Nacional

La tasa de suicidio en Uruguay es de las más altas del continente. En 2009 se autoeliminaron 537 personas, 95 de las cuales tenían entre diez y 24 años. Parte de las acciones previstas para combatir las altas tasas pasan por desterrar mitos, brindar mejor contención sanitaria y prestar atención a un dato que se desprende de los casos estudiados: buena parte de las personas que se suicidaron habían anunciado su intención.

El clima de “unidad nacional” tan pregonado por el presidente José Mujica parece alcanzar también a los entes autónomos y servicios descentralizados. Los jerarcas blancos y colorados que asumieron hace menos de un mes destacan que pueden acceder a la información y en la mayoría de los casos comparten los objetivos del gobierno, incluso en asuntos otrora polémicos. Con esta buena sintonía, no hay “ninguna voluntad” de conformar una investigadora de entes ni de pasar a la Justicia las conclusiones a las que arribó la que funcionó durante el período pasado en Diputados.

“La tortura comienza siendo para el gobierno del señor Juan Bordaberry, dictador actual, y para los militares como un arma de lucha destinada a obtener información. [...]. Todo el aparato militar está destinado, por consiguiente, a perfeccionar los medios que sometan al hombre a un sometimiento siempre creciente, de tal modo que reducido a la impotencia, quebrado física y espiritualmente, termina por decir lo que no quería decir [...]. El ejercicio de la tortura es una actividad planificada, una conducta consciente, originada en los altos mandos, consentida, cuando no inspirada, por el propio señor Bordaberry”. El párrafo forma parte de la denuncia que Zelmar Michelini realizó ante el Tribunal Russell II, celebrado en Roma el 10 de marzo de 1974.

En el libro El derecho a migrar, en el que se contemplan aspectos actuales e históricos del fenómeno migratorio, se desarrolla la tesis del derecho a migrar internacionalmente como un derecho humano fundamental incorporado a las leyes establecidas a escala universal. Sin embargo, son muchos los países que no reconocen ese derecho y aprueban leyes para restringir el ingreso de los extranjeros.

En el entendido de que las inversiones son el motor del desarrollo productivo, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, aseguró que se mantendrán los niveles de inversión pública y se fomentarán las asociaciones público-privadas. En esa línea, se refirió a los proyectos estratégicos de recuperación de la red ferroviaria y de mejora en las terminales portuarias, pero también a la necesidad de mejora y mantenimiento de las rutas nacionales, lo que en algunos casos se podría financiar con peajes pero en otros requerirá subsidios estatales. Así lo manifestó el jerarca en un desayuno de trabajo organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, donde valoró como “injustas” las imposiciones que los países de la OCDE hacen a Uruguay.

Estados Unidos (EEUU) aprobará hoy una de las mayores reformas financieras de su historia e intentará controlar más de cerca a las instituciones que puedan representar una amenaza para su economía. Mientras tanto, las principales entidades financieras que operan desde Wall Street ya están poniendo el grito en el cielo porque creen que la reforma tendrá costos billonarios para sus intereses. Sin embargo, el presidente Barack Obama cree que la aprobación por parte del Congreso de su plan de reforma terminará con una desenfrenada especulación financiero-bursátil que condujo a la peor crisis económico-financiera global después del crack de 1929. Simultáneamente, Europa también amplía la regulación sobre el sistema bancario y aprueba nuevas garantías para sus ahorristas.

En una entrevista con Emiliano Cotelo y Juan Andrés Elhordoy emitida ayer por El Espectador, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, consideró “esencial” que se defina un protocolo de actuación de los guardias en situaciones de emergencia como la que causó la muerte de doce presos en Rocha. Está bien, pero hay que preguntar, además, cuánto tiempo hace que deberían haberse establecido criterios para la emergencia crónica de todo el sistema nacional de cárceles.

UTE realizó la apertura de los sobres con las ofertas para la licitación dirigida a interesados en producir entre 30 y 50 megavatios (MW) de energía eólica hasta llegar a un tope de 150 MW entre todas las propuestas. Fueron presentadas 22 ofertas por 945,6 MW entre todas, superando en más de seis veces el máximo a dar en concesión aunque el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, explicó a la diaria que si el costo de generación “es conveniente” pueden adjudicarse más permisos para producir, “incluso sin hacer una licitación”. “El marco regulatorio lo permite en la medida que haya una licitación en la que se hayan fijado precios, y ésta es la licitación que fija los precios”, precisó el jerarca.

El Senado dio ayer sanción definitiva a la Ley de Emergencia Carcelaria. Se habilitaron así casi 14 millones de dólares para la construcción y refacción de establecimientos carcelarios, el realojo en unidades militares de reclusos de menor peligrosidad y la creación de hasta 1.500 cargos destinados a la Dirección Nacional de Cárceles.