años sin conocer esta obligación. Cuando toman conocimiento, deben realizar la inscripción y presentar las declaraciones juradas que quedaron pendientes durante ese período. En ese sentido, destacó que el régimen vigente representa una oportunidad para ponerse al día y evitar las sanciones económicas que podrían aplicarse una vez finalizado el plazo de regularización.
Moreira recordó que todas las cooperativas están obligadas a inscribirse en Inacoop y presentar una declaración jurada anual. En el caso de las cooperativas de trabajo, consumo y agrarias, la documentación incluye información contable, como el balance, que permite determinar si corresponde el pago de la prestación coactiva y cuál es el monto aplicable, de acuerdo con los ingresos y la normativa vigente.
La prestación coactiva es un aporte establecido por la legislación cooperativa, cuya recaudación está a cargo de Inacoop. Según Moreira, se trata de una obligación que, al mismo tiempo, contribuye al desarrollo del propio sector. “Es un aporte solidario al cooperativismo”, sostuvo.
La referente explicó que los recursos recaudados se destinan a los distintos programas que desarrolla el instituto, tanto en materia de formación y capacitación como de asistencia técnica y financiamiento. De esta manera, los aportes realizados por las cooperativas contribuyen a sostener herramientas que posteriormente pueden beneficiar al conjunto del movimiento cooperativo.
Estar registradas permite acceder a programas y herramientas
La campaña no apunta únicamente a que las organizaciones cumplan con sus obligaciones administrativas y tributarias. Moreira subrayó que estar registrado y mantener la documentación al día también permite acceder a diferentes herramientas de apoyo. “El registro implica una obligación, pero también tiene beneficios”, señaló. Entre ellos, mencionó los programas de formación, capacitación, asistencia técnica y financiamiento que ofrece Inacoop. Por ese motivo, consideró importante que las cooperativas conozcan las posibilidades que brinda el instituto y aprovechen el período de regularización para normalizar su situación.
La referente territorial agregó que el organismo está contactándose con cooperativas que no se encuentran al día para informarles sobre el régimen especial y solicitarles que aprovechen las facilidades disponibles.
En el departamento de Salto hay 250 cooperativas inscriptas en Inacoop. Sin embargo, Moreira advirtió que también existen organizaciones que están por fuera del sistema o que no cuentan con el certificado emitido por el instituto que acredita que se encuentran al día con sus obligaciones. Frente a esta situación, el organismo trabaja para que esas cooperativas puedan regularizar su condición y acceder a los beneficios que supone estar debidamente registradas.
El plazo establecido hasta el 28 de febrero de 2027 constituye una oportunidad para presentar las declaraciones juradas atrasadas y resolver las obligaciones pendientes en condiciones más favorables. Durante ese período no se aplicarán las multas previstas por la presentación fuera de plazo ni las multas e intereses por mora comprendidos en el régimen.
Moreira recordó, además, que las cooperativas que cumplen con sus obligaciones y presentan las declaraciones juradas dentro de los plazos establecidos cuentan con beneficios específicos, entre ellos, la exoneración del pago del timbre, de acuerdo con las condiciones correspondientes.
Una vez finalizado el período de gracia, volverá a regir el régimen de aplicación de multas e intereses que corresponda. Por eso, desde Inacoop insisten en la importancia de que las organizaciones aprovechen estos meses para regularizar su situación.
El objetivo, concluyó Moreira, es que las cooperativas de Salto conozcan sus obligaciones, puedan ponerse al día y accedan a las herramientas de formación, asistencia y financiamiento disponibles para fortalecer su actividad.