La Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados recibió ayer al mediodía a Daniel Salinas, titular del Ministerio de Salud Pública, y Omar Paganini, cabeza del Ministerio de Industria, Energía y Minería, para que informaran sobre los cambios en el criterio del etiquetado de alimentos. A la salida, en una conferencia de prensa, Salinas destacó que se trata de una política de Estado y que Uruguay “es un país serio que mantiene sus compromisos”.

“Cuando las políticas son buenas no tienen colores, y esta es una política buena. Nosotros queremos rescatar lo positivo: logramos un consenso para mantener el rotulado frontal, con diseño de octógonos, con el tamaño que estaba estipulado, con los colores y una tipografía, que es muy técnico pero hace a una señal que advierte de aquellos productos alimenticios que pueden ser más riesgosos para la salud y tienen predominancia en las enfermedades no trasmisibles, con exceso de sodio, azucares, grasas totales y grasas saturadas”, señaló Salinas.

El ministro subrayó que esto diferencia a Uruguay de otros países en los que hay etiquetado de alimentos, ya que en nuestro país se utilizan cuatro criterios y en los demás tres, ya que no toman en cuenta las grasas totales. También destacó que se mantiene la palabra “exceso” en las etiquetas, porque en países como Chile, por ejemplo, se señala que tal producto es “alto en...”; por lo tanto, Uruguay marca “el rumbo dentro del Mercosur”, ya que ninguno de los otros países que integran el bloque se rotulan los alimentos.

“Tenemos una muy buena base, que va a permitir que el comprador sepa qué artículo es más saludable. Eso pretende generar un sesgo hacia el artículo saludable y no se agota acá, sino que también va acompañado de políticas de promoción, de una guía alimentaria saludable, de educación en las escuelas y de una política de ejercicio en la infancia para evitar la pandemia de sobrepeso y obesidad que se ve sobre todo en edades tempranas”, subrayó.

Sobre la modificación del criterio para el etiquetado, Salinas subrayó que el nivel de sodio quedó igual, pero “hay un cambio en la base del cálculo, que antes era sobre kilocalorías y ahora sobre los 100 gramos, la porción, para armonizar con el Mercosur”. El ministro subrayó que “no hay cambios significativos”, al punto de que en el rotulado de productos con exceso de azucares, de una base de 8.927 productos había 3.210 rotulados y ahora pasarían a ser 3.088, es decir, sólo 1,36% menos.

De todos modos, dijo que sí hay “una cierta diferencia significativa” cuando se aplica el nuevo criterio a las grasas saturadas, y por eso “pasó a haber menos productos con grasas saturadas” rotulados, pero en grases totales “quedó prácticamente igual”, ya que había 29% de productos rotulados y ahora habrá 28,3%. “Son valores manejables, y consideramos que esto no es el final del camino sino el inicio, el puntapié de una política en la cual los valores son sólo un elemento”.

Finalmente, Salinas destacó que aumentará la cantidad de etiquetados en productos panificados, farináceos, que implica “todo lo que es la merienda escolar” y también en los snacks, por lo tanto, “hay un equilibrio”.

La oposición

La diputada del Frente Amplio (FA) Cristina Lustemberg, integrante de la comisión, dijo en conferencia de prensa que la política de etiquetados tuvo “varios decretos” y esa es la “gran preocupación” de la oposición. Agregó que, aunque están de acuerdo en que “es muy bueno el diálogo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”, manifestaron su “preocupación” por la “prórroga y la implementación de una política pública tan importante”. Recordó que el Decreto 272 de agosto de 2018 preveía el inicio de la fiscalización del rotulado para el 1º de marzo de 2020, pero luego, mediante otros decretos del actual gobierno, se prorrogó y “supuestamente la fiscalización comenzó el 1º de febrero de este año”.

“Teníamos muchas dudas sobre cómo iba a comenzar la fiscalización. Porque vemos que se va dilatando decreto tras decreto. Chile, que tanto se toma como ejemplo, lo implementó rápidamente: diseñó la política pública, le dio tiempo a la industria para reformularse, en un año, y ya va en la cuarta fase de implementación”, señaló Lustemberg.

Por último, la diputada recordó que hace 15 días el FA anunció que les propone a todos los integrantes del sistema político “hacer una ley que retome un antecedente de ley que había de la administración pasada” y que “por la importancia que tiene para el país” el etiquetado “quede regulado con un marco normativo que sea una política pública de Estado”. “Y que no pase lo que pasó ahora, que cuando asume cada gobierno, aunque las cosas estén hechas con la mejor evidencia y los mejores técnicos, se prorrogan, se cambian y se flexibilizan normas”, finalizó.