Este martes la cámara alta discutió y aprobó con votos de todos los partidos el proyecto de ley sobre cuidados paliativos, que desde diciembre de 2021 cuenta con la aprobación de Diputados. Desde el comienzo de la jornada si bien los senadores emitieron sus consideraciones al principio y algunas fundamentaciones de voto sobre el final, estaba pautado que la propuesta obtuviera la sanción definitiva este martes.

El miembro informante fue el senador frenteamplista José Nunes, quien aclaró que, pese al acuerdo alcanzado en la comisión, “algunos colegas integrantes se reservaron el derecho de, eventualmente, en un futuro próximo, proponer alguna modificación que perfeccione la norma”. Resaltó, asimismo, que “el proyecto tiene el respaldo de la colectividad médica organizada y de la academia, que sostiene unánimemente la necesidad de la aplicación de los cuidados paliativos y entiende oportuno la aprobación de un marco legal que refuerce y consolide el acceso a los mismos”.

Nunes recordó que la Sociedad de Medicina y Cuidados Paliativos fue la que impulsó el proyecto, “considerando la necesidad de extender la cobertura a toda la población que hoy no se beneficia” de esta, y el proyecto recibió el respaldo del Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior, la Sociedad de Psiquiatría, el Colegio Médico, la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo. Asimismo, “tanto las autoridades del Ministerio de Salud Pública como de Administración de los Servicios de Salud del Estado destacaron su acuerdo con el texto en consideración y la importancia de aprobarlo”.

Sobre el contexto en el que se enmarca esta iniciativa, el legislador socialista señaló que “ha habido notorios avances desde 2008, cuando prácticamente no se consideraba una necesidad” a los cuidados paliativos, hasta llegar a la “cobertura actual de más de la mitad de la población” y la contemplación de este servicio “como objetivo del Sistema Nacional Integrado de Salud”. Sin embargo, “y sin desconocer que nuestro país se encuentra en una posición destacada en este tema en comparación con otros de la región, nuestro sistema de salud tiene todavía un debe importante en la cobertura de esta necesidad”, planteó.

Con base en los últimos datos del Ministerio de Salud Pública, Nunes indicó que “existe una realidad heterogénea en cobertura, acceso y calidad” de los cuidados paliativos, y “subsisten inequidades que no dependen de la falta de respaldo legal, sino de un conjunto de elementos que sostienen las diferencias de atención”. Estas, explicó, “se encuentran fundamentalmente ligadas a las diferencias económicas de los usuarios, diferencias de género, edad, lugar de residencia, etcétera”. “Como siempre, el interior y las zonas más alejadas de los centros urbanos son los lugares más desprotegidos”, subrayó.

Por su parte, la senadora nacionalista Carmen Asiaín planteó que es necesario “despegar los cuidados paliativos de la enfermedad terminal” y “hacerlos ingresar a los servicios de salud mucho tiempo antes”, porque eso los hace “más efectivos”, ya que les da el rol de acompañamiento. Para ello, sostuvo, es importante contar con equipos formados, con los materiales suficientes y, sobre todo, con profesionales que puedan educar paliativistas. Asiaín señaló que otro de los beneficios de los cuidados paliativos tiene que ver con la reducción de costos en el transcurso del tratamiento del paciente.

El abordaje desde los cuidados paliativos “apunta a la familia y al entorno”, es decir, que no sólo se centra en el paciente, destacó la legisladora, y agregó que va “más allá de la salud física”, para quitar “culpas” a las familias.

Específicamente sobre el proyecto, la senadora remarcó que la regulación propuesta habla del derecho de las personas en todas las dimensiones, de los formadores y de quienes brindan los cuidados. Sobre la referencia a lo espiritual –que se eliminó en la Cámara de Representantes, pero que ella promueve– dijo que, además de la Constitución, es una referencia que surge de la ley que regula los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de la salud, que tiene que ver con concebir “al ser humano en todas las dimensiones”.

Con los cuidados paliativos es posible “la eliminación del sufrimiento del paciente” y que “haga las paces con su vida, su familia y su conciencia”, finalizó Asiaín.

El proyecto

En su primer artículo, el proyecto declara “el derecho universal a recibir atención de cuidados paliativos a todas las personas que padecen enfermedades graves, progresivas y avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos, que presentan múltiples síntomas severos, cambiantes en el tiempo que impactan en la autonomía y en la calidad de vida por la carga sintomática o psicológica, discapacidad o dependencia que generan, y limitan su pronóstico vital”.

El artículo segundo establece que el objetivo de la ley es garantizar este derecho, que no solamente involucra a la persona que padece la enfermedad, sino también a su familia.

Entre los cometidos de la norma se propone garantizar la continuidad de la atención en todos los ámbitos asistenciales, edades y niveles de atención, respetando el principio de no abandono, disminuir el sufrimiento de las personas mediante un adecuado control del dolor y otros síntomas; promover el bienestar de familia y cuidadores, incluyendo la atención al duelo; respetar el derecho a la información veraz y suficiente en la toma de decisiones, entre otros.

La norma establece los deberes de los prestadores de salud referidos a esta prestación y los derechos de los pacientes a tener una información oportuna, de calidad, para la adopción de decisiones.

Si bien el documento aprobado no coincide totalmente con la idea de cada legislador y según expresaron varios de ellos en otro escenario hubieran agregado algunos conceptos que se quitaron en otras etapas de la discusión, el consenso final fue el de aprobarlo este martes y en todo caso, más adelante proponer una nueva propuesta que contemple esos puntos.

Para la implementación, la etapa siguiente y el “desafío más importante” a partir de ahora, la Rendición de Cuentas pasada le otorgó a ASSE 40 millones de pesos para inversión en el área. En varias instancias parlamentarias las autoridades del prestador público adelantaron que parte del monto lo invertirán en capacitación.

Se establece un plazo de 180 días para su reglamentación.