El 24 de abril de 2020, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) entregó dos notas, una a Presidencia y otra al Ministerio del Interior (MI), reclamando que su trabajo fuera contemplado durante la emergencia sanitaria provocada por la covid-19.

En ese momento, Patricia Gutiérrez, presidenta de Ucrus, declaró a la radio Uruguay que los recicladores estaban siendo víctimas de acoso por parte de personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y de la Guardia Republicana. “El abuso policial que está habiendo últimamente es demasiado [...] No los dejan trabajar y los provocan verbalmente para que el trabajador se vaya de boca y llevarlo preso”, denunció.

Nueve meses después, Gutiérrez aseguró a la diaria que las provocaciones por parte de la Policía continuaron y que el sindicato nunca obtuvo respuesta por parte del gobierno. “Los que andamos en la calle seguimos perseguidos por los milicos, nos tienen peor que en el tiempo de la dictadura. No nos dejan trabajar”, aseguró Gutiérrez, y contó que los policías les dicen que tienen que ir a sus casas a “hacer la cuarentena” y que no tienen que andar “contagiando a los demás”. “A los hombres los provocan, nosotros tratamos de contenerlos para que no se desacaten, porque sabemos que es eso lo que están buscando, para después llevarlos a las comisarías y cagarlos a palos”, aseguró.

Gutiérrez relató que tenían pensado hacer una movilización en noviembre de 2020, frente a la Jefatura de Policía de Montevideo, ubicada en la avenida José Pedro Varela, pero en esos días “la persecución fue más grave” y los clasificadores “como que se asustaron” y ni asistieron, dijo.

La presidenta de Ucrus aseguró que esa manifestación fue pensada para obtener respuestas: “Queríamos saber quién había dado la orden de que los recicladores no podíamos trabajar”. Además, aseguró que, como en otros rubros, ellos tienen un protocolo para evitar contagios, usan tapabocas y alcohol en gel. “El PIT-CNT nos donó litros y litros, y cada clasificador anda con un tarro y se pone alcohol cada vez que sale de una volqueta, y sólo se saca el tapabocas para fumar o comer, como lo hacen todos”, contó.

Desde el MI aseguraron a la diaria que la Jefatura de Policía de Montevideo se pondrá en contacto con las autoridades de Ucrus en los próximos días para coordinar un encuentro, a los efectos de intercambiar sobre el trabajo de los efectivos y los clasificadores en la capital. Sobre los comentarios de Gutiérrez declinaron responder: “Preferimos hablar primero presencialmente y no a través de los medios”, explicaron.

Miseria en pandemia

Sobre las consecuencias de la pandemia sanitaria, la presidenta de Ucrus dijo que están pasando “mucha miseria”. “Gracias a Dios los clasificadores por ahora no hemos tenido contagios, pero cada vez hay menos residuos para levantar, a las cooperativas está llegando menos material, incluso en la planta de Felipe Cardoso está llegando poco, y la gente que estaba trabajando en la calle está yendo para allá. Los compañeros no les pueden decir que no entren porque saben que van a buscar un plato de comida”, dijo.

“Cada vez hay más ollas”, aseguró Gutiérrez, y relató que algunos policías “tuvieron el descaro de patearlas” y no los dejaron filmar el hecho: “Un compañero estaba filmando cuando estaban pateando una olla y le sacaron el celular y no se lo devolvieron, eso es un robo. Fue a hacer la denuncia y le dijeron que él no tenía derecho a tener un celular, tampoco le quisieron dar el nombre del milico. Es una guerra constante que tenemos”, sostuvo.

A la falta de materiales reciclables debida a la caída del consumo por la crisis provocada por el coronavirus se sumó la mala temporada de verano, ya que, al estar las fronteras cerradas, no hay visitantes extranjeros.

Otro de los problemas de los clasificadores de residuos domiciliarios es que, desde la administración de Ana Olivera en la Intendencia de Montevideo (2010-2015), hay una “zona de exclusión” en partes del centro de Montevideo, por lo que los trabajadores se van a la periferia. “Estamos amontonados como piojos, la volqueta que hizo uno la hace el otro” esperando que en el ínterin un vecino haya tirado algo que les pueda servir, comentó.

Gutiérrez dijo que tuvieron varias reuniones con la nueva intendenta, Carolina Cosse, y con la comuna están planificando armar cooperativas sin la intervención de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) ni el Ministerio de Desarrollo Social ni la Dirección Nacional de Medio Ambiente, como las que funcionan hoy. “Que sea Ucrus, PIT-CNT y la Intendencia de Montevideo [IM]”, dijo.

