La situación habitacional en el departamento de Salto presenta uno de los desafíos sociales más importantes para las autoridades departamentales y nacionales.
Así lo señaló a la diaria María Eugenia Almirón, encargada de Vivienda y Hábitat de la Intendencia de Salto, quien describió un panorama marcado por la existencia de 32 asentamientos —25 urbanos y siete rurales— que involucran a unas 5.000 familias y cerca de 20.000 personas.
Según explicó, la realidad encontrada al asumir el cargo confirma una problemática que ya era visible durante la campaña electoral y que coloca a Salto por encima del promedio nacional en materia de precariedad habitacional.
“Estamos hablando de una población muy importante dentro de un departamento de aproximadamente 130.000 habitantes. Eso obliga a una presencia permanente y a una dedicación absoluta para buscar soluciones”, afirmó.
La jerarca destacó que “el trabajo no se limita únicamente a los procesos de regularización o realojo, sino que también implica desarrollar estrategias que eviten la creación de nuevos asentamientos o la expansión de los ya existentes”.
Además de los asentamientos urbanos, el diagnóstico incluye siete asentamientos rurales distribuidos en distintos municipios del departamento. Almirón indicó que existen asentamientos en Agua Salto, en el municipio de Constitución, tres en Colonia Lavalleja y otro en San Antonio. En particular, señaló que “el de Constitución es uno de los más extensos”, mientras que en Colonia Lavalleja “se registró la creación de un nuevo asentamiento durante el período anterior”.
La regularización de asentamientos no depende exclusivamente de la Intendencia. Almirón subrayó que se trata de una competencia que requiere una articulación permanente con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y sus diferentes programas.
En ese marco, destacó el trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU), el Plan Avanzar, la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) y el Plan Juntos. “La articulación es absoluta. El Ministerio tiene la potestad en esta materia y la Intendencia acompaña brindando herramientas, como terrenos con servicios básicos y apoyo territorial para la ejecución de los proyectos”, explicó.
Uno de los avances más concretos previstos para los próximos meses es el realojo de familias que actualmente viven en zonas inundables del asentamiento La Amarilla.
La intervención comprende a 93 familias beneficiarias, algunas provenientes también del asentamiento La Esperanza. Las viviendas ya fueron construidas y se encuentran próximas a ser entregadas por la empresa constructora al Ministerio de Vivienda. Una vez culminado ese proceso administrativo, se establecerá el cronograma para iniciar los traslados.
Almirón recordó que este proyecto surge de un convenio firmado en 2022 y destacó la importancia de dar continuidad a las iniciativas iniciadas en administraciones anteriores. “Las políticas de vivienda son políticas de Estado y deben continuar más allá de los cambios de gobierno”, sostuvo.
Consultada sobre cuáles son los asentamientos más importantes del departamento, Almirón señaló que La Esperanza constituye actualmente el de mayor tamaño entre los que están siendo intervenidos.
Mientras La Amarilla cuenta con 177 familias registradas en el padrón social, La Esperanza alcanza las 358 familias. A ellos se suma Puente Blanco, otro de los asentamientos considerados prioritarios por las autoridades.
La jerarca recordó además que “existen otros núcleos históricos con una importante población, como Caballero Viejo”, lo que demuestra la complejidad del fenómeno habitacional en Salto.
Respecto a las metas para el actual quinquenio, explicó que “la prioridad inmediata es culminar la primera etapa de La Amarilla, avanzar posteriormente sobre las mejoras de infraestructura en el asentamiento y trabajar en la situación de las familias ubicadas sobre calle Gaboto, en predios privados”.
Paralelamente, se prevé comenzar la intervención en La Esperanza y continuar los avances ya iniciados en Puente Blanco, donde el trabajo se desarrolla en coordinación con el Plan Juntos.
Allí una de las preocupaciones centrales está vinculada a la seguridad de las familias asentadas sobre Avenida Reyles. Según explicó Almirón, la ubicación de varias viviendas genera riesgos tanto para la circulación vehicular como para los propios residentes, por lo que “se estudian alternativas que permitan mejorar las condiciones de vida y reducir los peligros existentes”.
Además, “la Intendencia incorporó tres nuevos asentamientos dentro de los proyectos que serán financiados a través del fideicomiso aprobado con respaldo de la oposición”, con el objetivo de avanzar en su solución durante el presente período de gobierno.
Piso Digno y Rancho Cero: mejorar la calidad de vida
Las acciones no se limitan a los grandes proyectos de realojo. La Intendencia también participa con programas destinados a mejorar las condiciones habitacionales de familias que viven en situación de vulnerabilidad.
Uno de ellos es el convenio con la fundación Piso Digno, mediante el cual se sustituyen los pisos de tierra por pisos de madera. La Intendencia aporta los materiales, mientras que la fundación realiza los relevamientos y ejecuta las obras junto a Servicios Públicos.
Desde el Área de Vivienda y Hábitat se elaboran los informes sociales y los expedientes que determinan quiénes acceden al beneficio. Asimismo, la administración comenzó a trabajar junto a la organización Rancho Cero, impulsada por el padre Juan Andrés Verde, con quien ya se proyectan acciones para los próximos cinco años.
“Tenemos mucho trabajo por delante, pero también mucho entusiasmo porque hay mucho para hacer para que la gente viva mejor”, concluyó Almirón.