Auditoría interna en el hospital Maciel concluyó irregularidades en compras, contrataciones y gestiones sin autorización del directorio de ASSE

La auditoría interna y de gestión que se desarrolló en el hospital Maciel, a pedido del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en febrero de este año, concluyó que existieron irregularidades en compras, contrataciones innecesarias y gestiones sin autorización del prestador público.

La solicitud de la auditoría surgió tras presuntas irregularidades que se observaron luego de varios meses de conflicto con los anestesistas del hospital, lo que generó cambios en la dirección y en la comisión de apoyo del centro.

En el informe final de la auditoría, al que accedió la diaria, se aclara que el proceso se llevó adelante con el fin de “evaluar la utilización de los fondos” que recibieron tanto la comisión de apoyo como el hospital Maciel entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, que las compras que fueron aprobadas y ejecutadas por las autoridades del período se hayan gestionado a través de “buenas prácticas administrativas”, y que los fondos hayan sido utilizados para el centro y su comisión de apoyo.

El plan de trabajo se dividió en observar la gestión de los gastos financieros y los gastos materiales del período. Para ello, se realizaron entrevistas a diferentes autoridades de la dirección y la comisión y se hicieron recorridos por las plantas de cada instituto de medicina altamente especializada (IMAE). En resumidas cuentas, se evaluó “98% de los gastos” de acuerdo a su “razonabilidad y necesidad”.

Comisión de Apoyo del Hospital Maciel

Las conclusiones del informe señalan que la evaluación a la gestión de la comisión resultó “insatisfactoria” debido a que, en el período que se analizó, es decir, en poco más de un año, realizaron “contrataciones directas”, de las cuales 83% se hicieron “sin solicitar precios”, por alrededor de diez millones de pesos.

A su vez “se compró un inmueble por 260.000 dólares y se inició una obra por 80 millones de pesos” pero “sin autorización expresa del directorio de ASSE” y “sin la aprobación de la dirección de arquitectura e infraestructura”. Para financiar la obra, la comisión le solicitó al Banco de la República un préstamo de más de un millón de dólares y “ofreció como garantía dos inmuebles y una cesión de créditos” de los que ASSE le brinda a la comisión “para administrar los IMAE”, también “sin autorización del directorio”. El informe aclara que el banco “constató” la solicitud pero aún no otorgó el préstamo.

En las contrataciones de la comisión también se constataron irregularidades. En principio, en julio de 2022, se contrató a una contadora para “asesoramiento en materia de mejora de procesos de adquisiciones y almacenes” por 1.000.000 de pesos. El equipo de la comisión informó a los auditores que el objetivo fue “colaborar en la puesta en práctica de las recomendaciones realizadas por la auditoría”, pero de todas maneras se concluyó que se podrían haber realizado las consultas que fueran necesarias a la dirección de recursos materiales de ASSE.

También se consideró como “uso de fondo público para gasto no necesario” la contratación de un abogado penalista, por 250.000 pesos, con el fin de “realizar un análisis de la relevancia penal y disciplinaria que podían ser constatadas en las auditorías realizadas por la auditoría interna y de gestión”.

A su vez, 18.300 dólares se invirtieron en contratar a un contador para un “estudio de prefactibilidad y proyecto de inversión” para solicitar un préstamo bancario que tendría el objetivo de financiar “60% del desarrollo de una nueva planta física para los IMAE” de hemodiálisis y de diálisis peritoneal en el hospital Maciel. “Según se observa en el informe presentado por el contador contratado”, las proyecciones que utilizó para el flujo de fondos fueron proporcionadas por la comisión de apoyo, entonces “se entiende” que el gerente financiero del hospital y el contador de la comisión “contaban con los recursos necesarios para realizar el informe”.

Por otra parte, en la auditoría también se observaron otras contrataciones que se consideraron “innecesarias”, por ejemplo, se destinaron más de 100.000 pesos a un estudio de arquitectos, una suma similar se gastó en una consultora y se realizaron pagos mensuales de 25.000 pesos “a un proveedor de equipos biomédicos, sin recibir las facturas” correspondientes.

Funcionarios

A su vez, se detectaron irregularidades respecto a los funcionarios. Según relevamientos de la auditoría, sobre los informes que registran las horas realizadas por las personas que facturan mes a mes, “la administración de la comisión de apoyo no realiza un control horario” de lo informado por cada jefe de servicio del hospital, sino que “hace plena confianza” en cada documento firmado. Además, en los informes que los jefes entregan adicionalmente el reporte de cada jefe de servicio “no se basa en el sistema de registro de marcas”, sino “en planillas auxiliares de cada sector”.

“Cabe destacar” que la comisión adquirió un reloj para uso “exclusivo de sus funcionarios” y mensualmente paga 15.000 pesos “por un sistema de registro de marcas distinto al de ASSE”, pero “no es utilizado por todos sus funcionarios”, se señala en el informe.

A su vez, se constató que se utilizaron fondos en efectivo y la cuenta de banco de la comisión para brindar “préstamos a funcionarios del hospital”, a pesar de “no ser un mecanismo habilitado para funcionarios rubro 0”, es decir, los que luego de 18 meses de trabajo y tres evaluaciones pueden quedar presupuestados. “No es posible que se refleje en los recibos de sueldo y, por lo tanto, se dificulta su control posterior”, se detalla. La “única” documentación que existe sobre estos préstamos son las solicitudes de los funcionarios aprobadas por la dirección del hospital, pero en estas “no queda constancia de los términos del préstamo”, es decir, de los plazos y formas de devolución.

El 31 de diciembre de 2022 el saldo por préstamos a personal fue de 300.000 pesos. Existe una suma de más de 100.000 pesos de “préstamos no devueltos” correspondientes a 2020 y 2021, indicó la auditoría.

Por último, se observó que no están actualizados los registros contables para la cuenta de provisión de licencia de los funcionarios durante 2022 y que aún se mantiene “el mismo saldo que al cierre del ejercicio anterior”.