Ambiente y producción

Vecinos de Colón entregaron cartas dirigidas a autoridades donde transmiten su preocupación por los impactos del megaemprendimiento; organizaciones uruguayas piden extender la puesta de manifiesto de la viabilidad ambiental de localización presentada por la empresa en el Ministerio de Ambiente

La empresa inició los trámites ante el Ministerio de Ambiente para construir su planta de combustibles sintéticos y afirma que el río Uruguay puede abastecer la demanda de agua de manera “sustentable”; sin embargo, la documentación presentada también evidencia posibles impactos en el territorio

Artículo del presupuesto busca que algunos plaguicidas paguen Imesi; mientras autoridades sostienen que sus precios “están bajando” y que se necesitan herramientas para “promover la transición del sector agropecuario hacia modelos más sostenibles”, las gremiales agropecuarias manifiestan su rechazo

Para el diputado nacionalista Federico Casaretto se trata de una “solución pasajera” porque se necesita comprar una pieza que "dé garantías a largo plazo".

Las reparaciones efectuadas luego del derrame que se produjo durante una descarga del buque Eagle San Francisco requieren “ajustes adicionales” y se espera la asistencia de técnicos extranjeros, informó la empresa.

Tras una larga historia de protección ambiental del territorio, al enterarse de que un barrio privado pretendía instalarse en predios cercanos a la desembocadura del arroyo Solís Chico, la comunidad decidió proponer una alternativa

La titular de la Dinara dijo que están trabajando en un Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola para consolidar una política de Estado de gestión de los recursos hidrobiológicos del país

Francisco Legnani, intendente de Canelones, planteó la idea durante su asunción; sin embargo, más de 100 organizaciones manifestaron su rechazo y esperan que un informe elaborado por académicos defensores de la costa sea tenido en cuenta durante la discusión.

La cartera informó que los privados, entre ellos un político influyente de la zona, incumplieron el decreto que establece que toda aplicación debe realizarse sin que se produzca deriva; el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial evalúan la situación.

El organismo determinó la medida provisional luego de recibir una denuncia; las compañías que buscan aplicar sísmica aún no tienen autorización ambiental, pero la sociedad organizada advierte que supone un “retroceso en materia de cambio climático, protección ambiental y derechos humanos”.