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Sin derecho de admisión

Luego de ser rechazadas en la puerta del boliche La Bámbola, aunque las tres tenían entrada, y esperar más de una hora que el dueño del lugar les explicara por qué no las dejaban pasar a la pista, Collette Richard, Florencia Soto y María Pía Vianessi presentaron el miércoles 8 una denuncia por discriminación ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Honoraria contra el Racismo y la Xenofobia y toda forma de Discriminación.
Fernando Tomasina, decano de Facultad de Medicina; Luis Puig, de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados; y Fredy
Spontón, del Departamento de Salud Ocupacional de la Universidad de la República, durante la presentación del proyecto de ley de
regulación del trabajo en régimen de turnos, ayer, en la sede del PIT-CNT. Foto: Mauricio Kühne
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Cuesta vida

Las reivindicaciones laborales siguen creciendo en raíces. En el último año, con la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador como primer antecedente, se puso sobre la mesa el debate de la salud y la seguridad laboral, una rama de las demandas de los trabajadores que todavía no estaba lo suficientemente madura para dar frutos. Ayer, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT abrió, mediante una mesa de debate, el camino hacia un proyecto de ley que regule el trabajo en régimen de turnos, advirtiendo que este tipo de organización laboral -sea integral o rotativa- “genera numerosos efectos negativos sobre la salud” de la fuerza laboral.
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Por otro lado

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se pronunció acerca del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por la empresa DirecTV. Díaz estableció que 13 de los artículos impugnados por la empresa no contradicen la Constitución de la República, que nueve de ellos lo hacen parcialmente, y que cinco son inconstitucionales (los artículos 39, 40, 55, 180 y 182). El dictamen será tenido en cuenta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero no es vinculante.
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No hay derecho

A raíz de el conflicto de los judiciales procesos que antes duraban semanas ahora llevan meses. Y no hablamos de demandas por cobro de pesos ni de sucesiones por significativos patrimonios, sino de niños y niñas que no reciben sus pensiones alimenticias, personas sin recursos que no reciben sus prestaciones sociales, padres que no ven a sus hijos y tenencias de menores no resueltas. Todo esto deja en evidencia que nuestro Poder Judicial requiere, de forma inexcusable, una revisión reflexiva, no sólo de parte de los operadores sino de toda la sociedad, a la que tendría que deberse como poder legítimo del Estado.
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Amigos son los amigos

La empresa multinacional estadounidense DirecTV es la única que hasta el momento presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hizo mediante un escrito de 88 páginas en el que impugna 27 artículos de la norma, que, según sostienen, contradice artículos de la Constitución y de varias convenciones internacionales.
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La judicialización de la ley de medios

Muchos juristas cuestionan las sanciones establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando su texto es casi una copia de la Ley 17.296 que promulgó Jorge Batlle, y sancionar era hasta ahora competencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. ¿Alguno de ellos, demandantes y abogados, denunció al Partido Colorado por impulsar y votar una ley inconstitucional en 2001?
Foto: Raúl González
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Tu propia calle

Ejido se corta (como cientos de calles y avenidas) en trozos de personalidad. Se podría decir que desde La Paz hasta Paysandú o incluso hasta Uruguay tiene poco carácter o más bien uno estrictamente masculino. Sé que suena raro y que esta afirmación no va con todas las teorías de la deconstrucción de género, pero si se observa bien hay mucho de eso en esas cuadras.
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La historia oficial

En los propios años 80, durante el proceso de convocatoria al referéndum, hubo cuestionamientos a la historia oficial, que se articuló con base en tres grandes postulados. Luego de 1996 fueron emergiendo otros, como las repercusiones del caso Tróccoli, las gestiones de Rafael Michelini, la influencia argentina y las sucesivas ediciones de la Marchas del Silencio, hasta que en 1999 explotó el caso Gelman. Acto seguido, algunas de las medidas promovidas por los gobiernos de Jorge Batlle y Tabaré Vázquez pusieron en evidencia fisuras en la sólida hegemonía que había alcanzado hasta entonces el relato sanguinettista.