Hidrógeno verde

El intendente sanducero se reunió con el presidente y dijo que es “más fácil sentarse y conversar que tirar piedras desde afuera”.

La economista especializada en Economía Ecológica conversó con la diaria sobre por qué la energía es “multicolor”, cómo las tecnologías verdes corren el peligro de reproducir las mismas dinámicas que el extractivismo tradicional, los bonos de carbono y alternativas para pensar futuros posibles.

La compañía, tras negociaciones, consiguió la aprobación del Ministerio de Ambiente para la recategorización de padrones ubicados frente al río Uruguay e islas del Queguay; en su proyecto inicial la empresa preveía talar 110 hectáreas de monte nativo, cantidad que ahora se redujo a 33.

Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales insta a que el país “refuerce su rol regulador” para asegurar que empresas cumplan sus “obligaciones”, en referencia a derrames de UPM, la contaminación en la cuenca de la laguna Merín y más

Planteo se suma a voces de la sociedad civil y autoridades sobre la localización de la planta; informe del Ministerio de Ambiente se opone a tala de 110 hectáreas de bosque nativo en el sitio y subraya que la zona es “un área de alto valor para la conservación de la biodiversidad”.

Publicación académica aborda los riesgos de que el hidrógeno verde se convierta en una nueva forma de colonialismo extractivo que perjudique al Sur Global y reseña las vías para que se constituya en una transformación valiosa.

En su comparecencia al Senado, la ministra de Industria informó también que se buscarán “los mayores consensos” en el tema del hidrógeno verde

La iniciativa busca salvaguardar las islas San Francisco y otros dos padrones e impedir “cualquier construcción con fines industriales” en el territorio en el que pretende instalarse la planta de combustibles de HIF Global

Organizaciones indígenas y defensoras ambientales piden una reunión de la Comisión del Sistema Acuífero Guaraní en forma “urgente” y “presencial”; exigen que se cumpla con el derecho a la participación en asuntos ambientales establecido en la Constitución y el Acuerdo de Escazú

La cartera pidió explicaciones a la empresa sobre por qué realizó un “estudio de disponibilidad de agua (subterránea y superficial) para una demanda superior al consumo indicado” y señaló que los elementos faltantes “no permiten una total comprensión del proyecto y evaluación de los impactos asociados”