El Centro Unión Taximetristas de Salto reclamó a la intendencia que mantenga y refuerce los controles sobre los vehículos particulares que realizan traslados de pasajeros de manera informal.
La declaración se conoció luego de una nota publicada por la diaria el 23 de setiembre, titulada “Los 50 autos del intendente Carlos Albisu: choferes reclaman solución tras promesa de campaña electoral”.
Para conocer los fundamentos del planteo, la diaria entrevistó a Gabriel Cartagena, abogado que asesora legalmente a los taximetristas agremiados, quien afirmó que “el reclamo se centra en el cumplimiento de la normativa departamental y en la necesidad de garantizar condiciones equitativas para quienes prestan el servicio”.
Cartagena explicó que el artículo 42 del decreto departamental 6.732/2014 establece que “el transporte de pasajeros no puede realizarse en vehículos particulares fuera de las condiciones autorizadas por la reglamentación”.
Según indicó, “los inspectores de tránsito ya han intervenido en más de cuatro o cinco casos, deteniendo vehículos y consultando a los pasajeros si el traslado es gratuito o remunerado. Cuando se confirma que existe un cobro, corresponde aplicar la normativa, que establece una multa de 35 unidades reajustables para el vehículo involucrado”.
El abogado señaló que “los taxis habilitados deben cumplir obligaciones tributarias y laborales, contar con seguros y someterse a controles técnicos y administrativos”. En ese sentido, sostuvo que “la discusión sobre la competencia debe contemplar las mismas exigencias para todos los prestadores”.
Cartagena afirmó que “el servicio de taxi constituye una actividad regulada, que requiere una inversión y el cumplimiento de obligaciones para operar legalmente”. Según detalló, “los taxistas deben afrontar gastos vinculados al BPS, la DGI, los seguros, los controles del LATU y otros costos de funcionamiento”. Estimó que “mantener un taxi operativo en Salto implica un desembolso promedio de 3.500 pesos diarios”.
El departamento cuenta con 73 taxis habilitados, de los cuales más de la mitad están agremiados. El abogado sostuvo que “durante los últimos diez años se habría producido una proliferación de vehículos particulares que trasladan pasajeros sin las condiciones exigidas por la reglamentación”.
Entre los riesgos asociados a esa modalidad mencionó “la falta de seguros adecuados, la ausencia de controles técnicos y la posibilidad de que algunos conductores no cuenten con las habilitaciones correspondientes”.
Advirtió que, “ante un accidente, esas irregularidades pueden dejar al pasajero en una situación de vulnerabilidad, especialmente si el vehículo carece de cobertura o quien lo conduce no está legalmente habilitado”.
Consultado por nuestro medio sobre los argumentos que invocan el derecho al trabajo para defender a quienes realizan traslados informales, Cartagena sostuvo que “ese derecho debe ejercerse dentro de las normas vigentes”.
El abogado cuestionó la comparación entre la actividad de los taxistas y otras profesiones, al considerar que “el transporte de pasajeros tiene características específicas por desarrollarse en el espacio público y estar sujeto a una regulación departamental”.
Como ejemplo, planteó que “no corresponde justificar una actividad irregular únicamente porque constituye una fuente de ingresos para quien la ejerce”. A su entender, “las exigencias legales buscan proteger tanto a quienes invierten y cumplen con las obligaciones como a los usuarios del servicio. Acá no estamos trabajadores contra trabajadores”, afirmó, y agregó que “el objetivo no es impedir que otras personas accedan a esa fuente laboral, sino que puedan hacerlo de manera regularizada”.
En ese marco, señaló que “cualquier interesado puede promover cambios en la normativa o recurrir a los mecanismos jurídicos que considere pertinentes. Sin embargo, mientras las disposiciones estén vigentes, la intendencia debe aplicarlas y no omitir los controles”.
Las aplicaciones como alternativa para regularizar el servicio
Cartagena indicó que la futura regulación de aplicaciones de transporte, como Uber y Cabify, abrirá una posibilidad para que nuevos prestadores se incorporen al sistema formal.
Según explicó, dicho decreto “prevé que los taxistas también puedan trabajar mediante esas plataformas y que otros conductores que reúnan las condiciones exigidas tengan la posibilidad de sumarse”, pero para eso, “los vehículos deberán cumplir requisitos específicos, entre ellos contar con seguro total, registrarse bajo las condiciones establecidas y disponer de mecanismos que permitan identificar al prestador y dar seguimiento al servicio”.
También mencionó que las autoridades departamentales han planteado la posibilidad de realizar un llamado para habilitar siete chapas de taxi, como otra alternativa para quienes busquen regularizar su actividad.
A su juicio, la incorporación de aplicaciones permitirá ampliar la competencia, siempre que todos los participantes cumplan con las mismas garantías y obligaciones.
El representante legal de los taximetristas aclaró que “el gremio no se opone a que la Intendencia fiscalice a los vehículos habilitados”. Por el contrario, consideró que “los controles deben alcanzar a todos los prestadores”.
Entre las exigencias para los taxis mencionó “el correcto funcionamiento de los vehículos, la higiene, la identificación de las matrículas, la presentación adecuada de los conductores y la publicación de las tarifas diurnas y nocturnas autorizadas”.
Cartagena sostuvo que “esas garantías son fundamentales para los pasajeros y la fiscalización debe contemplar tanto el cumplimiento de las obligaciones por parte de los taxistas como la detección de los traslados informales”.
Reafirmó además que “el planteo de la Unión de Taximetristas de Salto no busca excluir a quienes actualmente realizan traslados informales, sino promover su incorporación al sistema regulado”.
Cartagena resumió la posición de los taximetristas con una frase incluida en la declaración de la gremial: “No pedimos privilegios, pedimos que se cumpla la ley”.