El 14 de abril de este año, la Intendencia de Salto (IDS) presentó ante la Fiscalía de turno una denuncia para que se investigara penalmente a la exdirectora de Vivienda del gobierno departamental anterior, Nelly Rodríguez, por presuntas irregularidades en la distribución de materiales de construcción suministrados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).
La denuncia, cuya existencia fue informada por el portal de noticias de la IDS, surgió a partir de indagaciones realizadas por distintas reparticiones de la administración departamental, que incluyeron sumarios administrativos a, por lo menos, dos funcionarios.
Según la información difundida por la IDS, la investigación administrativa constató que, por disposición de la entonces directora de Vivienda, se habrían desconocido las listas y los detalles de las familias que debían ser beneficiarias del programa, impulsado por el MVOT en coordinación con la comuna.
La documentación también señala que algunas familias que no estaban inscriptas formalmente en el programa habrían recibido materiales, mientras que, en otros casos, personas que sí figuraban entre las beneficiarias habrían recibido solo una parte de lo previsto y el resto de los materiales habría sido destinado a otros lugares.
Asimismo, la investigación administrativa habría identificado situaciones en las que, por órdenes directas de la exjerarca, se entregaron materiales en varias oportunidades a determinadas personas sin que se hubiera constatado previamente que integraran el grupo de beneficiarios del programa.
La IDS sostuvo que la investigación permitió detectar un manejo “antojadizo y discrecional” del programa de viviendas y afirmó que las presuntas desviaciones en la entrega de las canastas de materiales se habrían acentuado durante el período de la campaña electoral departamental. De acuerdo con la información oficial, esta conclusión fue respaldada por testimonios recogidos durante la investigación administrativa.
A cinco meses de presentada la denuncia, la diaria consultó al entonces responsable del área Jurídica de la intendencia, Gabriel Rodríguez, quien señaló inicialmente que “no hay novedades” y explicó que el expediente se encontraba en un trámite interno a la espera de la asignación de turno, es decir, de que uno de los fiscales asumiera el caso. En esa instancia, Rodríguez dijo desconocer si algún fiscal había tomado intervención.
Posteriormente, Rodríguez informó que ya no estaba a cargo del área Jurídica de la comuna, debido a que había asumido recientemente la dirección de Gestión Humana, y señaló que no había sido posible acceder a información sobre el estado de la denuncia en Fiscalía.
El área Jurídica de la IDS quedó a cargo del abogado Enzo Molina. Consultado por este medio sobre la denuncia contra la exjerarca, Molina indicó que, “más allá de las reservas del caso”, no contaba con información sobre el estado de la investigación.
También fue consultada por la diaria la exdirectora de Vivienda Nelly Rodríguez, quien, al referirse a la denuncia y a las actuaciones realizadas por la intendencia, sostuvo que “todo se trata de un circo”.
Hasta el momento, no se conocen avances públicos de la investigación fiscal ni se ha determinado responsabilidad penal alguna de la exjerarca denunciada. La denuncia se encuentra, por tanto, en etapa de investigación y corresponde a la Justicia determinar si existieron delitos y eventuales responsabilidades.