El 21 de julio de 2020 la diaria informó sobre la preocupación del Sindicato Único de Asistentes Personales (SUAP) por la falta de asignación presupuestal; la situación de una serie de trabajadores y trabajadoras que estaban cumpliendo su tarea sin haber sido llamados para hacer el curso de capacitación a la dependencia, y la falta de regulación laboral.
Después del reclamo del sindicato, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) les concedió una prórroga por un año, pero ese tiempo pasó y la situación se vuelve a repetir.
El viernes Silvina Brocal, secretaria general del SUAP dijo a la diaria que hay 1.800 trabajadores y trabajadoras que no saben qué va a pasar con sus empleos después del 25 de octubre, y aseguró que una de las dificultades del sindicato fue el cambio de autoridades.
En lo que va del período de gobierno tres personas pasaron por la Secretaría Nacional de Cuidados (SNIC): el primero en asumir fue el integrante del Partido Independiente Daniel Radío que renunció a los cuatro meses para pasar a ser secretario general de la Junta Nacional de Drogas; después el ministerio fusionó el SNIC con el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y pasó a llamarse Secretaría de Cuidados y Discapacidad, nombraron como titular a Gabriela Bazzano. Cuando Pablo Bartol fue sustituido como ministro por Martín Lema (en mayo de este año), Bazzano fue reasignada y la pusieron frente de la División de Discapacidad. No olvidemos que durante su gestión Bazzano fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado por su trabajo al frente de la asociación civil Seamos. Esa organización implementó un programa de “familias articuladas” que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias, sin control del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay ni de otro organismo estatal. La causa fue investigada por Luis Pacheco, que, en marzo de este año, solicitó su archivo. En la actualidad en la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad está Nicolás Scarela y en la dirección de Cuidados se designó a Florencia Krall.
La secretaria general del SUAP comentó a la diaria que durante la gestión de Bazzano nunca fueron recibidos por ella ni por Bartol, y ahora están esperando la respuesta a la solicitud de un encuentro con el nuevo ministro. “Al día de hoy no contamos con un plan nacional de cuidados, no sabemos qué va a pasar con esos 1.800 trabajadores, no hay una rendición de cuentas de cuántos asistentes personales están trabajando actualmente. A través del sindicato nos llegan consultas de personas que se han quedado sin trabajo, sea porque ha fallecido el usuario o por otros motivos”, dijo. A esto se suma la dificultad de que son empleados de las familias beneficiarias del programa, lo que dificulta el cobro de despidos. Brocal explicó que “todo está trancado” desde agosto de 2020 cuando cesaron las postulaciones tanto de cuidadores como de personas para cuidar. “90% de las personas que trabajamos somos mujeres jefas de hogar y ante la pandemia quedó más que demostrado que nuestra tarea es necesaria, pero a su vez no podemos seguir sosteniendo los insumos para los cuidados sanitarios” para prevenir contagios de la covid-19.
La integrante del sindicato dijo que hace más de un mes y medio tuvieron una tripartita con la Inspección General del Trabajo y el Mides, el SUAP presentó un protocolo, pero desde la secretaría dijeron que “no tienen nada que ver con los asistentes personales”, porque los contratos son con las familias. Sin embargo, Brocal piensa que el Mides “hace un seguimiento, por lo que de alguna manera también tienen una cuota de responsabilidad”. En esa instancia no hubo una resolución y quedaron en volver a convocar a la tripartita, pero aún no se fijó la fecha. “Hicieron recomendaciones, pero necesitamos un protocolo covid”, afirmó.
“Desde el Mides no asumieron la responsabilidad de informar a los usuarios. Son sectores muy vulnerables los que cuentan con 100% del subsidio y se les tiene que dar una mano para que en sus casas tengan las condiciones mínimas de higiene”, dijo, y aseguró que el sindicato pudo ayudar hasta cierto punto, pero con sus salarios sumergidos ‒en promedio cobran 13.000 pesos por mes‒ no pueden hacer frente a todo lo que se requiere.
Brocal aseguró, además, que no fueron tenidos en cuenta como personal esencial para la vacunación, y hasta ahora hay asistentes que esperan su dosis. Contó también que hubo personas que se contagiaron y pudieron superar la enfermedad, pero otras fallecieron. En febrero de 2021 el sindicato le escribió una carta al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pidiendo ser tenidos en cuenta y preguntando en qué franja de prioridad estaban. “Lo único que nos dijeron es que nos tomaban la nota”, contó Brocal.
Según la rendición de cuentas de 2015-2020 eran 6.000 los y las cuidadoras que trabajaban en ese momento, pero sin la rendición de este período no se sabe cuántos quedaron sin empleo.
Desde el Mides aseguraron a la diaria que la intención de la administración no es responder al sindicato, ya que este tiene “todo su derecho de plantear todas las inquietudes que sienta”, pero comentaron que la idea es que la directora de Cuidados, Florencia Krall, ponga el acento “no sólo en la profesionalización sino en la humanización de los cuidados. Que se ponga el centro en las personas y sus necesidades. Es decir, no sólo no está en duda la permanencia de la secretaría, sino que se busca mejorarla”, afirmaron.
Sobre la prórroga de los contratos laborales, fuentes ministeriales aseguraron que se está por fijar una reunión y que se conversará sobre este tema, por lo que por ahora no se harán comentarios en la prensa. Desde el Mides confirmaron que los implementos de seguridad sanitaria no son dados por ellos, “porque la Secretaría no es empleadora de los asistentes personales”.