Hace menos de una semana que José Minarrieta es el nuevo presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), cargo que ocupará durante los próximos tres años. Minarrieta es integrante de Fosalba, la agrupación que hace por lo menos 20 elecciones obtiene la mayoría en el Comité Ejecutivo. El viernes, una vez más, la lista de izquierda triunfó en un marco electoral que se caracterizó por un intenso debate previo sobre la independencia gremial.
Minarrieta recibió a la diaria en la sede provisoria del SMU, que se encuentra a pocas cuadras de la sede oficial, la cual se encuentra en un proceso de remodelación muy ambicioso, para hablar de sus proyectos como presidente del gremio y a su vez evaluar la situación actual del trabajo médico, la condición del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y el diálogo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Junta Nacional de Salud (Junasa). También recordó el proceso de cierre de Casa de Galicia y sostuvo que existe “el temor” de que otras instituciones de salud estén encaminadas a un final similar, sobre todo, aquellas sobre las que es difícil conocer su situación económico-financiera.
El exdirector del hospital Maciel aseguró que aunque Fosalba obtuvo seis cargos en el Comité Ejecutivo, uno más que en el período anterior, la intención de la mayoría es “convocar a la oposición e intentar generar un gobierno con un consenso” que sea lo más amplio posible. Para el nuevo presidente, es fundamental que el gremio aporte ideas conjuntas a las fuerzas políticas que se presentarán a la próxima elección nacional, una iniciativa que ha sido histórica por parte del sindicato, que aportó propuestas, por ejemplo, para las bases del actual sistema de salud.
¿Por qué creés que Fosalba se quedó con la presidencia del sindicato una vez más?
En esta elección se reivindicó la herramienta gremial del SMU como una organización libre e independiente, algo que se discutió durante toda la campaña. Por lo tanto, creo que ahora es lógico interpretar que el resultado tiene que ver con esa discusión. Lo que se pensaba hacer desde una organización u otra no tenía muchas diferencias, pero en el plano de las herramientas para lograr los objetivos los médicos optaron por Fosalba con un apoyo fuerte, porque triplicamos a las demás organizaciones. Eso demuestra apoyo a la gestión que se realizó hasta ahora y a una gobernanza sin incidencias empresariales.
¿Hacia dónde se orientan las prioridades de la nueva presidencia del gremio?
En este momento vemos fundamental trabajar en las condiciones actuales del trabajo médico y los factores que hacen a ellas. Por ejemplo, hay 3.000 médicos a nivel público y unos 3.000 más en el sector privado que trabajan bajo régimen de dependencia encubierta, es decir, facturando de manera obligatoria pero sin acceder a muchos derechos, como licencias o seguridad laboral, entre otros. Sucede, además, que cuando se factura el cargo puede renovarse automáticamente, pero también puede suceder que no se renueve, o sea que peligra la estabilidad. Esto no quiere decir que 6.000 médicos trabajen sólo en ese régimen, porque la mayoría tiene otros trabajos, pero, de igual forma, es un número importante que está bajo esas condiciones.
Además de la sobrecarga laboral, ¿esta situación en qué repercute?
En otra de las preocupaciones, que es el bienestar. La cantidad de horas trabajadas y la situación de cada uno tiene relación directa con el estado psicofísico y con problemas de desgaste, salud mental, adicciones y muy poco tiempo para distensión personal. Además de una urgente necesidad de mejora en las condiciones de trabajo creemos que hay que crear políticas activas de esparcimiento, recreación y formación. Hay aspectos y servicios que el sindicato brindaba que es necesario reflotar, por ejemplo, el campo deportivo; hay que replantearse su utilización. También cuando hay problemas graves de salud mental el sindicato puede ser un nexo con el sistema de salud, porque hay algunas dificultades con respecto a la privacidad, como producto de que nos atendemos en los mismos lugares en los que trabajamos.
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¿Las condiciones actuales son consecuencia de un SNIS que está funcionando mal?
Las instituciones tienen que pensar cuáles son las mejoras o cambios que necesita el sistema. Sin dudas hay una crisis: carencias a nivel asistencial que aumentaron durante la pandemia, grandes atrasos en el sector público y privado, meses de espera para algunos especialistas –para psiquiatría infantil, por ejemplo–. Pero la crisis también se sustenta en otras situaciones. Algunas mutualistas han optado por buscar alternativas que hacen que se priorice la capacidad de pago del usuario; eso genera un desequilibrio, porque con dineros del Fonasa [Fondo Nacional de Salud] y algún extra algunos usuarios podrían acceder a servicios que otros con menor capacidad de pagos no pueden. Eso es intolerable dentro del sistema, algo con lo que no estamos de acuerdo. En todos estos problemas el SMU cree que tiene posibilidades de aportar una visión a las fuerzas políticas que se presentarán a la próxima elección nacional, algo que se ha hecho a lo largo de la historia y que aportó en todo momento; por ejemplo, para las bases del actual sistema de salud.
