Derechos Humanos

La pancarta que encabezará hoy la marcha llevará por consigna “¡Basta ya de impunidad! Verdad y justicia”, un pedido que “lamentablemente sigue vigente”, expresaron integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos. A 20 años de la primera movilización, a 30 del retorno a la democracia y a 40 de que algunos de los parientes de detenidos desaparecidos comenzaran a organizarse para buscar a sus seres queridos, Familiares criticó el accionar del Estado.

Entrevistados por la diaria, varios integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) hablaron de los trabajos que están realizando desde ese ámbito, como la grabación de un spot en el que varias personalidades de la cultura y el deporte explican por qué consideran importante concurrir a la 20ª Marcha del Silencio, que se realizará mañana.

La pregunta sigue siendo cómo se hace el duelo a un desaparecido: al hijo, al hermano, al abuelo desaparecido. La pregunta es también cómo se hace el duelo a los efectos del terrorismo de Estado que respiramos hasta hoy. En la sede de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos, la palabra “impunidad” aparece otra vez en la consigna para marchar el miércoles 20, como en 2006 y 2012. “En la medida en que no se avanza sobre estas causas, la impunidad es cada vez mayor", afirma uno de sus integrantes.

El Observatorio Luz Ibarburu criticó la absolución del ex policía Ricardo Zabala por el caso Julio Castro.

Los cadáveres de Laura Raggio y Silvia Reyes, asesinadas -junto a Diana Maidanic- por un comando de las fuerzas conjuntas en una vivienda ubicada en Mariano Soler 3098 bis, serán exhumados para probar que fueron acribilladas durante la madrugada del 21 de abril de 1974.

La causa colectiva por torturas en la sede de los Fusileros Navales (Fusna) de la Armada Nacional y en un sótano de la Prefectura Nacional Naval en plena dictadura entra en la recta final previa a que los imputados sean llamados a declarar. El abogado que representa a la víctimas, Pablo Chargoñia -en coordinación con el equipo jurídico formado en torno al Observatorio de Derechos Humanos Luz Ibarburu-, solicitó a la sede que se fijen audiencias para las diez víctimas que aún no han comparecido. Más de 40 ya lo hicieron.

Los debes en el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman versus Uruguay, los “muros” más allá de la anulada Ley de Caducidad, la “impunidad cronológica” y los desafíos frente a un nuevo gobierno de Tabaré Vázquez son algunos de los temas abordados en esta entrevista con el abogado Pablo Chargoñia, referente del Observatorio Luz Ibarburu, una red de organizaciones sociales que patrocina una treintena de causas y da seguimiento a los casi 250 expedientes judiciales vinculados con las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura a partir de una base de datos única de acceso público.

“Hacia afuera, la política de Uruguay en materia de derechos humanos es proactiva y positiva, pero falta hacerla carne en el cotidiano”, sostuvo Mariana Labastie, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, organización que presenta hoy su informe anual 2014-2015, que establece desafíos para el nuevo gobierno.