Nicolás Miland, 36 años, padre de cuatro hijos, murió electrocutado mientras trabajaba para UTE. No lo hacía directamente, sino a través de la empresa Asuan, subcontratada de la empresa estatal, informó en un comunicado el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca). El viernes, subido a una escalera de aluminio, Miland intentó atravesar con una varilla una pared exterior de una subestación eléctrica en las afueras de Montevideo, cuando tomó contacto con la instalación eléctrica. Por su muerte, el sindicato de la construcción paralizó la actividad durante la mañana del lunes.

“Lo del otro día fue un disparate”, dijo a la diaria Daniel Diverio, presidente del Sunca, acerca del fallecimiento de Miland. “Tendría que haber protocolos especiales para ese tipo de trabajos, que son mucho más complicados y sensibles”, afirmó; y señaló que en lo que va del año ya murieron seis trabajadores de la construcción: dos en obras de viabilidad, dos en la obra de la segunda planta de celulosa de UPM y dos en la zona metropolitana.

“Acá hay tres actores. El sindicato, como responsable de organizar y concientizar a los trabajadores; el empresario, que debe dar todos los elementos de seguridad de acuerdo a la normativa; y el Ministerio [de Trabajo y Seguridad Social, MTSS]. El cuerpo inspectivo del ministerio está lejos de poder cumplir con su responsabilidad. Vos hacés una denuncia en una obra y cuando llega la inspección, la obra ya terminó. En el interior del país casi no existen los inspectores”, manifestó.

Diverio adelantó que el Sunca pedirá reunirse con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para proponer la creación de una fiscalía especializada en accidentes de trabajo. “Lo que nos está pasando es que hay muchos siniestros laborales que terminan en un informe de la Inspección [General del Trabajo] que después queda archivado”, apuntó. A nivel de la Fiscalía, sostuvo, “no se investiga” cuando “muchas veces” hay elementos que “pueden ser penalmente sancionados”.

La propuesta del Sunca de crear una fiscalía especializada ya había sido presentada al predecesor de Gómez, Jorge Díaz. Diverio comentó que en ese entonces Díaz “entendía que era algo medio complejo de instrumentar por el tema presupuestal”. “Lo venimos reclamando desde hace muchos años. Puede ayudar muchísimo en la prevención”, expresó.

“Una situación de precarización laboral”

A causa del fallecimiento de Miland, los dirigentes del Sunca se reunieron este lunes con sus pares de la Agrupación de Funcionarios de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE) para coordinar acciones y definir un protocolo de trabajo. En diálogo con la diaria, Gonzalo Castelgrande, presidente de AUTE, apuntó que, en paralelo a la creación de una fiscalía especializada, se podría “establecer un registro de empresas incumplidoras” tanto en UTE como en el MTSS.

“El planteo es hacer un registro de empresas incumplidoras que sirva para futuras licitaciones. Esta empresa, por ejemplo, no puede licitar más para la UTE”, dijo en referencia a la empresa Asuan, subcontratada por la empresa CEI, contratista de la empresa pública. En su página web, Asuan se autodescribe como una empresa de “ingeniería aplicada” que diseña y construye “plantas de proceso y maquinaria para la industria alimenticia”.

Para Castelgrande, el vínculo de trabajo de Miland era “una situación de precarización laboral”. “No te puedo decir que no tenía la seguridad adecuada, pero tampoco tengo la certeza de que sí la tenía”, señaló, y añadió que, en cualquier caso, el accidente fatal del viernes “fue un hecho lamentable, totalmente evitable”.

Según el presidente de AUTE, la empresa estatal gasta alrededor de 180 millones de dólares por año en personal tercerizado. A su juicio, un “agujero negro” en el presupuesto de UTE, que es utilizado para “no engrosar el déficit fiscal”, dado que evita el ingreso de nuevos funcionarios públicos. “Al haber un recorte sostenido de personal desde hace tantos años, lo que hace UTE es recurrir a la tercerización para tapar los huecos de las vacantes. Estamos hablando de miles de trabajadores en esta situación”, añadió.

Castelgrande explicó que cuando hay un accidente fatal, por lo general, UTE dispone una investigación de la empresa contratada; sin embargo, destacó que hay “decenas de empresas” que “si no pasa nada” no son objeto de investigación. “A mayor tercerización, más problemas de precarización, sobre todo cuando se dan este tipo de subcontratos de contratos”, aseguró.

Mediante un comunicado, el Sunca convocó a debatir sobre una ley nacional de salud y seguridad en el trabajo. Diverio mencionó que si bien desde que se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, en 2014, los siniestros en la construcción bajaron de 7.500 a 2.100 por año, “de todos modos, seguimos teniendo siniestros muy complicados”. Si bien “hizo abrir los ojos a muchos empresarios”, todavía falta “trabajar mucho más en la prevención y la salud laboral”. “Es insuficiente, pero ese es el camino”, afirmó.