El artículo 48 del proyecto de ley Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, más conocida como ley de medios, dice que “los titulares de licencias de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a internet mediante el empleo de sus redes propias o de recursos que contraten con terceros [...] Los operadores públicos de telecomunicaciones que sean titulares de infraestructura [Antel], así como de redes de telecomunicaciones, prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de televisión por abonados que operan mediante cable en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”. Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), en entrevista con la diaria, dijo que es el Poder Ejecutivo el que está presionando para que esa ley se apruebe, y aseguró que se trata de una privatización encubierta.

¿Cómo afectó la pandemia a los trabajadores de Sutel?

Tenemos una situación laboral atípica; algunos sectores hacen teletrabajo, mientras que hay otros que no lo pueden hacer –por ejemplo, las cuadrillas que reparan los teléfonos–. Lo que se hizo fue trabajar la mitad una semana, y hay cuidados permanentes, en especial en el ingreso a las casas, tanto por nosotros como por la gente. Hoy por hoy, el control de la pandemia se fue de las manos, uno ve que los casos vienen en aumento, y lo que más nos llama la atención es que unos 20 días atrás nos “deleitaban” todos los días con una cadena disfrazada de conferencia de prensa y hoy no salen más, simplemente vemos al presidente de la República [Luis Lacalle Pou] con su gorrito de la Fuerza Aérea del Uruguay recorriendo la asunción de algunos intendentes. También es cierto que desde que se declaró la emergencia, el 13 de marzo, en forma inmediata explotaron las ollas populares, desde ese momento reclamamos la renta básica, porque entendíamos que había que darles una mano a las uruguayas y uruguayos. Resulta que las decisiones del gobierno fueron puntuales y ahora nos encontramos con que otra manera de ayudar es entregar canastas para sustentar las ollas populares. Los medios transforman las cosas; las palabras que son muy agresivas las cambian, dicen “finalización de contratos” cuando en realidad echaron a 49 compañeros y compañeras de los medios públicos.

No parece que se vaya a otorgar una renta básica como reclaman el PIT-CNT y la Intersocial. ¿Qué alternativas proponen?

Nosotros seguimos dando una mano desde los sindicatos; no tenemos posibilidad de dar una renta a la gente que lo precisa, pero la seguimos reclamando. Me importa un carajo quién se lleve los galardones, pero que lo hagan, porque la gente la precisa. Acá hay hambre, por eso están las ollas populares. La gente está desesperada por trabajar. Dicen que bajó 25% el ingreso al seguro de paro, ¡aumentaron 25% los despidos! Este gobierno no está haciendo nada por la gente, sólo habla. Amenazaron con subir la garrafa a 1.000 pesos, ahora aumenta el peaje a 160 pesos.

¿Cómo se vio afectado el servicio de Antel con el aumento del teletrabajo y la baja del empleo?

Hasta ahora no se ha cortado ningún servicio y nosotros hemos acompañado con trabajo. Desde el “quedate en casa” –que era sólo para algunas personas, porque otras si no salían no comían– se hizo mucho esfuerzo porque muchas personas pidieron acceso a internet; eso hizo que aumentaran los clientes. Hay un proyecto de ley en el Parlamento sobre teletrabajo, que tiene muchos aspectos negativos, pero es cuestión de seguir analizando porque es algo que vino para quedarse por un tiempo largo.

¿Cuáles son los reparos de Sutel?

El teletrabajo debe mantener el salario, las condiciones laborales. No puede ser un proceso de desregulación, no puede ser una nueva herramienta para que los patrones exploten a la gente.

¿Cómo le parece que el gobierno maneja la pandemia?

Los salarios están en un proceso de caída, no lo pueden disfrazar más, lo salarial no puede estar atado a la pandemia. El gobierno con las medidas que toma para promover el turismo interno beneficia a los que tienen hoteles y grandes cadenas de restaurantes, pero las medidas no van a estar reflejadas en el consumo final, y ni siquiera lo están considerando. Todas las medidas son clasistas y apuntan a los sectores de la sociedad con privilegios.

¿Qué pasa en Antel con el decreto que reduce la cobertura de vacantes, conocido como decreto de austeridad?

Tuvimos un par de reuniones con el presidente de Antel, en las que se trató el tema de las personas que se jubilan y las que van a entrar. Hay 857 personas que tienen contrato de función pública, no perdieron el trabajo pero están ahí, y eso es una decisión política porque ¿qué diferencia hay con los que regularizaron en OSE y ANCAP? ¿La cantidad? Si es eso, ya lo dijimos, nos sentamos a hablar y dejamos por escrito; puede ser un proceso por etapas: que primero entren los más viejos, que como todos los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral. No sería un costo para la empresa porque ya les paga un sueldo. El presidente de Antel dijo que está conversando con Conrado Ramos de la Oficina Nacional de Servicio Civil para ver qué posibilidades hay, y también dijo que va a respetar el convenio colectivo porque es bueno, pero está tomando medidas que rompen el convenio, como cambios organizacionales, que merecen ser discutidos con el sindicato; no se trata de pedirle permiso, porque eso no lo hizo ningún directorio: siempre resuelve y el sindicato queda con las manos libres para hacer movilizaciones o lo que crea necesario. Es la misma película que estamos viviendo con el gobierno: no son despidos, son términos de contratos; las tarifas no van a aumentar, sino que se van a adecuar. Tenemos un problema de lenguaje, a la gente le caen simpáticas algunas palabras, pero lo que hay que decir es que las tarifas aumentan, por debajo de la inflación, pero aumentan. Para el año que viene hay un inversión de 130 millones de dólares que tenemos que ver a dónde irán, porque forman parte del convenio colectivo.

Con relación a otros años, ¿hay diferencia en esa inversión?

