Casmu: mientras los socios reclaman información y participación, el MSP aguarda una “propuesta de reestructura” del prestador

La situación del Casmu no es clara para la mayoría de los actores vinculados a la institución, y la percepción del estado de las cosas genera discrepancias entre las partes. En la actualidad sus afiliados desconocen la situación económico-financiera, tampoco es algo conocido para el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), y el plan de trabajo de la mutualista es incierto hasta para el Ministerio de Salud Pública (MSP). Hace una semana la cartera citó a todo el consejo directivo del prestador y reclamó un plan de trabajo que detalle los proyectos planificados para 2023, con la intención de conocer cuáles son las proyecciones anuales de la mutualista.

El MSP otorgó a las autoridades del Casmu un plazo para presentar el plan de trabajo. El desconocimiento de un rumbo de inversión claro es uno de los motivos por los que el prestador aún no recibió la entrega correspondiente a la tercera y última parte del fideicomiso solicitado por el prestador. Hace dos meses, en diálogo con la diaria, Raúl Rodríguez, el actual presidente del Casmu, detalló que la solicitud tiene “distintos fines”; la primera etapa del pago se utilizó para “despidos incentivados y deudas que estaban atrasadas”, la segunda para “ponerse al día con los laboratorios” y la última será para “implementación de tecnología e infraestructura”.

Que se cumpla con el detalle de la situación de la empresa es la condición para que el prestador reciba entre 2,5 y 3 millones de dólares más, correspondientes a la tercera etapa de pago.

Antecedentes y alertas

Los primeros reclamos sobre la empresa comenzaron en diciembre de 2021, cuando trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) reclamaron haber sido despedidos sin un motivo claro. La situación de despidos y envíos a seguro de paro se prolongó incluso hasta este año, cuando los trabajadores informaron a la diaria que tenían sobre la mesa la posibilidad de solicitarle al Estado la intervención de la empresa.

El principal motivo de la iniciativa (que hasta el momento no avanzó), además de los 78 trabajadores despedidos y más de 200 enviados a seguro de paro, que además significó el incumplimiento de acuerdos colectivos, es el desconocimiento de la situación económica de la empresa. Según dijo a la diaria Sonia González, la presidenta de Afcasmu, “desde octubre” de 2021 los trabajadores les preguntan a las autoridades cuál es la situación económico-financiera de la mutualista y “la viabilidad” del proyecto, pero la empresa “no entrega un informe o un detalle con la situación actual”.

La preocupación de Afcasmu es compartida. El SMU es otro de los grupos que desde hace varios meses transmiten preocupación por la situación del prestador mediante varios reclamos. Ante el desconocimiento de la situación financiera, el gremio decidió solicitar la información a la Junta Nacional de Salud (Junasa), por varios motivos, algunos compartidos con la asociación de funcionarios.

Una de las mayores preocupaciones del gremio médico se sustenta en el incumplimiento de los convenios colectivos por parte de la empresa, en especial en lo que respecta al incumplimiento de parte del Casmu del “compromiso asumido en la reunión bipartita”, que se efectuó en setiembre de 2022, con relación a la “afiliación mutual obligatoria” que la empresa pide a los médicos y médicas para poder trabajar en la mutualista, que además “fue el comienzo de un período caracterizado por la inexistencia de mecanismos razonables de diálogo”, según un comunicado que emitió el sindicato.

Pasaron semanas y el gremio no obtuvo una respuesta de la Junasa. Ante la situación, el comité ejecutivo decidió hacer una solicitud de acceso a la información pública ante el MSP y le pidió una audiencia “de carácter urgente” a la ministra de Salud Pública, Karina Rando. El encuentro se efectuará hoy.

Sin participación

Los socios no son ajenos a la preocupación y en parte, según dicen, no están acostumbrados al escenario actual, que significa un vínculo cada vez más lejano con la realidad de la mutualista.

El artículo 27 de la Ley 18.211, que reglamentó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) en 2007, establece que la Junasa “contará con consejos asesores honorarios departamentales y locales”, que se integrarán con representación de “los prestadores que integren el SNIS, sus trabajadores y sus usuarios”. La función de los consejos se basa en “el asesoramiento, la proposición y la evaluación en sus respectivas jurisdicciones”, aunque sus informes y propuestas no tengan “carácter vinculante”.

