Un grupo de familiares de personas privadas de libertad de Salto conformó hace aproximadamente un año el colectivo Reencuentro, una iniciativa surgida con el objetivo de visibilizar las dificultades que enfrentan quienes tienen a sus seres queridos recluidos en establecimientos penitenciarios ubicados a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia. Con el paso de los meses, la organización consolidó su trabajo y actualmente cuenta con personería jurídica como asociación civil.
La agrupación reúne a familiares que están en contra del traslado de personas privadas de libertad a cárceles alejadas de sus comunidades de origen y busca instalar en la agenda pública el impacto que esa situación tiene tanto en los vínculos familiares como en los procesos de rehabilitación y reinserción social.
Según señalaron integrantes del grupo a la diaria, su principal planteo está dirigido a las autoridades del sistema penitenciario, a quienes solicitan que se revise la política de traslados de las personas privadas de libertad hacia cárceles alejadas de sus entornos familiares y comunitarios.
Entienden que esta situación no solo genera mayores costos económicos y dificultades logísticas para las visitas, sino que además afecta el mantenimiento de los vínculos familiares, un aspecto que consideran fundamental en los procesos de rehabilitación y reinserción social.
Los familiares sostienen que el contacto frecuente con los padres, hijos, parejas y otros referentes afectivos constituye una herramienta clave para acompañar a las personas privadas de libertad durante el cumplimiento de sus condenas. En ese sentido, afirman que el alejamiento geográfico termina convirtiéndose en un obstáculo adicional para quienes intentan sostener esos lazos, especialmente en los casos de familias con recursos económicos limitados que no pueden afrontar viajes frecuentes a distintos puntos del país.
El presidente de la asociación civil Reencuentro, Luis Mendieta, entrevistado por la diaria, dijo entender que la privación de libertad implica una sanción establecida por la Justicia, pero señaló que el distanciamiento de los núcleos familiares termina afectando también a los allegados, quienes deben asumir largas horas de traslado y mayores gastos para poder mantener el contacto con sus familiares.
Por ese motivo, reclaman que las decisiones sobre la ubicación de las personas privadas de libertad contemplen, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, la cercanía con sus comunidades de origen, en línea con los objetivos de rehabilitación y reinserción que establece el sistema penitenciario.
Mendieta señaló que uno de los principales fundamentos de los planteos del colectivo se encuentra en el artículo 10 de la ley 14.470, conocida como Ley de Cárceles, que reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a recibir visitas de familiares y allegados. Según explicó, fue precisamente a partir de las dificultades para ejercer ese derecho que surgió la organización.
Oportunidades laborales
Mencionó, por ejemplo, casos de familias residentes en Montevideo cuyos familiares fueron trasladados a establecimientos penitenciarios de Rivera, lo que dificulta considerablemente la posibilidad de mantener visitas regulares. En ese marco, señaló que uno de los objetivos de la asociación es consolidar una red de alcance nacional que reúna a quienes se ven afectados por este tipo de situaciones.
Mendieta destacó además que, desde su creación, la organización ha mantenido reuniones con legisladores de distintos partidos políticos, integrantes del Parlamento, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, representantes del PIT-CNT y autoridades vinculadas al sistema penitenciario, entre ellas la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali). “Golpeamos todas las puertas”, resumió, al referirse a las gestiones realizadas para plantear las inquietudes y propuestas del colectivo.
Más allá de los reclamos vinculados a los traslados y al mantenimiento de los vínculos familiares, la asociación busca impulsar iniciativas orientadas a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad. En ese sentido, presentó proyectos ante la Intendencia de Salto con el propósito de generar oportunidades laborales para quienes recuperan la libertad.
Para Mendieta, la falta de acceso al empleo constituye uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas liberadas y un factor que incide en los niveles de reincidencia. Por eso, sostuvo que resulta necesario promover políticas que faciliten la inserción laboral una vez cumplida la condena, de modo de ofrecer alternativas concretas que favorezcan la reconstrucción de los proyectos de vida y reduzcan las posibilidades de volver a delinquir.