Integrantes del grupo Endeudamiento ¡uy!, conformado por personas vinculadas con la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), al Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay y a equipos de investigación de las Facultades de Ciencias Económicas y de Administración y de Ciencias Sociales de la Universidad de la República brindaron una charla informativa en el Cenur Litoral Norte en Salto.
En diálogo con la diaria, Federico Lacaño, de AEBU, señaló que el trabajo surgió a partir de la identificación del endeudamiento de los hogares uruguayos como un problema de gran magnitud y escasa visibilidad pública. En ese sentido, explicó que el grupo comenzó a trabajar mediante el fondo “Ciudadanía y Conocimiento” de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), con el objetivo de contribuir a instalar la temática en la agenda pública.
Lacaño detalló que la investigación incluyó la realización de encuestas y entrevistas a distintos actores vinculados con el tema, entre ellos, personas endeudadas, representantes de empresas financieras y referentes políticos que incorporan esta problemática en sus agendas. Además, se llevaron a cabo entrevistas grupales para profundizar en las experiencias y percepciones de las personas involucradas.
Los resultados fueron presentados en el Cenur Litoral Norte, en una instancia abierta que buscó promover la reflexión y el intercambio sobre las causas, consecuencias y posibles abordajes del endeudamiento en Uruguay.
Además, Lacaño señaló que los datos de la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central muestran la magnitud del problema. “En la actualidad, 780.000 personas están con calificación 5, es decir, son deudores irrecuperables”, afirmó. Explicó que esta categoría comprende a quienes acumulan más de 180 días de atraso en el pago de una deuda. “Uno de cada cuatro mayores de 18 años se encuentra dentro de la peor calificación de la Central de Riesgos”, agregó.
Por otra parte, advirtió sobre las limitaciones de la información disponible. Según indicó, no existen datos desagregados por departamento, género o edad, una carencia que dificulta la elaboración de políticas públicas orientadas a atender la problemática. “Para diseñar políticas públicas es fundamental contar con esa información”, sostuvo.