Se puede cooperar manteniendo en alto nuestros principios: no intervención y autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de los Estados, defensa de la democracia y los derechos humanos.
Si la salud mental es realmente prioridad nacional, la coherencia entre discurso y práctica debería ser visible en el momento más crítico de todos: cuando una persona pide ayuda para seguir viviendo.
Resulta pertinente establecer un hilo conductor entre pasado y presente y exigir medidas que complementen a las que ya se implementaron hace un tiempo y que, cada cinco años, no hagan tabla rasa en materia de protección a la infancia y adolescencia.
La diferencia entre una apertura que fortalece las empresas públicas y otra que introduce una cuña para debilitarlas gradualmente no está en el porcentaje del capital que se cede.
Si de verdad aspiramos a una democracia con soberanía real, no podemos seguir naturalizando las formas de presión e intervención de Estados Unidos en la región.
En un mundo marcado por la incertidumbre y la disputa geopolítica, apostar al desarrollo productivo nacional no es una consigna ideológica, es un mandato ineludible.
El argumento principal de esta ola prohibicionista es que las redes sociales supuestamente dañan la salud mental de los adolescentes. Pero la evidencia científica es heterogénea y contradictoria.
La revolución de las cosas complejas exige también una razonable autocrítica por parte de los principales responsables estatales, antes de que tengamos que lamentar más ciudadanos muertos en alguna calle.