La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) convocó a una conferencia de prensa este lunes para manifestar su postura sobre la situación de los exfuncionarios médicos y no médicos de Casa de Galicia. En la instancia, Jorge Bermúdez, el secretario general de la FUS, y Flor Constanzo, exfuncionaria de la institución médica, pidieron que además de discutir nuevas normativas en el ámbito parlamentario se cumpla con la Ley 20.022, que es la que se aprobó en 2022 tras el cierre de la institución y está vigente, y que suceda lo mismo con la Ley 19.690, que crea el fondo de garantía de créditos laborales ante la insolvencia de un empleador.
“Durante el tiempo de la discusión parlamentaria y de las negociaciones que se dieron en varias oportunidades, en el último tiempo, la federación mantuvo silencio” porque quienes “debían hablar” eran los trabajadores, sostuvo Bermúdez. En este sentido, agregó que ahora que “fracasó la concreción” de una nueva ley, y antes de que los trabajadores se queden sin nada, se está “reclamando que se instale en forma inmediata la comisión de seguimiento que pautó la Ley 20.022”. Al momento se sabe que “hasta junio 788 trabajadores no médicos ingresaron a diferentes instituciones”, pero luego no hubo seguimiento, por lo tanto, “no se sabe” cuál es la cifra actual de contrataciones.
Según el dirigente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) deben convocar de forma “inmediata” a la comisión y ordenar la bolsa de trabajo según el criterio de la normativa, que indica que se debe priorizar a los trabajadores que no tienen ningún empleo. Según las cifras de la FUS, “hay más de 200 que no están trabajando en ningún lado y deberían ser los primeros en ingresar a un lugar”, sentenció. 224 personas tienen un empleo que consiguieron por fuera de la ley.
Para Bermúdez, los tiempos de la discusión parlamentaria “son extremadamente largos” con respecto a los tiempos de las necesidades de la gente y, por ello, tanto el Poder Ejecutivo como los extrabajadores deben hacer que se cumpla la norma, que por ahora se cumplió de forma parcial.
Por su parte, Constanzo recalcó que “lo único que se está pidiendo” es que se cumpla la ley. Si mañana se vota otra iniciativa “que favorezca a los trabajadores va a ser acompañada”, pero la realidad de hoy es que la que está vigente es la que hay que hacer cumplir, y la comisión “debe ponerse a trabajar rápidamente”, afirmó. La situación de los exfuncionarios es “crítica” desde hace un año y diez meses, aún hay jefas de familia con hijos a cargo que no tienen ningún ingreso y “viven de lo que pueden juntar los compañeros”, contó.
Además de los adeudos, Constanzo recordó que no se han cobrado los despidos “a pesar de que hubo integrantes del Poder Ejecutivo que dijeron a la prensa que ya se pagaron”, porque los seguros de paro y los despidos “son cosas diferentes”. Agregó que lo que se cobró fue “parte de la liquidación” y “un porcentaje ínfimo” de los haberes que “se regalaron” por 15 millones de dólares.
Lo que pautó la Ley 20.022
La ley partió de un acuerdo tripartito entre las empresas, el gobierno y los trabajadores, y se promulgó en abril de 2022. En detalle, el Círculo Católico, el Hospital Evangélico, Universal, Cudam y Crami aportarían (cada una) 19 millones de pesos nominales al mes, a partir de los ingresos por los afiliados que incorporarían de la ex Casa de Galicia, a través del Fondo Nacional de Salud, para el pago de salarios a los trabajadores médicos.
En el caso de los trabajadores no médicos se pautó algo diferente. En un acuerdo bipartito con la FUS, se estableció la incorporación de 21 funcionarios no médicos por cada 1.000 afiliados. Entre el personal no médico se pautó darles prioridad para su contratación a las personas que sólo trabajaban en Casa de Galicia, jefas o jefes de familia con hijos menores o personas con discapacidad a cargo, y quienes residan cerca de las sedes de La Paz, Las Piedras y San José.
Según informaron en diálogo con la diaria integrantes de los dos gremios durante los últimos días, a la fecha aún están sin trabajo 495 funcionarios no médicos y unos 435 trabajadores médicos de los 682 que figuraban en la base de datos final.
Por el momento, de los tres proyectos que se presentaron durante las últimas semanas para que se pague lo adeudado a todos los exfuncionarios, el que sigue en carrera es el del Frente Amplio. Si bien la semana pasada no hubo cuórum en la cámara baja para tratar y votar el documento, la propuesta se encuentra en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados para que se modifique el artículo que establece que aquellos trabajadores que todavía no fueron contratados por ningún prestador sean absorbidos por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, algo que vuelve a la propuesta inconstitucional, porque desde el pasado viernes falta exactamente un año para las elecciones de octubre de 2024.