Funcionarios afiliados a la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) ocuparon el edificio de la cartera este miércoles pasadas las 9.00, pero fueron desalojados a las 11.00. Ana Casteluccio, secretaria general de Utmides, explicó a la diaria que se hicieron presentes en las puertas del edificio unas 300 personas aproximadamente, pero que la gran mayoría se quedó afuera, a los efectos de no entorpecer la ejecución de la medida.
La dirigente señaló que en ningún momento se hizo presente el ministro de la cartera, Martín Lema, ni tampoco asistieron al lugar efectivos policiales. Dentro del edificio estuvieron ocupando unas 50 personas, mientras que el resto de los que acudieron se quedaron manifestándose afuera.
Desde las primeras horas de la jornada se hizo presente la gerenta de Gestión Humana del Ministerio, Andrea Piccardo, como una de las autoridades al frente del ente. Además, fue la persona que estuvo negociando el tema de los cargos y la extensión horaria con los trabajadores, que es el motivo central de la manifestación.
Foto: Mara Quintero
Tanto la ocupación como la desocupación se dio de manera pacífica. Poco después de las 10.00 se hicieron presentes en el Mides inspectores del Ministerio de Trabajo, quienes realizaron la correspondiente intimación a desocupar, pedido que fue acatado inmediatamente.
Una vez que se concretó la desocupación, los trabajadores estuvieron interrumpiendo el tránsito sobre 18 de Julio de manera intermitente, a los efectos de lograr que el conflicto tuviera mayor visibilidad.
La asamblea que los funcionarios realizarían a las 11.00 de este miércoles fue traspasada para las 12.30 y se hará en la sede del PIT-CNT, en la calle Jackson. Mientras tanto, se cumple sin cambios el paro de 24 horas a nivel nacional.
Foto: Mara Quintero
Para este jueves 14 está prevista una nueva instancia de negociacion entre el sindicato y el Mides, a los efectos de analizar qué salida definitiva pueden acordar en el tema.
El conflicto responde a una resolución de la cartera, en la que exige a unos 370 trabajadores, que en su mayoría tienen contratos de 30 y 35 horas, cumplir una carga horaria semanal de 40 horas por el mismo salario para poder pasar a ser empleados públicos presupuestados.