La Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas) decidió postergar el control obrero de MontevideoGas, previsto para el lunes 25 de marzo, para el 1° de abril. El sindicato tomó la decisión tras recibir una propuesta de parte del Poder Ejecutivo de avanzar en iniciativas de mejora de la ecuación económica del sector del gas, a nivel del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y buscar soluciones en la tripartita laboral que promuevan una reestructura funcional y el reintegro de los 20 trabajadores que están actualmente en seguro de paro. Para esto, se solicitó al sindicato una semana de prórroga y se fijó una nueva audiencia tripartita para el jueves 28.
El dirigente de Uaoegas, Alejandro Acosta, dijo a la diaria que el control obrero fijado para el 1° de abril se cancelará si en la próxima semana se empiezan a “concretar” avances o soluciones; de lo contrario se ejecutará la medida. Mientras tanto, el sindicato tiene fijadas reuniones con la bancada de diputados y las bases del Frente Amplio para trabajar sobre este conflicto en la Mesa Representativa.
La Confederación de Cámaras Empresariales celebró la decisión del sindicato de postergar el control obrero, alegando que, de realizarse, se estaría ante “una violación del ordenamiento jurídico” que traería además “graves consecuencias para el clima de inversión”. El presidente, Gerardo García Pintos, dijo a la diaria que desde las cámaras empresariales se hicieron gestiones previamente con el gobierno y con los sindicatos “tratando de dar una mano para que esto no ocurriera”.
García Pintos expresó que “no hay legislación que ampare medidas de este tipo” y que de llevarse a cabo “el Poder Ejecutivo no tendría más remedio que actuar en consecuencia, con un desalojo”. Además, dijo que afectaría el “buen clima de inversión necesario” porque “en el mundo no existe que se desplace a un empresario de la dirección de su empresa”. Además, señaló que Uruguay está atravesando “problemas de baja rentabilidad y atraso cambiario” que han llevado a muchas empresas a cerrar en los últimos años, y que si a esto se le suma “un clima de conflictividad exacerbada”, las empresas pueden reaccionar contratando menos gente o sustituyéndola.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, afirmó que el gobierno no permitirá el control obrero ya que “el decreto 165 –que nunca ha sido cuestionado por el movimiento sindical– es muy claro en cuanto a la diferenciación entre una ocupación y un control obrero”, y afirmó que se está “trabajando para evitar la resolución adoptada por el sindicato”.