Nelson Puyares, miembro del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada e integrante del grupo de usuarios del Casmu, explicó a la diaria que el consejo asesor fundado por la ley debe integrarse por dos representantes de la institución, representantes del grupo de médicos y no médicos y dos representantes de los usuarios. Puyares agregó que si bien nunca se estableció una reglamentación “clara” para la elección de los representantes de cada grupo, desde 2008, cuando se involucraron en temas vinculados a la mutualista y a los usuarios, el diálogo siempre “fluyó”, pero el panorama actual no es el mismo.

Según contó, “las autoridades actuales del Casmu son particulares” debido a que desde 2021 la institución tampoco les brinda a los socios integrantes del consejo documentación sobre la situación económica del prestador. Luego, desde fines de 2022, la institución fue “dilatando las reuniones” en las que también participaban los socios, y ya “no las convoca”.

El consejo “es un ámbito de análisis y discusión” en el que sobre todo “se vela por los intereses de los usuarios y los trabajadores”. La resoluciones “no son vinculantes”, pero siempre hubo “cierta armonía”, algo que “se terminó con las autoridades actuales”, que, entre otras cosas, son “autoritarias”, sostuvo. Según Puyares, antes hasta se convocaba a los encuentros “a los jefes de área para solucionar en conjunto los problemas que se reiteraban”.

Sobre lo que los afiliados perciben en cuanto a la situación de la mutualista, el representante de los usuarios dijo que, a entender del grupo, el consejo actual difunde en la prensa una situación que “no se ajusta a la verdad”, pero “lamentablemente”, como afiliados, no cuentan con información para contrastar.

El Casmu se ha transformado en un prestador con criterios netamente “empresariales”, su interés principal es tener una “gran estructura” y, al entender del grupo de usuarios, hace gastos “superfluos”, que no “están mal”, pero la buena atención de salud también, “y sobre todo”, pasa “por otra parte”, agregó Puyares.

En cuanto al acceso a los servicios, sostuvo que en muchas oportunidades el usuario se acerca a retirar “cinco medicamentos y se va con dos”, y además los “socios vip” tienen “prioridad de atención”, algo “inadmisible” en una institución que integra el SNIS. “Lo que nos interesa es que los usuarios Fonasa tengan atención de calidad y accesibilidad a costos adecuados”, sostuvo. “No queremos que suceda lo mismo que con Casa de Galicia”, concluyó.

Sólo faltan “algunos trámites”

Para Rodríguez, la situación del prestador es totalmente diferente y contraria a la que plantea el resto de los actores involucrados. Consultado por la diaria, al igual que en otras oportunidades, sostuvo que lo que sucede en el Casmu es un proceso de modernización y cambios, que el diálogo con el MSP “es fluido” y “se adjunta a la relación con los veedores de la cartera” que cada jueves concurren a la mutualista para solicitar documentos y monitorear la gestión. También agregó que no tiene por qué rendirles cuentas a los usuarios.

En cuanto a la última convocatoria del MSP, sostuvo que si bien “no se la esperaba”, por ahora la cartera les solicitó las medidas que se están ejecutando en el área “económico-financiera”, que luego va a migrar “al sistema de recursos humanos”. Agregó que para recibir una nueva parte del último fideicomiso solicitado sólo restan “algunos trámites”.

La remodelación “cambia la perspectiva de trabajo”, requiere menos personal y, ante esto, se llegó a un acuerdo con los trabajadores de “no enviar más personal al seguro de paro”, y quienes están serán reintegrados en la medida en que otros “renuncien o se retiren”. Lo que se está haciendo “significa un respiro económico” y reducción de costos en busca de ser “una empresa eficiente”, pero “sin bajar el servicio que se les brinda a los usuarios”, aseguró.

Sobre el consejo consultivo, que en parte está integrado por los socios, dijo que la institución “no tiene por qué” considerar sus aportes, porque esa participación “nunca se reglamentó” por medio de la Junasa. Aun así, durante varios años y hasta que los socios que integraban el consejo “se empezaron a sumar a la campaña de otros sindicatos”, eran recibidos en instancias de diálogo de la institución. Por otra parte, consideró que dos usuarios votados como delegados en asamblea “no es representativo de nada” dentro de los más de 180.000 socios que tiene la institución.

Respecto de las preocupaciones del SMU sobre la institución, señaló que “hace tiempo que no dialogan con la empresa” y que el diálogo fluido se terminó con el anterior presidente del gremio, Gustavo Grecco. Agregó que el SMU plantea cosas que “no son ciertas”, porque el Casmu “cumple con todos los indicadores de salud”.

En cuanto a la crítica del gremio ante la afiliación que el Casmu plantea como requisito a sus trabajadores médicos, dijo que “brinda tranquilidad al paciente” el hecho de que quien lo atiende “confía para sí en la institución que trabaja”.

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