Agua potable

El documento elaborado por el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura aborda aspectos normativos, ambientales y territoriales; define que la iniciativa debe ser evaluada “por su sostenibilidad ambiental y social a largo plazo” y también hace recomendaciones.

Vecinos no descartan tomar medidas judiciales para proteger la laguna, y privado afirma que no tiene que tramitar permisos en el Ministerio de Ambiente; informe de la cartera ambiental advierte que es necesario “no seguir presionando aún más la principal fuente de abastecimiento de la Costa de Oro”

El ministro de Ambiente compareció en la comisión del Senado en el marco del presupuesto y anunció que este mes se detallarán “los planes y lugares específicos” de las nuevas obras de saneamiento, en el marco de la readecuación del plan del anterior gobierno.

La nueva normativa permite que cuerpos de agua tengan “protección especial”, incorpora el agua subterránea, obliga a las actividades económicas a que elaboren su huella hídrica, crea “perímetros de protección” alrededor de perforaciones destinadas al abastecimiento de poblaciones y establece multas.

El secretario de Presidencia señaló que el documento contempla las obras anunciadas en la cuenca del Santa Lucía y en el Solís Chico, y próximamente irá al Tribunal de Cuentas para su consideración

Investigación que evaluó la exposición, sensibilidad y capacidad de hacer frente a las sequías en Sudamérica arroja que Uruguay es “uno de los países menos preparados del continente” ya que no cuenta con “un plan de sequía” y porque gran parte de las “tierras agrícolas” carece de sistemas de riego.

Redes-Amigos de la Tierra señala que la represa tendrá impactos que deben ser “estudiados para su prevención y reparación”, destaca la importancia de la obra para garantizar el derecho al agua potable y pide crear un espacio para acordar el diseño, planificación y gestión del área protegida.

El Ejecutivo y Aguas de Montevideo fijaron como nuevo límite el 30 de setiembre para concretar el acuerdo

El alcalde pidió al Ministerio de Ambiente y OSE que informen a la población “preocupada”, Sebastián da Silva plantea que la situación se “resuelve con abogados”, y diputados del Frente Amplio transmiten “tranquilidad” de que se realizarán nuevos estudios para evaluar impactos.