En una asamblea general que realizó el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) la semana pasada, la organización de trabajadores se declaró en conflicto generalizado con el laboratorio Fármaco Uruguayo, que pertenece a la empresa peruana Medifarma. El origen del problema está en una explosión que ocurrió en la planta ubicada en Flor de Maroñas el 10 de diciembre del año pasado, que tuvo como consecuencia varios heridos y que motivó a la empresa a enviar a 89 trabajadores a seguro de paro.
“La empresa informó el espíritu de reconstruir la planta, pero basada en una reestructura enfocada en la automatización de varios productos que elimina el turno de la noche, pasa de tres líneas a dos líneas de producción y elimina turnos intermedios de viales”, dijo a la diaria Verónica Valverde, secretaria general del SIMA. La consecuencia de la reestructura es el despido de 28 de los 89 trabajadores que estaban en seguro de paro. Valverde contó que se enteraron de los despidos por mensajes que envió la empresa mientras estaban en una reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el 28 de abril.
Tres de los 28 trabajadores despedidos reclamaron su puesto, el resto aceptó la medida de la empresa. El objetivo del SIMA es que se incorpore a los tres trabajadores que quieren recuperar su empleo y a los 61 trabajadores que están en seguro de paro especial, con una extensión de 90 días. Además, el laboratorio despidió a otros dos trabajadores debido a que les adjudicó la responsabilidad de la explosión que ocurrió en diciembre: “La empresa hizo una investigación interna, pero a la hora de mostrar las pruebas, hasta el día de hoy, el sindicato y los trabajadores, que son los que tienen el derecho de conocer las pruebas, no las tenemos”, dijo la secretaria general.
En un comunicado que publicó la empresa para acompañar la denuncia a los trabajadores, aseguró que “el siniestro fue provocado por una sumatoria de errores de procedimiento de los operarios [...], cuya acumulación y persistencia son indicios de un accionar malicioso”.
Agregó que “las evidencias acumuladas son abundantes: grabaciones en video, registros digitales de la operación de los equipos, registros de presión, temperatura y tiempo, análisis de las partes recuperadas del equipamiento y testimonios de varias personas, etcétera”.
Por otra parte, siete trabajadores presentaron una denuncia penal contra la empresa porque entienden que existió responsabilidad de su parte en el accidente. Denunciaron que había dos salidas de emergencia bloqueadas: una por una pared de yeso y otra por una cinta transportadora. También se incluyó en la denuncia el delito de lesiones graves que se aplica en los casos en que la lesión inhabilita por más de 20 días para el trabajo.
La empresa “no escucha”
“Hoy tenemos una carpa reivindicativa y pacífica instalada en la planta de Centenario y Camino Corrales”, contó Valverde, y señaló que en ella reciben a compañeros de otros gremios que colaboran con alimentos no perecederos para los trabajadores despedidos.
Además, los diferentes comités de base de los laboratorios van a apoyar esa carpa. Valverde explicó que eso lo hacen con un cronograma de paros por día. El objetivo es lograr respuestas por parte de la empresa, que está cerrada a las propuestas, aseguró. Agregó que en ámbitos ministeriales y de las cámaras empresariales le dieron el visto bueno a mantener negociaciones por el tema, pero la empresa se mantiene en una posición de “no escucha”. Según la dirigente, “este laboratorio históricamente no reconoce a la organización sindical, no reconoce los ámbitos para los trabajadores para hablar de estos temas”.
Para el 20 de junio está planificada una instancia de diálogo en el MTSS a la que irán representantes de la empresa. “La reunión está planteada para hacer seguimiento de la reconstrucción de la planta, que la empresa vaya informando lo que puede ir confirmando. Así no nos llevamos sorpresas de nuevos despidos o de comenzar a reconstruir algún sector y que después las cosas se modifiquen. La mesa de seguimiento en el ámbito ministerial cumple la función de mantener a las partes informadas e ir buscando soluciones para no comernos el mazazo de los despidos por mensaje de la vez anterior”, concluyó Valverde.