Es casi similar a lo que tuvimos el año pasado, el tema es ver dónde lo ubican.

¿En qué le parece que se debería usar ese dinero?

Tendría que ir para reforzar las áreas que están en competencia con Antel. Lo segundo es mejorar la calidad de los servicios de internet, porque estamos teniendo dificultades porque la empresa creció. Pero están investigando otras cosas, discuten la cantidad de plata que se gastó en publicidad, y eso no es gastar, es invertir. Nos parece bien que Antel auspicie el carnaval y el fútbol, y que brinde contenido en su plataforma, ¿cuál es el problema de que se ofrezca televisión por streaming?

¿Y el Antel Arena?

Es un plusvalor que le da marketing. En el mundo hay 12 arenas-estadios que son de Claro y Movistar, pero parece que les molesta que Antel tenga su arena.

¿Le parece que el streaming o la arena es parte del negocio de Antel?

¿Cuál es, entonces? ¿Alquilarles la fibra óptica a los privados, como dice el artículo 48 de la ley de medios? Si uno investiga, lo que han desarrollado las empresas de comunicaciones del mundo es lo mismo que hizo Antel. No hubo aventuras. No hay en el mundo un país que tenga el nivel de conectividad a través de la fibra óptica, que está en 87%, un cable submarino que genera soberanía y patrimonio, uno de los mejores data centers del mundo.

En 1992 se impidió que Antel fuera privatizada por el padre del actual presidente: más de 70% de la ciudadanía le dijo que no. Evidentemente, quedaron con la sangre en el ojo porque no pudieron cumplir con su objetivo. Ahora arremeten con la ley de medios, tratando de debilitar la imagen de Antel, dicen que se invirtió mal y que se debería remitir a su carta orgánica. Lo que pasa es que es de 1974, cuando en el país había un teléfono cada 20 cuadras, la carta orgánica quedó vieja porque habla sólo de telefonía fija. Con la ley de medios van a hacer competir a Antel con los canales 4, 10 y 12, más sus operadores de cable, con la fibra de Antel. Es una privatización encubierta.

¿Le parece que habrá pérdida desde el primer momento?

Hay que celebrar la honestidad del actual ministro de Industria [Energía y Minería], el ingeniero [Omar] Paganini, que en su participación en la Comisión de Industria [de Diputados] dijo que esto lo están haciendo para darles una mano a los canales, que están muy embromados económicamente. Lo que le preguntaron algunos legisladores de la oposición fue si Antel iba a perder, y la respuesta fue “muy poco”, pero eso es mentira. Van a bajar los ingresos reales. No estamos en contra de la competencia, pero más leal, que todos inviertan. Los privados no tienen fibra, hace 15 años que vienen reclamando esto, el redactor de la ley es [Carlos] Romay junto con [el secretario de Presidencia] Álvaro Delgado; eso no es una novedad, lo sabemos todos. En este proceso lo que estamos defendiendo es una Antel pública, estatal y eficiente. Ya muchos legisladores han dicho que están de acuerdo con nosotros, con algunos matices, pero el apuro es de la Torre Ejecutiva, hay muchos compromisos.

¿Cuál es la estrategia de Sutel ante la presión que usted dice que viene del Poder Ejecutivo?

Es evidente que el apuro que tienen es por los compromisos que asumió el gobierno con los grandes medios de comunicación, con una exposición pública enorme siguiéndolo [a Luis Lacalle Pou] a todos lados. Como sindicato vamos a hacer una campaña publicitaria, lo que queremos es desnudar algunos objetivos de la ley. Los mismos que dicen que es más democrática la liberación total de la competencia son los que no dejan que Cardinal TV baje a Montevideo.

¿Con qué legisladores del oficialismo hablaron?

Con todos, y también nos reunimos con Guido Manini Ríos [Cabildo Abierto]. Los que tienen poder de decisión nos dijeron que no tienen apuro para resolver esto tan rápido, el apuro viene de la Torre Ejecutiva; nos dijeron que no tienen compromiso ninguno, que no le deben nada a ningún medio de comunicación. No voy a decir nombres porque no me gusta.

¿Fueron varios?

No, hay otros que comparten con nosotros pero no se animan a ir al fondo de la cuestión. Capaz que algunos cambios están bien, pero no aparece nada por escrito, son todas buenas intenciones, pero de buenas intenciones está plagado el camino del diablo. Aparentemente no hay condiciones para que esto salga ahora, nos han dicho que Álvaro Delgado ha recorrido muchos sectores políticos de la coalición de gobierno para que esto se apruebe rápido, fue lugar por lugar para apretarlos.

¿Qué opina el sindicato sobre la posibilidad de que los números de teléfonos celulares ya no sean de las empresas sino de las personas?

Uno en principio piensa: “que bien”, “que democrático que uno haga lo que quiera con su número”, pero hoy está la posibilidad de elegir a dónde van a ir, los contratos se pueden rescindir y la persona pasar a otra empresa. Lo peor es que tiene que venir alguien, un cuarto operador que administre los números, que absorba la cantidad de clientes que existen para ver a dónde va el consumo final. Ahora se hace con el prefijo y con el recibo; eso no va a pasar, a la empresa le va a llegar lo que se le pagó al operador que administre, no a Antel, Claro o Movistar. Es algo difícil de explicar, pero lo que sí sabemos es que Antel va a tener que invertir entre tres y cinco millones de dólares, porque lo debe hacer la empresa líder, y ponen de ejemplos a países en los que no hay empresas telefónicas públicas. Hoy por hoy, lo decimos, y quedamos como unos antidemocráticos, es que no queremos que la gente sea dueña de su número, pero lo que no dicen es todo lo que está detrás. Como dijera la murga Los Pasteles: un país para ricos.