¿La crítica condición actual del trabajo médico que mencionás surge en la pandemia o viene de larga data?
Más allá de las impresiones, hay ejemplos evidentes de la precarización del trabajo que sí se acentuó con la pandemia. Hace muchos años había 3.000 médicos trabajando por Comisión de Apoyo en ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], ese número logró reducirse en un tercio y llegaron a ser 2.000 trabajando en esa condición antes de la pandemia. Fue un avance que, si se mantenía, iba a cuajar en algo importante. Pero retrocedió durante y después de la pandemia: durante, porque se necesitaba contratar personal, y, sin que nos pareciera bien, por contexto, aceptamos que eso fuera así. Ahora volvimos a los 3.000 médicos en el sector público que trabajan por comisión y eso también tiene que ver con las políticas que desarrolla el prestador, que son más baratas. A nivel privado es más heterogéneo, pero pasa. En las emergencias móviles del interior hay abusos basados en contratos precarios, el valor de la hora es muy malo. Puede haber mejoras: en la Rendición de Cuentas se planteó una presupuestación del trabajo médico que tiene sus riesgos, pero daría, por lo menos, la oportunidad de optar por la forma de contratación.
¿Cómo se va a encauzar la persecución de los objetivos para los próximos tres años?
En principio, aunque tenemos seis integrantes en el ejecutivo, algo que nos da la mayoría, queremos encarar una forma de trabajo que no utilice eso. La idea no es monopolizar el gobierno del sindicato, vamos a convocar a la oposición e intentar generar un equipo con un consenso que sea lo más amplio posible. Hay veces que habrá que resolver cosas por mayoría, pero la idea rectora será vincular a la oposición, convocarla, ofrecerle tareas y lugares de trabajo y funcionar de forma conjunta.
Las “heridas” que dejó Casa de Galicia
¿Cómo es el vínculo del SMU con el MSP?
Somos recibidos cuando queremos hablar con la ministra y con el subsecretario, y en muchos temas hemos tenido un trabajo conjunto, por ejemplo, en la salida ante el cierre de Casa de Galicia. Aun así, creemos que el ministerio debería ejercer un rol rector que no está ejerciendo. Lo mismo con la Junasa, la cual integramos como alternos de la FUS [Federación Uruguaya de la Salud]: vemos que tiene un funcionamiento muy por debajo de sus exigencias, se reúne de manera quincenal, con muchas reuniones que no se hacen, y técnicamente es el organismo que regula el sistema de salud, es el único que representa a trabajadores no médicos y médicos y empresas privadas y públicas, que a su vez integra al Banco de Previsión Social, al Ministerio de Economía y Finanzas y al de Salud. Es algo así como la dirección del sistema, y creemos que falta muchísimo trabajo.
¿Puntualmente en qué aspectos observan las carencias?
Cuando pedimos información, sobre todo, económico-financiera, de las empresas de salud, porque parece que fuera secreta. Si bien la Junasa es un organismo que administra fondos públicos y que, con discreción, son datos que los gremios que la integramos deberíamos tener con facilidad, lo que hemos visto es que los tenemos cuando los pedimos a través de una solicitud de acceso a la información pública. Eso se constituye en un problema, sobre todo porque demora y porque difícilmente los números se tienen cuando se necesitan.
En cuanto al cierre de Casa de Galicia, ¿qué impresión le quedó al SMU?
El tema Casa de Galicia dejó heridas. Entendemos que lo que se hizo a nivel gremial fue paliativo, para que los colegas no se quedaran sin ningún trabajo, pero aun así quedaron muchas cosas sin solucionar. En cuanto a la recontratación y a las prioridades que se establecieron hubo un resultado aceptable, pero todavía está en proceso. Por otra parte, es importante decir que si bien en el Consejo de Salarios se definió que las instituciones que absorbieron a los socios tenían que disponer de 19 millones de pesos mensuales para gastar en sueldos médicos, nunca se llegó a la cantidad de profesionales requerida para gastar ese dinero, por lo tanto, durante muchos meses, sobre todo los primeros, gran parte se lo quedaron los prestadores. Hubo una ganancia que no corresponde. Ese proceso todavía se está desarrollando, falta la evaluación final. En cuanto a la etapa de créditos preconcursales, es decir, los adeudos de la institución y los posconcursales –lo que abarca despidos y otros montos–, todavía no hay una solución aceptable. Hay dos vías: el fondo del BPS y el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que, si bien todavía no se presentó en el Parlamento, sabemos que es [un monto] menor a lo necesario. Contrario a lo que se maneja, consideramos que, en principio, deberían utilizarse los dos fondos y no uno de ellos.
¿Creés que se podría repetir esta historia con otro prestador?
Nuestra intención es que no pase lo que pasó con Casa de Galicia; aun así tenemos el temor de que en algunas instituciones pueda suceder algo similar, y por eso estamos alerta.