La Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) amonestó a mediados de junio a tres médicos por haberse inscripto a un llamado de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para ocupar funciones de alta dedicación en Rocha y suspendió a una médica por haber concursado y asumido el cargo en Montevideo. La sanción a esa médica fue más severa: la inhabilitó para participar en actividades científicas relacionadas a la SAU y a sus pares internacionales, manteniendo la obligación de abonar la cuota social; la limitó, en definitiva, en su actividad científica y académica. A pesar de ese antecedente, según supo la diaria los profesionales rochenses decidieron asumir sus cargos, al igual que su colega montevideana, por lo que se espera que la SAU les aplique las mismas medidas.

La SAU tomó esta decisión por entender que los afiliados incumplieron resoluciones tomadas en asamblea por la SAU y por el Sindicato Anestésico Quirúrgico. Ambos órganos rechazan la modalidad de alta dedicación porque modifica el pago del acto médico y porque entienden que fue decidida en una instancia en la que no se sienten representados; surgió de ámbitos tripartitos con la participación del Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

Tras conocer las resoluciones de la SAU, el Ministerio de Salud Pública (MSP) le pidió a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y a los ministerios de Educación y Cultura (MEC) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que analizaran la situación, por tratarse de un posible caso de vulneración de derechos de los trabajadores.

La Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) emitió una opinión que está a consideración del titular del MTSS, Ernesto Murro, informó a la diaria Jorge Mesa, responsable de la Dinatra, quien aseguró que el ministerio se pronunciará en estos días. De todos modos, adelantó su opinión: “Esos profesionales aceptaron determinadas condiciones de trabajo que habían surgido de una negociación colectiva con el SMU –organización que consideramos representativa del cuerpo del país–, entonces cuestionamos que pueda ser sancionado por asumir esas condiciones de trabajo negociadas”.

La INDDHH estudió el tema, pero hasta que se pronuncie el consejo debe mantener el análisis en reserva, tal como establece la ley. Según supo la diaria, el consejo lo podría tratar mañana.

Pablo Maqueira, director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC, explicó a este medio que resolvieron consultar a las partes involucradas para que confirmen la versión expuesta por el MSP. Luego de que obtengan los contactos de los profesionales y de que estos hagan sus descargos, se llamará a representantes de la SAU para que también se expidan. Pasado ese proceso, se elaborará un informe que será analizado por la titular del MEC, María Julia Muñoz. Es impredecible el tiempo que pueda llevar este proceso.

Quienes ya se manifestaron al respecto fueron el SMU y la Federación Médica del Interior, que en forma conjunta rechazaron las acciones de la SAU y reafirmaron la defensa de la libertad de los trabajadores. Asimismo, la Junta Nacional de Salud del MSP entiende las sanciones como “un obstáculo para el proceso de mejora de la calidad de la atención”, porque “consolidan las asimetrías Montevideo-interior y las del subsector privado con el público, atentando además contra la libertad de trabajo y la formación continua, desconociendo los acuerdos colectivos establecidos en el marco de las leyes vigentes”.