Este sábado 17 de octubre, a las 16.30, se realizará una reunión informativa sobre una propuesta de reclamo jurídico por adeudos salariales y diferencias derivadas de haberes mal liquidados a funcionarios de la Policía Nacional durante el período comprendido entre 1993 y 2012.
La exposición técnica estará a cargo de la doctora y escribana Flavia Nardone, magíster en Seguridad Pública, quien brindará detalles sobre el alcance de la iniciativa y los aspectos jurídicos del planteo.
Según los organizadores, la eventual acción legal podría tener un impacto social y económico para miles de familias policiales en todo el país. La instancia busca informar sobre la propuesta y ofrecer detalles acerca de los reclamos vinculados a las diferencias salariales del período señalado.
La actividad tendrá lugar en el salón de fiestas de la Asociación de Retirados y Pensionistas Militares, ubicado en la avenida Enrique Amorim 1130, en Salto.
Entrevistada por la diaria, Nardone explicó que el reclamo de los policías se origina en diferencias salariales derivadas de la liquidación de determinadas partidas compensatorias, vinculadas, entre otros conceptos, a la permanencia en el cargo y la antigüedad.
Según señaló, el Ministerio del Interior debía calcular esas compensaciones tomando en cuenta otras partidas que integraban la base de aportación al montepío.
Sin embargo, la estructura salarial de los policías, compuesta por distintos conceptos que se fueron incorporando a través de sucesivas leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas, generó diferencias en las liquidaciones. “Se comenzaron a incluir nuevas partidas en los salarios policiales, pero el ministerio no liquidaba las compensaciones sobre esas nuevas partidas. Eso fue generando diferencias salariales”, explicó.
La situación derivó en reclamos judiciales con resultados dispares. Algunos funcionarios obtuvieron sentencias favorables, mientras que otros no lograron el reconocimiento de lo reclamado. También hubo casos en los que la Justicia reconoció la deuda acumulada hasta el momento de la demanda, pero no dispuso que la diferencia se siguiera pagando hacia adelante.
“Hay funcionarios que ganaron la demanda y cobraron la deuda que tenían al momento de reclamar, pero no obtuvieron una condena a futuro. Por lo tanto, no les siguieron pagando esa diferencia salarial”, explicó Nardone. Otros trabajadores todavía tienen sus reclamos en etapa de liquidación.
No obstante, la pretensión va más allá del cobro de las sumas adeudadas. La jurista sostuvo que el objetivo es que se revisen también los salarios actuales y las pasividades de los policías, tanto jubilaciones como pensiones, para corregir las desigualdades que persisten entre funcionarios con trayectorias laborales equivalentes.
“Lo que en realidad pretendemos con este reclamo, más allá del reconocimiento de la deuda, es que se revisen las jubilaciones, las pensiones y los salarios de los policías”, afirmó.
Nardone advirtió que actualmente pueden existir diferencias importantes entre funcionarios que hacen las mismas tareas y tienen el mismo grado, antigüedad y edad, únicamente porque algunos obtuvieron una sentencia favorable y otros no.
Como ejemplo, señaló que un policía que ganó la demanda y percibe la diferencia salarial puede cobrar unos 10.000 pesos más que otro funcionario que desempeña la misma tarea o que se jubiló en condiciones equivalentes.
Errores de liquidación
En Salto, aproximadamente 170 policías estarían comprendidos en el reclamo. A esa cifra se sumarían funcionarios de otros departamentos, por lo que el número total rondaría los 1.000 trabajadores.
La jurista consideró que el reconocimiento de estas diferencias también representaría una reparación para los policías de carrera que se jubilaron sin percibir correctamente las partidas que les correspondían. En ese sentido, sostuvo que existen numerosas sentencias judiciales que reconocen errores en la liquidación de esos conceptos.
Nardone planteó que la revisión permitiría atender una situación que afecta tanto a quienes continúan en actividad como a quienes ya se retiraron, y evitar que trabajadores con carreras funcionales similares perciban remuneraciones o pasividades diferentes por haber transitado caminos judiciales distintos.