El 21 de abril, la Intendencia de Montevideo (IM) redactó un proyecto de decreto departamental que entrará a la Junta Departamental de Montevideo en las próximas semanas, para regular el trabajo de conductores y repartidores que tengan vínculo con aplicaciones como Uber, Cabify, Rappi o PedidosYa.

Los aspectos más innovadores del proyecto tienen que ver, primero, con obligar a las empresas a contar con “uno o más” locales “adecuados para la permanencia de las personas que realizan el trabajo de entrega o reparto a domicilio”; y segundo, con la prohibición de utilizar “la calzada” como punto de encuentro entre quienes realicen estas tareas en vehículos. Además, obliga a las empresas a entregar una declaración jurada sobre la cantidad de trabajadores con la que cuentan.

De producirse una reunión de tres o más repartidores en la vereda, o de constatarse que no hay un local acondicionado para que puedan esperar, la IM dispone en el proyecto una serie de multas que van de las 5 a las 350 unidades reajustables (UR).

Si bien el proyecto no ha comenzado a ser discutido en la Junta, los ediles ya lo tienen en su poder. Desde el Frente Amplio, comentaron a la diaria que aún “no se trató” en la bancada, igual que en el Partido Colorado.

Si bien el Partido Nacional tampoco tuvo oportunidad de tomar postura al respecto, el edil Diego Rodríguez comentó a la diaria que, en su opinión, “hay muchas cosas en el proyecto de decreto que chocan con la realidad”.

Según Rodríguez, las zonas que la comuna prevé que tengan estas empresas deben contar con “baños, comedores, estacionamiento” y que esto denota “no conocer cómo es el funcionamiento hoy en día de este tipo de aplicaciones”. “Tengo miedo de que esto termine siendo letra muerta”, señaló, y puso el ejemplo del registro de trabajadores. “¿Qué pasa con un bar que no tiene servicio de aplicación pero tiene servicio propio de cadetería?”, se preguntó el edil, que consideró que el decreto “discrimina”.

“Por otro lado, ¿la IM va a ir a controlar a las zonas de Montevideo que no son Centro, Ciudad Vieja, Cordón o la zona costera?”, insistió, y remarcó la necesidad de que “se dé un debate o una conversación entre las autoridades de la Intendencia, la Junta y los trabajadores para que la normativa se ajuste a la realidad”.

Uno de los principales argumentos de los impulsores del proyecto es que evita la precarización laboral. Rodríguez duda de esto “porque si la IM cumple en una primera instancia y luego deja de controlar van a volver a tener precarización”. El edil también sostuvo que para las empresas “esto va a tener un costo de alquiler de local, de obra”.

“Me parece que no está bueno mandar un lineazo desde la Intendencia, hay que discutirlo entre todos”, sentenció.

Desde la calle

“Nosotros nos enteramos del decreto después de que lo había hecho Carolina [Cosse, intendenta de Montevideo]”, dijo a la diaria el presidente del Sindicato Único de Repartidores (Sinurep), Andrés Palermo.

Desde el sindicato consideran que “alguna de las cosas están buenas, como que los repartidores tengan un lugar donde descansar”. No obstante, observaron que el decreto “deja unas cosas abiertas”, por ejemplo, el hecho de que se multe “a la empresa”, sin tener en cuenta que “la mayoría de los trabajadores son empresas unipersonales” y no tienen relación de dependencia -jurídica, al menos- con las aplicaciones. Respecto también de los locales, en un mail enviado por la agremiación a la Intendencia, indicó que “este lugar de espera debería de ser compartido por todas las aplicaciones, lo que entendemos que conviene a las empresas y más a los trabajadores”.

Asimismo, en este correo insisten en que “con estos locales o estaciones para espera evitaríamos el aglomeramiento que prohíbe el artículo 3°”, y solicitan que en caso de que las empresas de aplicaciones no cumplan “proveyendo lugares de estaciones de espera para sus trabajadores en cualquier relación de dependencia, la multa no deberá bajo ningún concepto recaer sobre el trabajador”.

En caso de que esto no cambie, se agregarían las multas a un rubro “donde el trabajador tiene las inclemencias del tiempo, tiene que cubrir sus gastos y los robos”, señaló Palermo.