Comenzó la cuenta regresiva para que el ministro de Salud Pública Daniel Salinas deje el mando del Ministerio de Salud Pública (MSP), tal y como lo anunció hace varios meses. En las últimas semanas de gestión el jerarca hace balances y redondea algunas cuestiones, entre ellas, la gestión de la pandemia por coronavirus, un tema que consideró “un gran sacrificio” para él y su entorno, por tratarse de un período de tres años que percibe como si hubieran “sido nueve”.

Con respecto a este tema, en los últimos días el ministro compartió en su cuenta de Twitter el documento “Gestión de la crisis y legado sanitario”, un compilado de las decisiones que tomó el ministerio y el trabajo que llevó adelante durante el período de la pandemia, el plan de vacunación contra la covid-19 que desarrolló Uruguay y la política sanitaria implementada.

Según el documento, elaborado por el ministro, la gestión de los últimos dos años se basó en el diseño de una estrategia sanitaria en la que además del MSP participaron el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los prestadores de salud públicos y privados, y las academias científicas y académicas, para trazar una línea “interdisciplinaria e interinstitucional”.

Uno de los resultados de la sinergia fue la Ley 19.874, que creó el Fondo Solidario Covid-19, “destinado a atender las acciones” del MSP o de los centros de salud públicos que brindaron “ayudas o transferencias” al sector privado. Por otra parte, se conformó un plan de contingencia, evaluación y riesgo y un mapeo con escenarios epidemiológicos que continuamente marcaban tres escenarios posibles: alerta, preparación o riesgo inminente de propagación del virus.

Por otra parte, como una de las primeras medidas, se capacitó a los equipos de recursos humanos para atender a los pacientes del Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) y se duplicó la cantidad de camas en ese sector. El MSP incrementó la compra de algunos fármacos utilizados en cuidados intensivos y hubo convenios entre la cartera, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Banco de Seguros del Estado, sobre todo para rehabilitación.

Salinas consideró que estas y varias otras decisiones implicaron trabajar en una “carrera contrarreloj”, principalmente por la cercanía entre la asunción de la gestión actual y el primer caso de coronavirus en la región (ambos eventos el 3 de marzo), seguido por los primeros casos que se detectaron en Uruguay, diez días después, jornada en la que a su vez se lanzaron campañas de bien público y algunas otras acciones por parte del Estado.

Planes, fiscalización y datos

Más allá de las campañas de comunicación y los primeros pasos de gestión ante la situación sanitaria de los primeros meses de 2020, la pandemia evolucionó y demandó nuevas acciones, sobre todo, en cuanto a los testeos y las vacunas. Salinas destaca que se desarrollaron diferentes variantes de test serológicos, tales como el PCR, LAMP y Elisa, que permitieron, sobre todo en el primer año de la pandemia y antes de que las pruebas se limitaran según determinadas características, la accesibilidad gratuita a la población. En este sentido, se implementó la secuenciación genómica para conocer las variantes en circulación y tratamientos con anticuerpos monoclonales para los casos de covid más graves.

A su vez, hubo 28 laboratorios en todo el país, se monitoreó en “tiempo real” la situación de las camas tanto comunes como de cuidados intensivos y se creó la app Coronavirus Uy, una herramienta que se utilizó principalmente para detectar casos cercanos de covid-19, seguir la enfermedad, coordinar consultas médicas y obtener online el resultado del test diagnóstico, solicitar agenda de vacunación y tener un registro de la cantidad de dosis recibidas. Ante el distanciamiento, una de las medidas no farmacológicas adoptadas, se aplicó la telemedicina, a través de la Ley 19.869.

El plan de vacunación se aplicó de forma escalonada. Primero, por riesgo de enfermedad grave debido a factores como la edad y las comorbilidades, luego en trabajadores esenciales y por último, según el riesgo de exposición. En febrero de 2021 se abrió la agenda para los grupos prioritarios y se vacunó a los vacunadores, y en marzo finalmente comenzó el plan nacional de vacunación para la población en general.

En cuanto a cantidad de vacunados entre 2021 y fines de 2022 con CoronaVac, Pfizer-Biontech y Astrazeneca, según los datos del sistema informático de vacunas, en total se suministraron 3.471.226 dosis y el grupo etario que más se vacunó fue el de las personas entre 18 y 49 años. Según el informe, el índice de vacunación “permitió recuperar [progresivamente] actividades” deportivas, culturales y recreativas.

