Posturas

Si se pretende mantener el proyecto de LUC, debería reconocerse ante la ciudadanía la intención de eliminar la autonomía del sistema educativo nacional, garantía de separación respecto de los vaivenes políticos.

Parece claro que la estructura institucional de la administración pública es demasiado importante como para que el Poder Ejecutivo la pueda cambiar a espaldas del Parlamento.

Parece desnaturalizarse el criterio de la racionalidad y la proporcionalidad, que son los mojones de la delgada línea que separa la legítima defensa de los excesos de la justicia por mano propia y la venganza privada.

El Estado es garante principal de los derechos de todos, y el comunicado del gobierno legitima los “pretextos” para que niños, niñas y jóvenes no vayan a clase, desestimando su derecho a la educación.

La LUC implica el desmantelamiento de políticas del Estado de bienestar desde épocas batllistas y de pronunciamientos claros de la ciudadanía a través de plebiscitos.

Si el Presidente de la República Oriental del Uruguay determina que la concurrencia no es obligatoria, ¿cómo se hace en la vida real de un docente, en la práctica, para que la educación sea obligatoria?

La LUC plantea desalojo para buenos pagadores en 30 días, cuando hoy es en seis meses o un año. Y se plantea desalojo por falta de pago a los seis días hábiles.

En el marco de la pandemia, entre visillos, silenciosamente, se vacía un lugar de protección de derechos. La excusa del achique del Estado sin empobrecer las políticas sociales muestra otra vez su falacia.

Sería interesante aprovechar esta oportunidad para plantear, como otro gran objetivo de esta disciplina, abandonar el adultocentrismo. Ese pensamiento que por definición deja afuera al niño y al adulto-mayor.

Hoy los estudiantes ven avasallado su derecho de acceso a la educación por una quita importante en partidas destinadas al subsidio del boleto.