Trata de personas

Se trata del empresario Martín Gorrochategui, quien rechaza la acusación de la fiscalía y espera que su causa se defina en juicio oral.

La causa investiga una organización dedicada al tráfico de personas, en su mayoría peruanos y argentinos.

El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, que acompaña a las familias, asegura que en estos cuatro años tanto la Fiscalía como el Departamento de Personas Ausentes del Ministerio del Interior “siguen sin dar una respuesta adecuada” y califican el accionar del Estado en términos de “indiferencia” e “ineptitud”.

La Justicia imputó a seis personas y fueron identificadas más de 50 víctimas

Recomiendan asignar un presupuesto específico, revisar el marco jurídico, centralizar estadísticas y aumentar la búsqueda de indicadores de trata entre poblaciones vulnerables, migrantes y tripulantes extranjeros

Cocolandia parecía un bar. Era un centro de trata manejado por un hombre que explotó a adolescentes durante años.

En el Día Mundial contra la Trata, la directora del organismo reconoció que “el Estado no da la respuesta que los estándares nos exigirían”; mientras tanto, la gestión del servicio de atención a víctimas sigue arrastrando problemas desde la administración anterior.

El Ministerio Público de Trabajo de ese país informó que los empleadores utilizaron las redes sociales para establecer contacto con las víctimas, a quienes les ofrecieron “falsas promesas de trabajo y apoyo”

Especialistas de varios organismos ofrecieron herramientas en talleres abiertos, sabiendo que los casos aumentan durante las temporadas de verano y que “ninguna persona” está libre de ser víctima.

Las activistas profundizaron en las características de los casos según los diferentes territorios, los dispositivos que existen, las dificultades que enfrentan y algunas de las deudas que tiene el Estado, en un conversatorio organizado “en clave regional”