Por otra parte, Uruguay fue “el primer país de América Latina” en priorizar a mujeres embarazadas y menores de entre 12 y 17 años, facilitar el trámite en línea para migrantes sin documento de identidad y, tras el índice alcanzado, “el primer país en retomar la presencialidad educativa”.

Para gestionar las vacunas, en el MSP se creó una dirección de fiscalización que se conformó con un director y 50 cargos. Algunas de las tareas del área implicaron controlar 48 arribos con un total de 7.845.450 dosis, fiscalizar los vacunatorios en todo el territorio nacional con 365 inspecciones (registradas hasta noviembre de 2021) y un posterior seguimiento según “criterio de riesgo”, más el relevamiento del cumplimiento de protocolos en 56 centros educativos de secundaria y 71 centros de la Universidad del Trabajo del Uruguay.

Otras políticas

Aunque la pandemia demandó una gran parte del trabajo del MSP, en paralelo, y en la medida en que el período de crisis fue cediendo, se concluyeron varias políticas públicas destinadas a la infancia, a la adolescencia, a los adultos mayores con discapacidad y a diferentes enfermedades transmisibles y no transmisibles. Además, la cartera hizo varias publicaciones sobre diversos temas, subraya Salinas.

En lo que respecta a la infancia, se instauró un nuevo carné unificado de control pediátrico, se creó la guía nacional para la vigilancia del desarrollo de la niña y el niño y se generaron campañas de prevención para diferentes afecciones, entre ellas, la obesidad y el sobrepeso. Para abordar la adolescencia se implementó el programa Familias Fuertes, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la participación interinstitucional de diferentes organismos públicos. A su vez, se incorporó la consulta psicológica entre 15 y 19 años como parte del control de salud anual, y se instauró el grupo asesor adolescente con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

En tanto, vinculado a los adultos mayores con discapacidad, se brindaron cursos en modalidad virtual para cuidadores de establecimientos de larga estadía para personas mayores (Elepem) y se publicó un material con recomendaciones para el trato y una atención adecuada de las personas con discapacidades en los servicios de salud.

Para las enfermedades no transmisibles se implantó y fiscalizó el rotulado frontal de alimentos, decretado durante el gobierno de Tabaré Vázquez, en 2018. En cuanto a las enfermedades raras, tras un trabajo en conjunto con el MSP, el Fondo Nacional de Recursos y el Banco de Previsión Social, se trabajó para que el Crenadecer “sea un centro nacional de referencia de primer nivel” para “optimizar los resultados”.

A su vez, se incorporaron tratamientos a la cobertura del FNR.

Valoraciones

El senador por Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech consideró en diálogo con la diaria que Salinas -que integra las filas de su partido- gestionó la pandemia “de manera excelente” y que en términos generales los resultados “hablan por sí mismos”. Acotó que este es “el primer logro que el gobierno tiene para anotarse” porque, aunque el ministro “no fue el único responsable del desarrollo de la gestión”, es el principal responsable, opinó.

En la misma línea, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés valoró a Salinas como “un gran ministro de Salud Pública” y un “buen piloto en la tormenta”, que logró que durante la pandemia “Uruguay fuera distinguido, gracias a la gestión” del ministro.

En tanto, la diputada del Frente Amplio Lucía Etcheverry se refirió específicamente al documento recientemente difundido por el ministro y valoró que, aunque “siempre es bueno que los gobernantes rindan cuentas al cerrar su gestión”, las acciones enumeradas por el ministro “no necesariamente están ni consolidadas ni cumplidas”.

En cuanto a la pandemia, dijo que “se reconoce el acierto” de haber buscado a la academia y a los científicos uruguayos para tomar decisiones pero, de todas maneras, resaltó que “hubo problemas serios que costaron vidas”, como el propio ministro “dijo en el Parlamento”. Por otra parte, en cuanto a la salud mental, un tema que Salinas también incluyó en el documento y sobre el cual remarcó algunos avances, según Etcheverry “no se ha avanzado” y es “uno de los problemas actuales más acuciantes” porque muestra cifras “que causan alarmas”.

Por último, consideró que “la política de salud pública se dio más en Torre Ejecutiva que en las definiciones de Salinas al asumir el cargo”. “Es una lástima, porque creemos que Salinas podría haber hecho mucho más”, sentenció.