Cabe recordar que en enero del año pasado, Ucrus hizo una protesta frente a la sede de la CIU, reclamando mejoras en las condiciones de trabajo. La CIU tiene el fideicomiso de las cuatro plantas clasificadoras ‒definido por la Ley 17.849‒ y los trabajadores pedían que la CIU se hiciera cargo de los insumos de trabajo, por ejemplo, calzado, cables e hilos. En ese momento, el entonces presidente de la Cámara, Gabriel Murara, dijo que no tenía la responsabilidad de proveer materiales y que sólo se encargaba de administrar el dinero proveniente de las empresas.

Ahora, Ucrus quiere que la IM les provea de materiales de trabajo, y las cooperativas trabajarían en la calle Fray Bentos y en Camino Corrales, lugares a donde van los motocarros.

“Lo único que le pedimos a Carolina [Cosse] es que los compañeros que trabajen en esas cooperativas tengan boletos, como los tienen los de las plantas, para que podamos ir todos los días a trabajar”, explicó. Gutiérrez contó que además de estas cooperativas tienen la idea de hacer otra que se encargue del mantenimiento de plazas, pero sería un proyecto a largo plazo. “No tenemos fondos como sindicato, la idea es juntar alguna moneda y comprar unas máquinas de cortar pasto, la IM nos daría los lugares, y el sueldo saldría también de ellos, seríamos un servicio tercerizado”.

“Sabemos bien qué rubro va para adelante y cuál no”

La presidenta de Ucrus dijo a la diaria que tienen 4.280 afiliados en todo el país, y aseguró que desde marzo del año pasado, cuando se declaró la emergencia sanitaria, hay más clasificadores en la calle. Contó que las personas que se quedan sin trabajo en otros rubros vuelven al carro, y relató que eso pasó con su hijo, que fue enviado al seguro de desempleo y cuando pasaron los seis meses empezó a clasificar. “Él se crio en el carro”, dijo.

Juan Carlos Silva, también clasificador, contó a la diaria cómo están viviendo este momento de crisis. Silva trabaja junto con otros 120 clasificadores reconvertidos, que levantan los residuos de los comercios, y por eso compite con las empresas ya instaladas. El trabajador dijo que hay “monopolios” en la clasificación: en cartón y papel está Pamer; en los plásticos está Ecopet; y en metales y chatarra están LKSur y Gerdau.

“No sólo por la pandemia, necesitamos que no se contaminen los residuos con grasa, aceite, yerba u otras cosas. La materia prima es un bien muy preciado, que mueve muchos millones de dólares”, dijo, y recordó que un estudio de la Universidad de la República realizado en 2016 evidenció que en Montevideo, con una población de más de un millón y medio de habitantes, había 200 millones de dólares por año provenientes de los residuos de la ciudad. “La población vulnerable ha vivido de eso y nunca se han hecho políticas claras para explicar cuál sería la mejor forma de separar los residuos. Es algo bueno tanto para el ciudadano común como para la IM, a la que nosotros le ahorramos por año entre cinco y seis millones de dólares”, comentó.

Silva dijo que son muy pocos los clasificadores que se pudieron reconvertir, un par de cientos sobre un total 9.000, según se estimó en el Censo de 2011.

“Tenemos una directiva tratando de instruir a la población” para que diferencie los residuos que puedan transmitir el coronavirus (papeles o guantes); la idea es que vayan en una bolsa transparente que los clasificadores puedan identificar y no abran.

Silva aseguró que para mantener las condiciones de higiene mencionadas por Gutiérrez necesitan ayuda, de la IM o de otro organismo. “Juntando todas las partes se podría hacer un plan nacional; en algunos países los clasificadores no han salido a trabajar y se les dio una ayuda económica importante para que se mantengan, eso acá no ha sucedido. Nosotros, que hace unos años dejamos el carro de caballos y andamos en vehículos a motor, usamos continuamente tapabocas, guantes y en cada vehículo hay una botella de alcohol en gel y una de alcohol eucaliptado al 70%. Son precauciones que en todo momento tenemos”, aseguró.

Como monotributistas, en los primeros meses de pandemia recibieron algunos beneficios, como no pagar los aportes al Banco de Previsión Social; después tuvieron acceso a un préstamo no reembolsable, que ayudó en los meses en que los comercios cerraron. El trabajador contó que algunos comercios importantes de la capital todavía no les pagaron la recolección de los primeros meses del año pasado, porque no tienen dinero por la baja recaudación.

“Es una cadena, nosotros sabemos bien qué que rubro va para adelante y cuál no. Hay laboratorios que en la pandemia han trabajado muy bien y las farmacias también, aunque ahora ha decaído un poco el consumo, pero se han mantenido en la ola”, declaró.