Hace una semana la Cámara de Senadores aprobó por 18 votos en 25, sin el apoyo del Frente Amplio, el proyecto sobre consumo abusivo de drogas, que en resumidas cuentas establece la desintoxicación por voluntad anticipada.

La iniciativa en principio fue redactada por las diputadas Nibia Reisch (Partido Colorado) y Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) y refería sólo a la internación, mientras que la versión final establece que “toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, que padezca de adicción o consumo problemático de drogas, tiene derecho a expresar anticipadamente su voluntad consciente y libre (determinada así por profesionales médicos psiquiatras) de ser sometida al tratamiento adecuado e indicado de desintoxicación, ya sea en forma de internación o no”, siendo las condiciones y duración del tratamiento las indicadas por el médico y el equipo profesional tratante.

Desde la oposición fundamentaron la postura en contra del proyecto porque, entre otras cosas, puede “llegar a afectar derechos fundamentales de las personas con consumo problemático”, según argumentó el senador del Frente Amplio José Nunes (Partido Socialista), miembro informante en minoría.

En la misma línea de la oposición, y tal y como lo habían adelantado durante la discusión del proyecto, los especialistas alertaron que la iniciativa recientemente aprobada no es una solución y que, por el contrario, podría incrementar la gravedad de algunas situaciones vinculadas al problema.

“Otros caminos”

Por su parte, Gabriel Rossi, psiquiatra infantil y especialista en adicciones, expresó en diálogo con la diaria que el proyecto “no responde a una política con relación a las drogas”, sino a “un posicionamiento relacionado con las personas que están en situación de calle”, un estado para el cual en Uruguay “no hay una verdadera política” respecto de los tratamientos y la recuperación.

En la misma línea, agregó que cuando se considera el tema de las adicciones se debe tener en cuenta para su abordaje “tres grandes bloques”: la prevención, el tratamiento y la recuperación. Remarcó que el pilar fundamental para pensar en elaborar medidas es que “todo tiene que estar basado en evidencia”, algo de lo que “carece” el proyecto, al cual “no ampara la evidencia”.

La iniciativa plantea que “la persona involucrada se considere incapaz” y que después “va a estar agradecida”, supone que una “evaluación del riesgo es confiable” y que las medidas coercitivas “son efectivas”, pero estos elementos “no tienen apoyo concluyente en investigaciones”, agregó. Ante una “negativa” de la persona a tratar “no necesariamente se le da las garantías”, hay “otros caminos”.

En cuanto a las modificaciones al proyecto original, sostuvo que “no se escuchó a las sociedades científicas” y que los cambios se vinculan a “cuestiones políticas”, al igual que el apoyo a la iniciativa. Acotó que “no se planteó evaluarlo” y que es “un rédito político” que se basa en “tomar el clamor popular”. Sobre las argumentaciones políticas dijo que “la mayoría de las veces se basan en experiencias propias” o “de familiares cercanos”, pero es preciso “que se tenga en cuenta” que “no se puede esperar resultados positivos de legislar de esa manera”, ya que puede ser efectivo pero en casos “puntuales”.

Por otra parte, sostuvo que si se quisiera abordar el problema desde la raíz “hay que intentar” hacer un cambio de paradigma similar al que plantea la Ley 19.529 de Salud Mental, que hasta ahora “nunca tuvo presupuesto”, algo que también significó “un gran error político”, porque por la carencia de recursos económicos determinó que “no se haya podido llevar adelante”. Aun así, es un cambio que plantea que los pacientes “sean agentes activos en un mar de complejidad”.

Para Rossi, la recuperación “tiene que ser definida como un proceso de cambio” que mejore la salud. La ley aprobada el martes 9 plantea “una desintoxicación” y “si se cree que eso es la solución, no lo es”, puede ser el primer paso para tratar una adicción. Por el contrario, el cambio “tiene que ser desde un lugar en el que la vida esté dirigida” por cada persona, que se trabaje en la autonomía y en cuestiones vinculadas y “muy importantes”, por ejemplo, la vivienda y “un propósito en la vida y en la sociedad”. La recuperación a veces implica internación, pero “muchas otras, no”, concluyó.

“Cheque en blanco”

A su vez, Cecilia Baroni, psicóloga e integrante del Frente Antimanicomial y de Radio Vilardevoz, en diálogo con la diaria también expresó preocupación ante el planteo de la voluntad anticipada, que calificó de un “cheque en blanco”.

En primer lugar, mencionó que “los tiempos son complejos”, es decir, difícilmente habrá una coordinación eficiente entre las instituciones que participen en la intervención, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Poder Judicial, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio del Interior.

Remarcó que la iniciativa también “es vinculante” con la Ley de Salud Mental, aunque la recientemente aprobada tiene algunas carencias. La normativa sobre salud mental crea una comisión de contralor nacional que, entre otras cosas, “tiene el rol” de que en los casos en que exista una internación que implique “más de 45 días” haya que notificar y hacer un seguimiento “caso a caso” de por qué se decidió actuar de esa forma. Mientras tanto, la ley que considera la voluntad anticipada “generó un vacío en torno a los derechos”.

Baroni también consideró necesario que se forme a todos los especialistas y profesionales que integran los servicios que harán la intervención, para que puedan brindarse las garantías suficientes para no hacer “aún más violento” un proceso que “de por sí lo es”.

Pareciera que “si no hay internación compulsiva no hay otros dispositivos”, y los hay porque para los especialistas esta medida es “la falla de todo”, un recurso a utilizar cuando se agotó “todo lo demás” y ante “una falla total del sistema”. Según Baroni, parece que se quisiera solucionar “una problemática compleja” con intervenciones “rápidas y directas”.

Sobre la capacidad de los prestadores de salud para abarcar este tipo de internaciones, mencionó que por más que las instituciones soliciten una partida presupuestal específica para la implementación, no hay capacidad suficiente. Por ejemplo, en ASSE actualmente “todos los dispositivos” tienen tiempos de espera “de meses” porque la situación se agudizó con la pandemia y como consecuencia de la falta de presupuesto.

La propuesta “no brinda garantías” relacionadas con los derechos humanos de las personas y “estigmatiza a las personas en situación de calle”, resumió.

Artigas Pouy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, otro de los organismos que se manifestaron en contra de la propuesta, sostuvo en diálogo con la diaria que estamos ante una “implementación con varios vacíos”.

Agregó que, “aunque se pida presupuesto” en la próxima Rendición de Cuentas, en la actualidad “no hay espacios específicos y eficientes para internar”, y crearlos “lleva su tiempo”. “La voluntad anticipada es una retención” que tal vez “atenta contra los derechos humanos”, y que deja “en manos de la autoridad” una situación que no siempre tiene consecuencias “nefastas” o que sobrepasen “al propio adicto”.

Para Pouy, faltó “especificar cosas” y considerar otras, por ejemplo” si una persona intoxicada “automáticamente pierde todos sus derechos”.