El 28 de enero de 2020 la Asociación de Guardavidas de Rocha (AGR) se declaró en preconflicto con la Intendencia de Rocha. El presidente de la AGR, Pablo Ponce de León, dijo a la diaria que si bien hasta ahora no han sacado el servicio de las playas del departamento, no descartan que esto suceda, aunque aclaró que antes hay otros pasos a seguir. Ponce de León informó este lunes a la diaria que hasta el 9 de febrero en Rocha se hicieron 105 rescates que involucraron a 159 personas, además de 96 asistencias (aquellas ocasiones en las que la persona no está en riesgo de muerte pero necesita ayuda para salir del agua).

El trabajador aseguró que el ex intendente Aníbal Pereyra desvió la atención pública del conflicto. Pereyra, que renunció a su cargo el 8 de febrero para hacer campaña por la reelección, había asegurado en una entrevista publicada en la diaria que la declaración de los guardavidas era “una definición declarativa” y se había mostrado sorprendido porque en uno de los puntos los trabajadores reclaman por 14 funcionarios sancionados en la temporada 2016-2017, que no aceptaron hacerse controles de espirometría. El intendente admitió en la conversación con la diaria que este año no se hicieron esos exámenes.

Ponce de León dijo que Pereyra no puede estar sorprendido, porque “el reclamo viene desde hace tres años”. Según explicó, la diferencia surgió después de que el Poder Ejecutivo firmara el Decreto 128/016, que dispone controles de consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral. “Durante la temporada 2016-2017 la Intendencia buscó llevar adelante los controles de espirometría a través de los inspectores de tránsito. El 25 de enero de 2017 el intendente, mediante una resolución, impuso un protocolo sin un acuerdo bilateral y sin la aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese momento, y asesorados por el PIT-CNT, 14 colegas se negaron a hacerlos y por eso fueron sancionados mediante otra resolución del intendente”, contó. Ponce de León dijo que después se redactó un nuevo protocolo, pero, como admitió Pereyra a la diaria, las inspecciones no se hicieron por decisión de la comuna.

El guardavidas dijo que la AGR está de acuerdo con los controles porque se prevén acciones positivas para los trabajadores que tienen problema de consumo; sin embargo, en la temporada 2016-2017 la Intendencia sólo quería aplicar sanciones. “Las sanciones son injustas, como quedó demostrado con la aprobación bilateral del actual protocolo, por lo que corresponde retirarlas”, dijo, y aclaró que cuando se hicieron las espirometrías no hubo ningún caso positivo. “Apostamos a la realización de los controles, ya que buscan aportar garantías a los usuarios de los servicios y tienen un fin de rehabilitación para el trabajador, de ser necesario”, afirmó.

Los otros reclamos de la AGR son la recuperación de casillas y el suministro en tiempo y forma de los materiales de trabajo como, por ejemplo, patas de rana y botiquines de primeros auxilios.

El presidente del sindicato comentó a la diaria que la relación con el ex jerarca no fue la mejor porque durante tres años no fueron recibidos. “La filosofía del [ex] intendente es interesantísima, pero no es lo que aplica con el servicio de guardavidas. Habla de que si no se está de acuerdo con alguien en lugar de dialogar [lo que la gente hace es] buscar otros caminos. Esto es algo que no ha ocurrido, porque el servicio [de guardavidas también] es una construcción colectiva”, concluyó.