En la noche del jueves, autoridades y docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República emitieron un comunicado en el que expresan “nuestro más profundo rechazo a un dictamen judicial que entendemos científicamente equivocado, epidemiológicamente riesgoso y socialmente irresponsable”, en referencia a la sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo Alejandro Recarey que suspendió la vacunación en menores de 13 años. La decisión fue cuestionada casi unánimemente por el sistema político y por médicos y sociedades científicas

A estas reacciones se sumó la Facultad de Medicina. En el comunicado las autoridades y docentes señalan: “La totalidad de los estudios bien conducidos en el mundo muestran una muy buena seguridad y efectividad de la vacunación con excelente relación beneficio/riesgo. Esta decisión judicial, que tiene vigencia hoy (y esperemos que por poco tiempo), entraña un riesgo potencial ya que aún desconocemos las consecuencias que a largo plazo la enfermedad pudiera entrañar”.

Consideran que desde el punto de vista social el daño “podría ser irreparable”: “Perdurará para otros tiempos, otras vacunas y otros tratamientos, afectando a personas que no pueden hacer valer su opinión”. En ese sentido, exigen la revisión de la medida y ponen a disposición “la información científica hoy disponible al respecto”.

Además del decano Miguel Martínez, firman el comunicado los docentes y especialistas Henry Cohen, Julio Medina, Mónica Pujadas, Victoria Franchez, Laura Accebedo, Adriana Cassina, Catalina Pírez y Ricardo Roca.

Colegio Médico: las vacunas son “una de las medidas más equitativas disponibles para proteger a la población”

Por su parte, el Colegio Médico del Uruguay (CMU) también emitió un comunicado a la población en el que destaca el beneficio de la vacuna para prevenir la evolución grave de la enfermedad, lo que es “especialmente importante entre personas (niños, adolescentes y adultos) con comorbilidades”. Marca que en Uruguay la vacunación no es obligatoria, y que las vacunas como tal “son un bien indispensable y una de las medidas más equitativas disponibles para proteger a la población”.

“El CMU manifiesta su profunda preocupación ante la suspensión de una medida de Salud Pública a través de una decisión judicial que cercena la libertad de elegir de padres, madres y adultos a cargo de niños y adolescentes”, finaliza el texto.